En 2016, el candidato Juan Carlos Zurek incumplió reglas al contratar a asesora sin experiencia, cuando se desempeñaba como alcalde La Molina. Por esto, la Contraloría pidió a su procurador denunciar penalmente al actual postulante de Avanza País.
Por Nicol Léon
El candidato de Avanza País, Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, busca volver a la alcaldía de la Municipalidad de La Molina, donde según la Contraloría, estuvo inmerso en una presunta contratación irregular de la exasesora del Órgano de Control Institucional Marcela Mejía Franco. De acuerdo al informe, Zurek firmó dos resoluciones que permitieron su contratación, a pesar de que incumplía con la experiencia y los estudios necesarios para el puesto.
La asesora que contrató Zurek trabajaba en el municipio de La Molina desde 2011, cuando el candidato de Avanza País inició funciones como alcalde. Desde entonces, la Contraloría halló que Mejía “firmó” su asistencia al trabajo, pese a que estaba de viaje fuera del país.
Entre 2012 y 2016, el municipio de La Molina, al mando de Zurek, le pagó S/. 429 951, sin descontarle los 41 días que no fue a trabajar.
Lejos de ser sancionada, Mejía fue ascendiendo durante la gestión de Zurek. Y pese a que no contaba con estudios superiores ni experiencia en control gubernamental o privado, sus sueldos crecieron de S/. 3 500 a S/. 10 000 mensuales.
CUESTIONABLE CONTRATACIÓN
La primera irregularidad señalada por la Contraloría surge el pasado 30 de setiembre de 2016, cuando Juan Carlos Zurek, como alcalde de La Molina, firmó la resolución de alcaldía número 304-2016.
Así, quitó una de las dos plazas del puesto de asesor con las que contaba la gerencia municipal, e incorporó la plaza “Asesor I”, un cargo de confianza para el Órgano de Control Institucional, sin la opinión de la Contraloría General de la República, por lo que incumplió las directivas “Normas para la gestión del proceso de administración de puestos y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE” y “Directiva de los Órganos de Control Institucional”.
El puesto “Asesor I” del Órgano de Control Institucional carecía de información sobre el perfil requerido, así como las funciones generales y específicas.
Sin embargo, tres días después, el 3 de setiembre de 2016, Zurek firmó la resolución de alcaldía número 313-2016, con la que designó a Marcela Mejía Franco en el cargo de confianza de “Asesor I” del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de La Molina.
La “Directiva de los Órganos de Control Institucional” también indica que el personal contratado debe contar con título universitario o estudios superiores concluidos, así como experiencia comprobable en auditorías privadas o control al Gobierno. Pero Mejía Franco, contratada con la firma de Zurek, incumplía estos requisitos, según la Contraloría.
Además, se desconocía qué funciones desempeñaría en el municipio de La Molina en el cargo de “Asesor I”; sin embargo, su remuneración mensual ascendía a S/. 10 000. Entre el 3 de octubre de 2016 y el 29 de mayo de 2017, cuando dejó de ser asesora, ganó un total de S/. 80 300.
“Esta situación ha sido generada por el accionar del señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, alcalde de la Entidad, quien designó a la señora Marcela Mejía Franco en el cargo de “Asesor I” en el OCI-MDLM, persona que no cuenta con formación profesional y la experiencia en asesoría de control gubernamental para ocupar dicho cargo”, señala la Contraloría en su informe.
Mejía venía laborando en el municipio de La Molina desde 2011, cuando Zurek inició su gestión en la Municipalidad de La Molina. Comenzó como técnica en labores de apoyo con un sueldo mensual de S/. 3500. Luego, fue contratada en la planilla del municipio como técnica de apoyo en control gubernamental, con un sueldo de S/. 3800. En 2012, la contrataron como asesora de la Gerencia del Órgano de Control Institucional con un sueldo de S/. 8000 mensuales. Todo ocurrió durante la gestión de Zurek.
¿MALAS PRÁCTICAS?
En 2016, cuando el aspirante a la alcaldía de La Molina, Juan Carlos Zurek, contrató a Mejía como asesora, ella ya venía laborando para el municipio, también como asesora, pero de la Gerencia del Órgano de Control Institucional.
Ocupó ese puesto en julio de 2012. La Contraloría encontró que desde entonces hasta el 2 de octubre de 2016 el municipio de La Molina, a cargo de Zurek, le pagó S/. 429 951 en sueldos y no le descontó a pesar de que no fue a trabajar 41 días.
La Contraloría halló que precisamente entre 2012 y 2017, tiempo en que Mejía laboró en el municipio, funcionarios del Órgano de Control Institucional justificaron con información “carente de veracidad” sus inasistencias, lo que hizo que no se le descuenten S/. 10 933.
“Desde enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2013, la señora Marcela Mejía Franco registraba su asistencia a través de los sistemas dispuestos por la administración de la Entidad (sistema biométrico); advirtiéndose el registro de tardanzas, inasistencias, comisión de servicios; sin embargo, a partir del 2 de mayo de 2013 hasta el 31 de julio de 2017, fecha en que presentó su carta de renuncia a la Entidad, no utilizó dicho registro implementado para el control de asistencia y permanencia del personal bajo el régimen CAS, a pesar que existían disposiciones sobre la obligatoriedad de su uso”, se lee en el documento de Contraloría.
Entre abril y junio de 2015, en los reportes del municipio de La Molina, aparece que Mejía firmó sus ingresos mediante el control manual. Sin embargo, en esas fechas que “firmó” su asistencia, en realidad, no estaba en Lima, sino en El Salvador y Panamá.
Estos eran los antecedentes de la persona que volvió a ser contratada por Zurek en 2016.
Con las pruebas mencionadas, en 2019, la Contraloría General de la República recomendó que su Procuraduría Pública denuncie penalmente al ahora candidato Juan Carlos Zurek y se informe al Concejo Municipal la responsabilidad administrativa que identificaron en el aspirante al municipio de La Molina, quien se presenta por tercera vez.
Otras nueve personas, extrabajadores del municipio de La Molina, fueron señalados como responsables de forma penal y administrativa por la Contraloría.
En 2017, el Ministerio Público comunicó que abrió investigación por presuntos delitos de colusión agravada, nombramiento y aceptación indebida de cargo público a Zurek y Mejía.
Wayka accedió al acta de la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del municipio, realizada el cinco de agosto de 2021, donde se debatió el contenido del informe de la Contraloría. En esta concluyeron que, según la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal no tiene como función determinar responsabilidad administrativa, salvo en algunos casos. Respondieron que la Contraloría debe determinar la sanción administrativa para Zurek.
Sin embargo, rechazaron “de manera enfática” la conducta del exalcalde de La Molina Juan Carlos Zurek “para designar a una persona para cumplir las funciones de asesor del Órgano de Control Institucional, de la Municipalidad de La Molina, sin cumplir con el perfil profesional requerido, generándose un perjuicio económico a la entidad”.
Wayka se comunicó con el candidato Juan Carlos Zurek para consultarle por qué contrató a Mejía si ella no tenía experiencia ni estudios para ocupar el cargo. Pero no respondió.
