El mito de convertir al Perú en un país miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para el año 2021 continúa siendo desmantelado, esta vez a causa de la coyuntura económica que ha puesto principal atención al precario nivel de recaudación debido a beneficios tributarios.

Para ponernos en contexto, los países que conforman la OCDE alcanzan, en promedio, un nivel de presión tributaria (porcentaje que se aporta efectivamente al Estado por recaudación tributaria) cercano al 30% de su PBI. ¿Cuál es el equivalente para el Perú? Pues en nuestro país apenas el 12.7% del PBI (S/ 90.706 millones) fue lo recaudado el año 2017. El más bajo porcentaje de los últimos 15 años.

Las autoridades entrantes no han sido ajenas a esta disyuntiva reconociendo que se trata de un problema bastante perjudicial para el crecimiento económico y para el desarrollo del país. El discurso del presidente Vizcarra ha sido explícito en sus primeras semanas de gobierno en mejorar los niveles de recaudación y control tributario. Tanto el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, como el primer ministro, César Villanueva, se han mostrado interesados en el incremento de la recaudación fiscal, lo que no tendría que sorprender porque forma parte de sus funciones. Pero, dados los antecedentes de tanto gobierno ajeno a esta problemática, toca preguntarnos, ¿qué tan comprometidas están de verdad las actuales autoridades y funcionarios peruanos respecto a la recaudación de impuestos?

La duda se propone porque en la estructura tributaria estatal se consignan, desde hace años, partidas que son una clara manifestación de un tratamiento privilegiado a cierto tipo de contribuyentes. Así, solo en el año 2016, el gobierno peruano dejó de recaudar S/ 16.268 millones bajo el concepto de ‘gastos tributarios’, también conocidos como ‘beneficios tributarios’. Esta cifra representa nada menos que el 2,2% del PBI nacional.

Si el gobierno y la comisión de Economía del Congreso, presidida por el congresista Guido Lombardi (que, dicho sea de paso, tiene hasta el mes de junio de este año para presentar un informe final con propuestas para la reforma tributaria), se han comprometido a revisar las normas actuales, algunos académicos han lanzado oportunas sugerencias acerca de la estrategia para atacar este problema. Así, el profesor de la PUCP, Pedro Francke, propone empezar con eliminar estos privilegios tributarios injustificados en primer lugar a los casinos y tragamonedas, que no pagan IGV hasta por S/ 400 millones anuales. En segundo lugar, sugiere concentrarse en los bancos, aseguradoras y entidades financieras que tampoco pagan IGV por un monto cercano a los S/ 2 mil millones al año. Siguen para él las universidades e institutos privados, que representan otros S/ 1.800 millones por exoneraciones; y finalmente, las empresas vinculadas al sector agroexportador, que representan una suma de exoneraciones de hasta S/ 4.300 millones anuales.

Por otro lado, el coordinador ejecutivo de Propuesta ciudadana, Epifanio Baca, en declaraciones a nuestro medio indicó que el gobierno debería priorizar la revisión de los beneficios tributarios en los sectores educación (universidades privadas, principalmente), agroexportador y el sector financiero. Sin embargo, añade que, habría que ser cautos en las expectativas, pues el gobierno actual no tendría la suficiente fuerza para sacar adelante este tipo de medidas dado que se encuentra controlado por otro tipo de intereses.

Es evidente que los más de S/ 16 mil millones que dejan de recaudarse es una cantidad muy importante, pero ¿qué tanto? Pues si se redujera en 10% el gasto tributario, es decir, si recortáramos estos privilegios y el Estado peruano pudiera recaudar 10% más de lo que hasta ahora deja de percibir (S/ 1.600 millones), solo con ese excedente alcanzaría para financiar por completo presupuestos de programas sociales como Qali Warma (S/ 1.595 millones), Juntos (S/ 971 millones) o repotenciar decenas de centros de salud de nivel nacional (hay más de 150 proyectos de inversión en centros de salud valorizados en S/ 585 millones).

El Premier Villanueva comentó que de todas las empresas que reciben beneficios, solo algunos podrán justificarse y muchos deberán ser eliminados o, como él sugiere, convertidos en fondos de inversión en las regiones donde las exoneraciones tienen lugar, tal como se decidió en el año 2005 para la región San Martín (región que presidió en su momento el actual Premier). En ese sentido, la encargada del programa Justicia Fiscal de Oxfam, Susana Ruiz, plantea un cuestionamiento válido al sugerir que no tiene sentido estar obsesionados con atraer inversión para fomentar el crecimiento económico si, finalmente, ese esfuerzo no conlleva a la retención de los rendimientos de dichas inversiones en nuestro país.

Seguiremos de cerca cómo se seguirá desenvolviendo el gobierno respecto a este tema tan importante de reducción de privilegios tributarios, y con ello, la disponibilidad de recursos tan importantes para nuestro país. Justicia Fiscal ya.

 

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