Los derechos de los pueblos indígenas se siguen violando a diario. A escala global, se observa una especie de carrera para la extracción y explotación de los recursos naturales (metales, petróleo y gas) y el Perú no está ajeno a esta situación mundial.
El modelo de crecimiento económico basado en las actividades extractivas se ha consolidado en el país y en toda América Latina. Un estudio de The Munden Project revela que más del 40 % del área terrestre de Perú ha sido concedido a la explotación minera, maderera y perforaciones de gas y petróleo.
Este proceso comenzó a partir de los años noventa cuando el gobierno de Alberto Fujimori, que purga pena por los delitos de peculado, corrupción y violaciones de los derechos humanos, flexibilizó la legislación minera con el fin de atraer inversiones extranjeras hacia el sector, pero su extracción a gran escala ha conllevado la devastación de ecosistemas y un número creciente de conflictos a causa de los impactos ambientales, disputas territoriales y vulneración de los derechos.
El caso de Cajamarca es un buen ejemplo para comprender la situación crítica. Muchos trabajos de explotación de la Minera Yanacocha han causado daños, por ejemplo, en ríos y manantiales. De hecho, las alteraciones en la calidad del agua causadas por la compañía de oro más grande de Sudamérica han sido suficientes para la muerte de miles de peces en los ríos Grande, Rejo, Jequetepeque y Llaucano.
Asimismo, en el pueblo de La Pajuela, comuneros han denunciado la muerte masiva de ovejas por contaminación con cianuro, sustancia tóxica que la minera utiliza para recuperar el oro del resto del material removido.
Por cierto, un estudio de la Universidad de Barcelona, en colaboración con la Universidad de Cajamarca, concluyó que pobladores de once comunidades de la región norandina ingieren diariamente en su dieta niveles de arsénico, cadmio y plomo que exceden los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lo cierto es que la conflictividad en los últimos años se ha multiplicado desde la década de los noventa y guarda, sobre todo, relación con el modelo económico hegemónico y una estructura de poder.
La reforma de libre mercado, conocido como Consenso de Washington, estableció una serie de dispositivos que flexibilizó las legislaciones de protección del medio ambiente, de las tierras y poblaciones indígenas. Este nuevo escenario favorable para las inversiones extractivas ocasionó el surgimiento de conflictos sociales.
De hecho, muy pocas empresas se benefician extraordinariamente de la extracción de los recursos naturales –entre ellas Southern Perú Copper Corporation, Minera Antamina, Compañía Yanacocha−, mientras que las rentas para el Estado son escasas o se emplean de manera inapropiada, y las comunidades continúan en la miseria.
¿LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES?
Este modelo extractivo que constituye un lastre para las personas y el medio ambiente se ha traducido en pobreza y concentración de riqueza. Además de ello, la actividad extractiva contamina ríos y lagunas, y puede poner en peligro la biodiversidad.
Este fenómeno es conocido por algunos economistas como la “maldición de los recursos”; esto es, países ricos en recursos naturales tienen un desempeño económico peor que los países con menos recursos.
Una de las razones del incremento de los conflictos sociales en el interior del país es que el Estado, que redujo al mínimo su intervención en la economía, permitió que las grandes empresas extractivas comenzaran a extraer minerales pasando por encima de las comunidades indígenas.
El panorama sombrío se agrava cuando las instituciones, que se forjan en torno a estos recursos, son débiles. Al respecto, el presidente de la República, Ollanta Humala, se comprometió a promover y respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas; sin embargo, su estrategia para sostener el crecimiento económico ha sido la de otorgar concesiones mineras sin que las comunidades hayan ejercido el derecho a la consulta hasta el momento.
De igual forma, la falta de una institucionalidad ambiental –el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha sido menoscabado por la actual administración gubernamental− es otra razón que explica el incremento persistente de los conflictos sociales, ya que la inexistencia de una entidad que regule las actividades extractivas a favor de la protección y conservación de la naturaleza genera cuestionamientos a las operaciones mineras.
Si bien la explotación de los recursos naturales le ha brindado al país beneficios económicos, lo cierto es que las trasnacionales durante los últimos años han sido las más beneficiadas, mientras que las comunidades rurales y sus actividades diarias, como la agricultura y la ganadería, son las más afectadas por la emisión de sustancias químicas contaminantes.
Este “relato” propio de los países subdesarrollos como el Perú es calificado por el intelectual británico David Harvey como “acumulación por desposesión”, esto es, prácticas depredadoras y fraudulentas de las grandes corporaciones que empezaron con mayor impunidad a partir de la década de los setenta del siglo pasado.
Claro está que este esquema de funcionamiento económico mantiene a nuestro país en una situación de subdesarrollo y retraso industrial y tecnológico. En estas elecciones presidenciales, ¿habrá un candidato o candidata con un proyecto que promueva el desarrollo de la industrialización? ¿O estamos condenados eternamente a ser exportadores de productos primarios?
