El juez Richard Concepción Carhuancho estableció que la conducta de Keiko Fujimori dilata la investigación, por ello determinó dictar 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso de lavado de activos.

«Es intenso y alto el peligro de fuga de la investigada (Keiko Fujimori)».

El magistrado añadió que, otra de las evidencias es que la conducta dilatoria plasmada establece la probabilidad que la investigada puede dilatar la investigación.

«No cabe aplicarle el arresto domiciliario, pero este despacho entiende que teniendo la interferencia y obstaculización que la única medida es la prisión preventiva (…) respecto a la actividad probatoria concerniente a testigos y a documentos que se han expedido en el siguiente caso».

Durante la lectura de la resolución repectiva, el magistrado se refirió al presunto aporte que la constructora brasileña Odebrecht entregó a Fuerza Popular para la campaña del 2011, precisamente a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

«Hay una sospecha grave de lavado de activos para la imputada Keiko Fujimori. Este despacho advierte que en el presente caso existen elementos de convicción, alta probabilidad respecto a la existencia de esta estructura criminal, por cuanto advertimos una estructura criminal enquistada dentro del partido político (FP)».