Una democracia que se respete debería ser un sistema en el que compitan con suficiente igualdad de condiciones las propuestas de diversos candidatos y en el que gane el que logre convencer con la suya a la mayor cantidad de electores.

¿Pecamos de idealistas? Creemos que no.

¿Pero qué tiene de malo que haya financiamiento privado en las campañas electorales? Hay muchas investigaciones abiertas sobre las últimas campañas electorales peruanas que comprometen seriamente a algunos partidos que compiten actualmente por la presidencia. Lo que se sabe –o al menos se sospecha seriamente- es que mucho del dinero tendría origen ilícito (narcotráfico, minería ilegal, etc.) y en el mejor de los casos, de ser lícito, se entregaría a modo de “préstamo” para que cuando el candidato gane, lo devuelva con millonarios contratos públicos direccionados y sobrevaluados.

No por gusto le llaman “inversión electoral”: casi siempre se espera un “retorno”.

Tener “plata como cancha” más que “ideas como cancha” eleva notoriamente las posibilidades de cualquiera de ser protagonista en campaña: millonarios gastos publicitarios en radio, televisión y prensa escrita, paneles gigantescos, intensa difusión en redes sociales, impresionantes mítines y movilizaciones por decenas a lo largo y ancho del país. Quien crea que esta millonada sin límite no es gran parte culpable de la corrupción estructural de nuestro sistema político sinceramente peca de ingenuo. Según la Presidencia del Consejo de Ministros, son por lo menos 10 mil millones de soles en corrupción los que desangran nuestro sistema público año a año.

¿Qué tendríamos que esperar de alguien que aspire al cargo de Presidente?

Creemos que debería liderar una reforma electoral profunda, que garantice –entre otras cosas- que la mayor parte del financiamiento electoral sea público y distribuido equitativamente para todos los partidos y en cuanto al privado este debería cumplir dos condiciones: a) ser completamente fiscalizado para evitar orígenes ilícitos y “devoluciones” posteriores con dinero público; b) ser restringido para que el peso del dinero privado no ejerza inequidad entre los candidatos. Así lo entendió -por ejemplo- la mayoría de países europeos donde el mayor porcentaje de financiamiento proviene de fondos públicos y no solo en épocas de campaña sino para su funcionamiento cotidiano. Una buena base de datos para 180 países respecto al financiamiento público de los partidos y a las prohibiciones y límites a financiamiento privado la trabajó la ONG canadiense IDEA, la puede consultar aquí.

Si esto no cambia para la siguiente elección seguiremos condenados a que mucho del financiamiento electoral de origen ilícito y/o corrupto continúe perpetuando la sistémica corrupción de nuestro aparato estatal, desde el municipio más pequeño hasta el gobierno central.

Habiendo argumentado nuestra posición nos preguntamos: ¿qué proponen los candidatos?

Tras revisar los planes de gobierno de los 9 partidos con más posibilidades de alcanzar la presidencia, encontramos cuatro tipos de propuestas sobre financiamiento electoral:

PitazoElectoral

TIPO 1: PÚBLICO PARA TODOS, PRIVADO RESTRINGIDO

Dos candidatos reconocen los problemas de fondo que ocasiona el financiamiento privado, y proponen por ello restringirlo además de priorizar el financiamiento público para todos por igual: Verónika Mendoza y Julio Guzmán. Tanto Mendoza como Guzmán proponen “límites estrictos” al financiamiento privado, aunque hay que recordar que este último no tuvo mayor reparo en una entrevista internacional en pedir fuertes donaciones a la comunidad judía estadounidense prometiendo a cambio servir intereses israelíes, además de estar su partido ligado a grandes capitales locales. Su actualidad deja dudas, pero aún así, le tomamos la palabra.

TIPO 2: PÚBLICO Y PRIVADO, SIN RESTRICCIONES

Aquí se ubican Barnechea y Kuczynski. Si bien Barnechea sugiere que el financiamiento público se revise cada 5 años y que se compre publicidad en medios por parte del Estado además de “crear un registro nacional de aportantes” no hace explícito límite alguno al financiamiento privado, mientras PPK usa menos de una línea de las 280 páginas de su plan para escribir: “hacer realidad el financiamiento público de los partidos y mejorar la supervisión del privado”. Insuficiente y hasta peligroso no especificar límite alguno al privado, si alguno alcanza a ser gobierno, tendrían que ser más claros. ¡TARJETA AMARILLA!

TIPO 3: SOLO PRIVADO, SIN RESTRICCIONES

Aquí tenemos al candidato Acuña: propone fiscalizar sólo lo privado (a través de bancarización de aportes) y no menciona ni de refilón el público. Coherencia absoluta en su caso: queda claro que nivelar el piso electoral con financiamiento público se tira abajo su estrategia conocida como “plata como cancha”. Sabe que la plata da mucha ventaja en este sistema podrido. Ni este candidato ni los que se subieron a su combi reconocen como serio conflicto ético que “sus” millones ganados anualmente financien su campaña electoral en lugar de pagar impuestos o reinvertirse en mejorar la baja calidad académica de sus universidades ¡TARJETA ROJA!

TIPO 4: NO SABEN / NO OPINAN / NO TIENEN IDEA / NO LES INTERESA

Aquí tenemos a candidatos que no se manifiestan al respecto: Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Daniel Urresti. Para ellos no es un problema que millones de soles de dudoso origen entren y salgan del sistema, ¿o será una ventaja?, ¿algo tendrá que ver los cientos de millones robados durante la década fujimorista?, ¿o los narcoindultos y faenones?, ¿o las investigaciones en curso al partido de gobierno? ¡TARJETA ROJA!

Un tema tan importante en la lucha contra la corrupción estructural de nuestro sistema político, solo tomado en cuenta de manera seria (en sus planes por lo menos) por 2 de los 9 candidatos con más opciones sinceramente preocupa.

Hasta el próximo capítulo.