Abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera dicha medida como una amenaza para la seguridad ciudadana y los derechos humanos.

La bancada congresal de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que busca que no se pueda solicitar prisión preventiva o detención preliminar contra miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando en el ejercicio de sus funciones ocasionen lesiones o muerte. 

La iniciativa iniciativa legislativa 7115/2023-CR fue presentada por Víctor Flores, y busca modificar los artículos 255 y 292-A, e incorporar los artículos 261-A y 268-B al Código Procesal Penal. Con dicho proyecto, los fiscales y jueces quedarían impedidos de solicitar o sentenciar con este tipo de medidas.

En una entrevista para el programa DNoticias, el parlamentario aseguró que el propósito de dicho proyecto es empoderar a los miembros de la PNP, para que puedan hacer “uso de sus facultades constitucionales”, y enfrentar la ola de delincuencia en el país. 

Al respecto, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, señaló que dicho proyecto es “un preocupante mensaje de respaldo a unos cuerpos de seguridad que son percibidos como altamente corruptos y abusivos”, y que contrario a su propósito, es una amenaza para la seguridad ciudadana y no una solución. 

“En lugar de implementar una estrategia de gatillo fácil el Estado debería fortalecer la inteligencia policial, mejorar la iluminación en lugares críticos, luchar efectivamente contra la pobreza, e involucrar a las organizaciones comunitarias en una estrategia integral  de lucha contra la inseguridad ciudadana”, aseguró la especialista. 

Más de 50 asesinados en protestas

La abogada Mar Pérez también considera que dicho proyecto es “un insulto a los familiares de los 50 fallecidos durante la represión policial en las manifestaciones del actual régimen”

Sobre esto, es necesario mencionar que debido a la represión policial en las manifestaciones contra el actual régimen de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y los primeros meses del 2023, se registraron más de 50 muertos. Hasta el momento ninguno de los familiares de los asesinados ha conseguido justicia. 

Además, según un informe de la CNDDHH, durante las manifestaciones ocurrieron torturas, agresiones físicas y verbales, y otro tipo de violaciones a los derechos humanos, así como el uso de armas prohíbidas como fusiles AKM, por parte de los agentes del Estado. 

“Se indica que no irán a prisión los policías que actúen en cumplimiento de su finalidad constitucional, pero la Constitución exige que los policías respeten y garanticen los derechos humanos. Un policía que actúa respetando los estándares de uso de la fuerza no tendría porqué pasar a detención”, afirmó. 

No es la única propuesta

A inicios de febrero, el parlamentario Luis Valdez de Alianza Para el Progreso, presentó un proyecto similar que buscaba dar amnistía a policías y miembros de las Fuerzas Armadas que enfrentan procesos judiciales en el ejercicio de su función. 

Además, el proyecto establece que la Comisión de Gracias Presidenciales tendrá autorización para “recomendar la concesión de indultos comunes o conmutación de penas a aquellos policías y militares que sean condenados”. 

La fórmula legal explica que la amnistía será eventualmente concedida al “personal militar y policial que sea objeto de procesos judiciales por el ejercicio de su función de lucha contra el crimen organizado, sicariato, secuestro, homicidio, asesinato, trata de personas, minería ilegal, extorsión y cualquier otro delito contra la tranquilidad pública o que ponga en riesgo la vida, el cuerpo y la salud de las personas”, justifica Valdez en el documento.