Piura es la tercera región con más partos de niñas y adolescentes y el 92% ocurre en zonas rurales

CIFRAS ALARMANTES. Entre enero y junio de este año, cerca de 1,400 niñas y adolescentes ya maternan en la región norteña.

Piura ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de partos en niñas y adolescentes, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CNV). Entre enero y junio de 2025, se registraron 1,362 partos en adolescentes menores de 19 años. De ese total, 1,225 correspondieron a adolescentes que viven en zonas rurales. Asimismo, el registro también señala que son 17 niñas menores de 14 años que se convirtieron en madres en el 2025.

La región con más casos es Lima (2,660), seguida de Loreto (1,636). Después de Piura, aparecen Ucayali (1,145), La Libertad (1,127) y Cajamarca (1,051). Las cifras evidencian una alta concentración de partos adolescentes en regiones con alta presencia rural y dificultades de acceso a servicios básicos.

El embarazo en adolescentes se mantiene como un problema de salud pública y está asociado a factores estructurales como la pobreza, la deserción escolar, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual. En el caso de las zonas rurales de Piura, la cobertura de salud reproductiva es limitada y las barreras geográficas y culturales dificultan la prevención.

Cabe recordar que entre 2022 y 2024, las adolescentes de entre 14 y 19 años ocuparon el segundo grupo etario con más muertes maternas en Piura, de acuerdo con un análisis de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Los riesgos médicos durante el embarazo y el parto se incrementan cuando las madres son niñas o adolescentes.

Claribel Mauricio, especilista de Centro Ideas, señala que uno de los problemas actuales de la prevención del embarazo adolescente e infantil es la desarticulación de las partes involucradas. «Se viene desarrollando un trabajo fraccionado, en el que cada organización que tiene responsabilidad en la prevención con el embarazo, trabaja de manera desarticulada. Se están haciendo cosas, pero cada uno por su lado, y eso hace que no hayan resultados de impacto papara disminuir las brechas», enfatizó.

La especialista también comentó otra grave deficiencia: la implementación de la ESI en las escuelas. «Hay una cobertura débil de la Educación Sexual Integral (ESI) donde hay necesidad de trabajar más en las escuelas», indicó Mauricio, añadiendo también que en muchos casos, son los mismo docentes quienes se oponen a brindar información sobre la ESI a sus alumnos y alumnas.

Finalmente recordó que en Piura existe una ordenanza diseñada para contribuir a la disminución del embarazo adolescente e infantil.»Se cuenta con los lineamientos, con la ordenanza regional 476, de lineamientos para la gestión concertada para la prevención del emvbarazo adolescente, pero no conocemos cómo se viene implementando de manera efectiva , no conocemos cuánto presupuesto se le está asignando para su cumplimiento»; indicó.

Restricciones en la salud sexual y reproductiva

Mientras las regiones más afectadas por los partos adolescentes enfrentan retos persistentes, a nivel nacional se han producido cambios que restringen derechos ya reconocidos. Esta semana, el Instituto Nacional Materno Perinatal modificó su guía clínica para el aborto terapéutico y eliminó dos causales que hasta ahora permitían su aplicación: cuando el embarazo es producto de una violación sexual en niñas y adolescentes, y cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida.

El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 y puede realizarse cuando está en riesgo la vida o la salud de la gestante. Sin embargo, la modificación de la guía técnica limita su aplicación en los servicios públicos. La decisión no respondió a una actualización médica, sino a presiones políticas lideradas por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, y respaldadas por grupos conservadores.

Esta medida se produce en un contexto en el que las cifras muestran que cientos de niñas en el país, muchas de ellas víctimas de violencia sexual, siguen enfrentando embarazos forzados, en edades donde se les debería garantizar educación y la protección.

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