Las cifras del Ministerio de Cultura sobre denuncias de racismo en su servicio ORIENTA son clave: 169 denuncias desde enero hasta noviembre del 2023, 116 casos en el 2022, 60 reportes en el 2021 y 73 acontecimientos de racismo en el 2020.
Por Ghiomara Rafaele
“Estamos cansadas de la discriminación contra el departamento de Puno. Cuando vine a Lima sentí la diferencia entre ser de provincia y ser de la capital. Aquí la policía nos agrede más. No sé cómo nos reconocen, debe ser por nuestra piel, pero nos maltratan más”, cuenta la exteniente aimara Katy Gutiérrez de Huancané, Puno.

Este es uno de varios testimonios de ciudadanas y ciudadanos del Perú que tienen que convivir con el racismo. Una discriminación que no para y que confirman las cifras del Ministerio de Cultura, en cuatro años se contabilizaron cerca de 418 casos denunciados a su plataforma estatal.
Wayka accedió a los reportes de denuncias en la plataforma de “Alerta contra el racismo». Este año se observa que las cifras sobre agresión verbal como insultos, frases o comentarios racistas sobre los rasgos físicos, sobre el color de piel, la forma de hablar, idioma, costumbres o el lugar de procedencia son los más recurrentes con 163 denuncias. Siete de ellos fueron realizados por un servidor público en el que se denuncia una agresión a ciudadanos provenientes de comunidades indígenas y quechuas en Lima, Ayacucho, Cusco, Tarapoto y Huancavelica.
Sin embargo, estas siete denuncias no son las únicas realizadas a servidores públicos por actos racistas, en total son 27 denuncias -solo en el 2023- en las que se reportaron negativas para el acceso a un bien o servicio estatal en las regiones de Lima, Callao, Pasco, Ancash, San Martín y Huancavelica.
La mayoría de víctimas son personas quechuas y de comunidades indígenas de la Amazonía. En años anteriores se desconoce la cantidad de denuncias a servidores públicos debido a que en la página de alerta no colocaron un apartado para conocer quién si el agresor o agresora laboraba en el Estado. Además de ello, el departamento con más denuncias por racismo es Lima con 296 entre el 2020 y 2023.
Katy no es la única mujer aimara, de provincia, que ha sido racializada o que ha sido criminalizada por su identidad cultural. Hace unos días, específicamente el 6 de diciembre, un grupo de policías, entre ellos el comandante general Jorge Angulo, y el ministro del Interior, Víctor Torres, estuvieron presentes en la intervención en un predio del centro de Lima. Ahí encontraron supuestos objetos que iban a usarse en las manifestaciones como morteros artesanales –usados culturalmente para aplastar los condimentos durante la preparación de comidas– y bolsas de coca –empleados para las jornadas de trabajo, para soportar el frío o consumidas diariamente por las comunidades andinas–.

Para el periodista y especialista en temas vinculados al racismo, Marco Avilés, estos casos de racismo te hablan de cómo el país funciona, por lo menos durante toda la República. «Hay una división muy fuerte entre Lima y el resto del país. Lima funciona como el centro del poder, pero también como el lugar en donde está la población criolla, la mayor cantidad de población mestiza, blanca, población con poder”.
Agrega que: “El mundo entero funciona a partir de una estructura colonial y racista. Todas las regiones sufren de un racismo estructural”.
Las redes sociales y medios de comunicación, dos espacios más de racismo
Varias de estas denuncias también surgieron en espacios virtuales como contenidos de discriminación en redes sociales o discriminación en el aplicativo WhatsApp. Una de ellos, fue realizada en el 2021 tras una imagen discriminatoria de postulantes al Congreso del pueblo indígena Awajún.
Por otro lado, en el 2020, se realizaron tres denuncias en contra de los comentarios racistas impartidos en un canal televisivo en contra del futbolista Edison Flores. Predominantemente las denuncias surgen tras un comentario racista impartido por los rasgos físicos y por herencias culturales en ambos espacios.
A pesar de que el racismo es considerado como una forma de discriminación –este último cuenta con una condena de 2 a 3 años de pena privativa de libertad– son pocas las sentencias firmes si alguien incurre en este delito, según el Ministerio de Cultura. Por el momento, seguiremos viendo cómo la policía reprime de una forma más cruel a ciudadanos de provincia, cómo los criminalizan por poseer morteros, por cargar con coca y cómo al parecer ser cholo, serrano o provinciano en el país es sinónimo de un delito.