Por Jair Sarmiento

Hace poco se cumplieron dos meses desde que Jiner y Jimmy Panduro, dos comuneros Kukama de la comunidad San Pedro del distrito de Urarina, en Loreto, fueran detenidos violentamente por presuntamente pertenecer a una organización criminal que realiza cortes al oleoducto norperuano operado por la empresa estatal Petroperú.

Este pedido de prisión, que según la defensa legal de los comuneros carece de sustento y elementos de convicción, fue realizada por una fiscalía que recientemente se ha visto implicada en un escándalo. Su titular ha sido acusada de liderar una presunta organización criminal.

«Es lamentable esta actitud del Poder Judicial, es lamentable la actitud de la Fiscalía. Nos discriminan». «Han sido violentados en su derecho como pueblo y como comunidad», manifestó Alfonso López Tejada, líder de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).

El apu Kukama señaló que esto podría ser una represalia, ya que como líderes indígenas defienden su territorio de los derrames de empresas como Petroperú.

En ese sentido, es necesario recordar que debido a las constantes emergencias ambientales desde el 2014, no solo en San Pedro sino también en comunidades aledañas, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental confirmó en el 2021 una medida administrativa contra Petroperú, donde lo obligaba a ejecutar de manera inmediata un Plan de Rehabilitación Ambiental del canal de flotación del tramo I del Oleoducto Norperuano.

«En vez de corresponder a la medida, Petroperú judicializó el proceso para evadir su responsabilidad y hasta el día de hoy no implementa el plan. El incumplimiento de la empresa estatal ha ocasionado que el daño ambiental se vaya acumulando por años volviendo más difícil la remediación del territorio indígena y colocando en una situación crítica a la población», señala la plataforma de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).

Las roturas en los tubos que trasladan el crudo contaminan el río Marañón, y eso se convierte en un veneno para los comuneros, por lo que el apu Alfonso López señalan que es imposible que los mismos comuneros contaminen su territorio.

El viernes 1 de diciembre se realizó un plantón en solidaridad con los comuneros kukamas, en donde asistieron familiares de los acusados, quienes llevan casi dos meses en Lima aguardando la libertad de sus parientes.

Rubí Ramírez, tía de Jiner, señala que su sobrino está siendo apresado sin ninguna justificación. Deysi Saurino Nube señala que las autoridades peruanas no saben el daño económico y emocional que están haciendo a su familia. Sin embargo, ambas, junto María Elena Nube, abuela de Jiner, se mantienen en pie de lucha. Además, señalan que en unos días también llegará la esposa de Jiner.

«Si no fuera por la plata estuviésemos toda la comunidad de San Pedro», comenta Rubí,

Este proceso contra los indígenas kukamas se da en medio de la reciente noticia del asesinato del defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, ubicado en la región de San Martín.

Al respecto, López señaló: «Mataron a un hermano defensor (Quinto Inuma Alvarado), y ahora nos criminalizan, así también nos matan».