El caso de Camila llega a las Naciones Unidas. Denuncian persecución por parte del Estado peruano a una niña indígena de 13 años que solicitó un aborto terapéutico luego de quedar embarazada por continuos abusos de su padre.

Lucero Ascarza

La identidad de la menor y detalles sobre el lugar de los hechos se mantienen en reserva por seguridad

Camila tenía 13 años cuando pudo narrar que su padre la violaba. Había dejado de ir a su colegio por constantes mareos y dolores de cabeza, y pronto descubrieron que estaba embarazada. Solo entonces su madre supo de los abusos sexuales que sufría Camila desde los nueve años.

La madre de Camila -quechuahablante y con una discapacidad física severa- presentó una denuncia por violación, mientras la desesperación de Camila por enfrentar un embarazo no deseado crecía. «Me quería matar», declaró en una de las primeras entrevistas de la investigación fiscal. Ante el alto riesgo para la salud física y mental de su hija, la mamá de Camila solicitó interrumpir el embarazo.

Era 2017, tres años después de la implementación del Protocolo de Aborto Terapéutico, pero el centro de salud no cumplió con responder la solicitud y Camila terminó teniendo un aborto espontáneo. Ese fue el inicio de una nueva pesadilla para la niña, pues una fiscal inició una investigación en su contra.

Buscando justicia para su hija y todas las niñas peruanas, el 9 de octubre la madre de Camila -con asesoría del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex)- denunció el caso ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En este informe, Wayka comparte la historia de Camila y de un Estado que se olvida de garantizar protección a las niñas y las fuerza a ser madres.

Persecución a la víctima

Desde el inicio de la investigación por el delito de violación sexual, el padre de Camila reconoció los hechos. Aún así pasaron casi dos años hasta que fue condenado a cadena perpetua. Período en el cual la justicia se encargó de perseguir a Camila incluso con más intensidad que al violador.

La madre de Camila solicitó el aborto terapéutico para su hija el 13 de diciembre de 2017. Siete días después, sin haber recibido respuesta, la niña ingresó al hospital con dolores abdominales y horas después tuvo un aborto espontáneo en el mismo centro de salud.

Según pudo conocer Wayka, la misma fiscal a cargo de investigar la violación a Camila, abrió una indagación a la menor de 13 años por el delito de autoaborto. Así, en completa oposición a las normas para evitar revictimizar a niñas y niños víctimas de violencia sexual, la fiscal inició diligencias insólitas como citar a Camila en el lugar donde fue violada por su padre.

«Algunas de las diligencias que hizo esta fiscal eran tétricas, como la exhumación del feto y la reconstrucción de los hechos. No tenía sentido y no había ninguna evidencia [de un autoaborto]. La fiscal solicitó varias veces la declaración del ginecólogo que atendió a Camila y él indicó que se trataba de un aborto espontáneo. El médico mismo explicó que por la edad y el contexto es bastante común que algo así suceda», señala Claudia Castro, miembro del equipo de litigio estratégico de Promsex.

Finalmente, el único sustento para la acusación de la fiscal eran las declaraciones de Camila en la Cámara Gessell: «Me quería matar porque no quería tenerlo y hasta ahora no quiero tenerlo (…) no le quiero tener a este bebé». Palabras que encajan con la situación de depresión en la que se encontraba la niña y que motivó justamente su pedido de un aborto terapéutico.

Derecho al aborto terapéutico

A la persecución de la Fiscalía, se suman las vulneraciones a Camila por parte del hospital al que solicitó el aborto terapéutico. Según consta en la denuncia presentada a la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), el centro de salud al que acudió Camila «no cumplió en realizar la junta médica».

Como se recuerda, el Protocolo de Aborto Terapéutico señala que una junta de médicos debe evaluar los factores de riesgo en el embarazo. Dicha junta debe convocarse en un plazo de 24 horas, y un máximo de 48 horas después, deben comunicar si procede el aborto terapéutico. No sucedió así en el caso de Camila.

Además, pocos días después que la niña tuviera el aborto espontáneo, una obstetra acudió a su casa con un policía para verificar que Camila continuara con sus controles prenatales. Este hecho también se denunció ante SuSalud, pero la entidad no lo consideró como violación de la intimidad. «Hay una facultad de las obstetras de hacer visitas domiciliarias, pero obviamente esas visitas no son con policías. Aunque insisten en que el policía solo fue a constatar, ese no es el procedimiento regular», comenta Claudia Castro.

Efectivamente, no hay ninguna norma del Ministerio de Salud que precise la necesidad de acudir con un policía en una visita domiciliaria. Por otro lado, es evidente que Camila ya no necesitaba controles prenatales. «En realidad lo único que eso generó es que todos los vecinos terminaron enterándose de la violación, del embarazo. Además se reforzó la idea de que ella había hecho algo, que era una criminal», explica Castro.

Esa situación motivó a que Camila se mude fuera de su localidad. Pero incluso lejos continúa siendo víctima de amenazas de familiares que la culpan por la condena a su padre. Además, se encuentra lejos de su madre, quien por su discapacidad no puede movilizarse pero continúa la batalla legal para defenderla.

El caso de Camila evidencia la falta de un enfoque diferenciado para la atención de casos de violencia a niñas y adolescentes, especialmente si son de ascendencia indígena o se encuentran en sectores rurales. En lo que va del año, más de 700 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en el Perú. Todas ellas podrían haber accedido a un aborto terapéutico por su edad, que supone un embarazo cuatro veces más riesgoso que el de una adulta. Pero como a Camila, el Estado les dió la espalda.