Por Zintia Fernández, corresponsal en Arequipa

Liana estaba por cumplir siete años esta Navidad, pero no sobrevivió a la tortura en manos de Marcy Lastenia Segura Goycochea (29). Solo con su muerte las autoridades de Arequipa conocieron de los maltrataros que padeció junto a su pequeño hermano por parte de una adulta a cargo de su cuidado ante la ausencia de su madre.

El 27 de octubre a las 22.20 horas, el personal del área de emergencia de la Clínica San Juan de Dios, después de revisar a la menor, notó la herida de seis centímetros en la cabeza, hilvanada con aguja e hilo casero. Marcy manifestó que la herida fue causada por una caída repentina. Las revisiones médicas desmintieron lo mencionado, pues se encontraron lesiones antiguas como moretones en la espalda e incluso marcas en los glúteos. Esa noche los médicos solo certificaron la muerte de la menor y solicitaron la intervención policial como señala el procedimiento ante la sospecha de violencia.

Al día siguiente, el resultado de la necropsia determinó “insuficiencia respiratoria aguda, edema encefálico y asfixia por estrangulamiento” como causa de la muerte de la menor. El procedimiento también reveló lesiones por abuso sexual y costillas rotas.  “Prácticamente fue torturada”, susurró uno de los agentes. Fue entonces que Marcy fue considerada como principal sospechosa para los agentes de Homicidios de la Divincri Arequipa.

En la vivienda donde ocurrió el crimen, ubicada en el distrito de Cayma, habitaban otros adultos, pero ninguno advirtió a las autoridades de los maltratos “visibles” que padecían los menores. Cuando la Fiscalía junto a la Unidad de Protección Especial fueron en busca del hermano menor de Liana, notaron que tenía la cabeza rapada. Según la información recabada por las autoridades, Marcu habría rapado a los menores como castigo, cuatro días antes del asesinato.

Liana y su hermano se encontraban bajo la tutoría de Marcy Segura desde el año 2019. Ella era la única opción que tenía L.G.L. (32) para el cuidado de sus hijos, pues es madre soltera y sus familiares directos se encontraban en Lima. El acuerdo entre la madre y la cuidadora de los menores consistía en el envío de S/800 mensuales, por parte de L.G.L, para los alimentos u otros gastos. mientras generaba ingresos como comerciante en la ciudad de Tacna, ubicada a seis horas de Arequipa en auto.

La última vez que Liana vio a su madre fue el último mes de diciembre del 2019. Desde entonces no volvieron a encontrarse. El envío del dinero quedó suspendido en el 2020 y retomado en setiembre del 2021. Según dijo L.G.L.  a la Policía entregó alrededor de 14 mil soles durante este tiempo. La comunicación con los menores se daba a través de videollamadas donde los menores afirmaban encontrarse bien.

Recién la mañana del 29 de octubre, L.G.L arribó a Arequipa para gestionar en la morgue central el retiro del cuerpo de su hija. Aunque los medios cuestionaron a la madre por su larga ausencia y por no notar los signos de agresiónque sufrían sus menores hijos, permaneció en silencio. Ese mismo día, trasladó a Liana hasta Lima. Su hermano fue ingresado a un albergue hasta que las autoridades culminen las evaluaciones para decidir si quitar o no la custodia a la madre. El niño también presenta marcas y cicatrices en el cuerpo.

Durante el proceso de gestión en la morgue, se cuestionó la presencia del padre de Liana. La progenitora afirmó ser madre soltera, mencionó el abandono del padre de sus hijos. Al no tener familiares cercanos en Arequipa, no tenía otra opción más que dejar a sus hijos con Marcy, su mejor amiga, para buscar ingresos para mantener a sus menores hijos.

Con las declaraciones de la progenitora, el fiscal Rainier Salas, de la Cuarta fiscalía provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, presentó el requerimiento de prisión preventiva de nueve meses para la investigada por el delito de “violación sexual en concurso real con el delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de la niña y por el delito de agresiones al otro menor”.

La situación de la niñez en abandono en Arequipa

“¿Y los padres?”, se pregunta Dessy Zanabria, directora del Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil CPAS, al escuchar el caso. Considera que también debería existir una sanción penal para los padres y madres que dejan a sus hijos “en estado de abandono”, sea moral o material. “La madre queda exenta de responsabilidad legalmente. La madre puede entregar (a sus hijos) sin papeles a quien sea y no hay ley que me pueda sancionarla”, prosigue.

De acuerdo con el estudio realizado por el CPAS a inicios de este año, son entre 700 a 800 menores ingresados a los Centros de Acogida Residencial (CAR) o albergues del Estado y privados en Arequipa. “De este total hay niños que llegan por violencia física, psicológica o sexual, por abandono moral y material, también por discapacidad. (…) Más del 60% corresponde a menores por abandono”, precisa Zanabria a Wayka.

La fiscal superior y Coordinadora Superior de las Fiscalías de Familia de Arequipa, Virginia Aquize Diaz, confirma que no existe un delito por abandono en específico, sino más bien la figura jurídica de desprotección familiar detallada en el Decreto Legislativo 1297. Esto quiere decir, situaciones en las que se encuentra el niño, niña o adolescente que perjudique su desarrollo y no pueda ser atendido por la familia.  “Esta situación requiere la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen”, reza el artículo 3, enciso F del decreto.

Sin embargo, Aquize remarca que de existir el riesgo se adopta “como última medida” retirar al menor. “Se evalúa el contexto, las condiciones en que se encuentra la madre o el padre”, agrega. Aclara que en estos casos la intervención es a través de las Unidades de Protección Especial (UPE). Arequipa solo cuenta con dos uniddes, en Arequipa metropolitana (Cercado) y Camaná. En las otras provincias las fiscalías y juzgados de Familia son las que se encuentran a cargo de estas situaciones.

Dessy Zanabria sugiere la necesidad de legislar de manera articulada sobre los casos de abandono de menores, donde la sanción penal incluya a los padres. Remarca también la falta de las unidades en otras provincias y poco personal, tanto en las UPE como en las DEMUNAS. “Si retiramos a un niño de su familia, para volver a integrarlo se realizan como 6 a 8 reuniones. En esos encuentros no vas a cambiar una conducta, no vas a conseguir que una madre quiera a su hijo. (…) Y cuatro o cinco personas que trabajan en una DEMUNA, no van a abarcar una población de 60 mil en personas de un distrito, para asegurarse la protección de un menor”.

Son casos como los de Liana,los que visibilizan el nivel de abandono institucional y legal en el que se encuentran las infancias en el país.