Defensor del Pueblo y altos funcionarios avalan organización que vulnera derechos de pueblos indígenas en aislamiento

Denuncian que miembros de ONAJEPINC se esconden bajo la falsa fachada de ayudar a pueblos indígenas nativos. Pese a denuncias por corrupción, tráfico de terrenos y estrechos lazos con el narcotráfico y otras actividades ilegales, autoridades como el Defensor del Pueblo los apoyan. 

Caballococha es una ciudad de difícil acceso en Loreto: para llegar, las personas deben viajar 9 horas en bote desde Iquitos. El estar tan alejada de la ciudad ha ocasionado que cocaleros se instalen allí y esta provincia se convierta en una de las que más producen hoja de coca en el Perú. 

Es en esta zona donde opera la Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (ONAJEPINC) y la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL). Con nombres muy amigables, tratan de distanciarse de los que serían sus reales propósitos: desconocer la existencia de pueblos en aislamiento y atentar contra sus derechos. ¿Por qué? Para obtener beneficios monetarios y políticos. 

Un informe de Servindi señala que Llacson Fasabi Sánchez, representante de ONAJEPINC, tiene discursos de odio en contra de organizaciones indígenas y de la autoridad agraria regional. Así, testimonios de comuneros resaltan que miembros de ONAJEPINC manipulan información para que no confíen en otras autoridades que prometen titulación de sus comunidades y territorios. Una vez cumplido su objetivo, ellos se comprometen a asesorarlos a cambio de una “colaboración voluntaria” por parte de cada familia. Con estas “colaboraciones” pueden alcanzar montos de 15 mil soles.

Esto fue denunciado en una reunión pública en la que se encontraba la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego y otras entidades regionales, por lo que el modo de actuar de ONAJEPINC no es ajeno a las autoridades. 

Fasabi indicó a Servindi que ONAJEPINC recibe el apoyo de diversos congresistas como Gladys Echaíz y José Cueto, parlamentarios conservadores de extrema derecha; Lucinda Vásquez, del Bloque Magisterial; y Jorge Morante, exfujimorista, ahora de Alianza para el Progreso (APP). Morante es autor del proyecto de la Ley Anti PIACI, que pretende desaparecer las reservas indígenas de los pueblos en aislamiento. 

Además, Llacson Fasabi, en entrevista con el periodista ambiental Iván Brehaut, aceptó estar involucrado en procesos de tráfico de tierras ante la Fiscalía. 

En esa misma línea, Walter Estrada Hurtado, presidente de la comunidad Panchococha y miembro de ONAJEPINC, es quien sería nexo entre congresistas y otras autoridades que apoyan a esta organización anti PIACI. 

Según comuneros de la cuenca del Loretoyacu, contigua a la cuenca del río Atacuari, en la frontera entre Perú y Colombia, Estrada Hurtado tendría filiación con madereros y sujetos vinculados a actividades ilegales. Incluso hay una fotografía en la que Estrada posa al lado del maderero apodado ‘Brandon’. 

Ello coincide con su postura en contra de la creación de la reserva indígena Atacuari propuesta por ORPIO y AIDESEP. 

ONAJEPINC opera en zonas donde viven comunidades nativas y economías ilegales pretenden instaurarse. Los principales problemas son la extracción de madera ilegal, el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal. 

Desde su fundación en 2015, esta organización ha mostrado gran cercanía con ministros, fiscales, congresistas y otras autoridades como el Defensor del Pueblo. Su líder, Segundo Hernández Villoslada registra un largo historial de reuniones con funcionarios. En eventos públicos, el ya cuestionado defensor del Pueblo Josué Gutiérrez muestra su apoyo público a ONAJEPINC e incluso patrocina un encuentro de pueblos indígenas en Pucallpa para finales de noviembre de 2024, organizado por esta organización. Ello pese a que otras organizaciones han denunciado que en estos eventos Segundo Hernández busca implementar su propia agenda y promover el cultivo de la hoja de coca. 

Preocupa la posible complicidad entre autoridades y una organización que incluso se opuso a la ratificación del Acuerdo de Escazú y otros tratados ambientales. Parte de la Amazonía puede estar en manos de la Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (ONAJEPINC), que bajo un nombre rimbombante pretendería instaurar negocios turbios a costa de los derechos del movimiento indígena y sus reales demandas.