Áncash: Comunidades de Corongo alertan indicios de minería ilegal cerca de los baños termales de Aticara

Una nueva alerta ambiental y comunitaria se ha encendido en Corongo, Áncash, luego de que ciudadanos del caserío de Aticara reportaran la presencia de presuntas actividades de cateo y prospección minera en zonas cercanas a los baños termales de Aticara, un espacio clave para el consumo humano, la agricultura y el turismo local.

El temor por una posible operación minera se instala en un contexto donde las comunidades rurales denuncian sentirse desprotegidas frente al avance de actividades extractivas sin consulta ni autorización, especialmente en territorios campesinos donde el agua sostiene la vida y la economía familiar.

Sospechas y vigilancia comunitaria

Según reportó Prensa Ancashina, desde hace meses los comuneros han observado el ingreso frecuente de personas foráneas hacia el sector de Atacalla, en horarios irregulares y con equipos sospechosos. Esta situación llevó al Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Corongo (FREDIP Corongo) a convocar, entre el 10 y 11 de noviembre, a una reunión de emergencia con representantes de los caseríos de Colcabamba, Aticara y usuarios del Comité de Riego Conoc.

Como acuerdo central, la asamblea decidió realizar una inspección comunitaria para verificar los indicios. “La minería, en cualquiera de sus modalidades, causa destrucción, afecta la salud y deteriora el medio ambiente”, acordaron de forma unánime en FREDIP. También señalaron que ninguna explotación —formal, informal o ilegal— puede permitirse en zonas que abastecen de agua a la población y que forman parte del patrimonio turístico del distrito.

Hallazgos preocupantes en la inspección

El miércoles 12 de noviembre, durante la visita de verificación, los comuneros encontraron huecos recientes, evidencias de remoción de tierra en distintos puntos y restos que indicarían prospección clandestina.

La mayor preocupación recae en la vulnerabilidad de las aguas que alimentan los baños termales de Aticara y las áreas agrícolas del valle. La posible contaminación por metales pesados o químicos de procesamiento podría generar daños irreversibles tanto a la salud pública como a la economía campesina, basada en la agricultura y la ganadería.

“Lo hacen de madrugada y amenazan a las mujeres”

En comunicación con Wayka, Omar Roldán, presidente del FREDIP Corongo, confirmó que la comunidad vive un proceso de hostigamiento y riesgo ambiental desde hace al menos dos años:

“Vemos que se intenta instalar minería ilegal e informal en nuestra provincia. Ya tuvimos reuniones con empresas que querían hacer cateo y exploración, pero el pueblo les dijo que no. Somos una provincia agrícola y ganadera; la minería nos expondría a contaminación. Ahora hemos encontrado nuevos cateos cerca de los baños termales de Aticara”, explicó.

Roldán señaló que las intervenciones se realizan a escondidas y que hay un patrón de amenazas, especialmente contra mujeres que se atrevieron a denunciar:

“Lo están haciendo de madrugada y están amenazando a los moradores, sobre todo a las mujeres. Esto ya se ha puesto de conocimiento de la Policía y el Ministerio Público. La Fiscalía Ambiental de Chimbote ya investiga el caso anterior en Querobamba, y ahora también estamos presentando la denuncia por Aticara”, agregó.

Además, informó que no descartan solicitar muestreos de agua para determinar si ya existe contaminación vinculada al lavado de minerales.

Exigen intervención urgente del Estado

El FREDIP Corongo exige una acción inmediata de instituciones regionales y nacionales, entre ellas la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM Áncash) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), para frenar el avance de cualquier actividad extractiva ilegal y proteger los recursos hídricos.

En territorios donde el agua sostiene la agricultura, la salud y la seguridad alimentaria —responsabilidad que recaen principalmente sobre mujeres y familias campesinas—, las actividades mineras ilegales significan un doble impacto: ambiental y de género. Para FREDIP, la amenaza, la vigilancia y el riesgo recae sobre quienes cuidan la tierra y sostienen la vida en la comunidad.

Mientras la comunidad reúne pruebas y formaliza denuncias, esperan que las entidades estatales realicen una inspección oficial, identifiquen a los responsables y dicten medidas cautelares.

Los comuneros mantienen activa su organización comunitaria para resguardar su territorio y evitar que la contaminación llegue a los baños termales y sus fuentes de agua. “Defendemos nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales. No vamos a permitir que destruyan nuestra provincia”, enfatizó Omar Roldán.

Por: Silvia Bardales

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