Caso Colcabamba: Exigen comisión investigadora en el Congreso tras la muerte de cinco jóvenes en operativo militar
Por: Silvia Bardales Q.
La impunidad y las interrogantes abiertas vuelven a golpear a la región Huancavelica. A raíz del asesinato de de cinco jóvenes durante una intervención militar, el parlamentario huancavelicano Héctor Guillén Valencia impulsó la presentación de la Moción N° 00057-2026-2031-D para conformar una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que entre otros aspectos investigue quiénes dieron las órdenes.
La iniciativa busca que en un plazo de 180 días hábiles se determinen las responsabilidades institucionales y operativas tras las ejecuciones y muertes registradas el pasado 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja.
Las víctimas de la intervención militar
El operativo dejó un saldo lamentable de cinco personas fallecidas, cuyas identidades exigen verdad y reparación:
- Cristian Vilcatoma Águila (18 años)
- William Núñez Soto (19 años)
- Jaime Bendezú Paraguay (28 años)
- Wilder Romero Sivi Paucar (30 años)
- Nilson Montenegro Valencia
Cadena de mando y uso de la fuerza bajo la lupa
De acuerdo con la moción multipartidaria presentada el 12 de agosto de 2026, el grupo de trabajo legislativo tendrá la tarea de analizar a fondo los aspectos clave del operativo que el Estado no ha terminado de esclarecer:
- Cadena de mando y órdenes: Investigar la inteligencia utilizada, el origen del operativo y quiénes dieron las instrucciones ejecutadas en el terreno.
- Uso proporcional de la fuerza: Evaluar si las acciones se ajustaron a los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
- Preservación de la escena del crimen: Revisar la cadena de custodia, la recolección de elementos balísticos y el resguardo de armas.
- Protocolos conjuntos: Identificar las deficiencias en las labores combinadas entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
“Aquí se perdieron cinco vidas y eso no puede quedar en el olvido. Colcabamba y Huancavelica merecen saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y bajo qué circunstancias se utilizó la fuerza. Las familias merecen verdad, justicia y respuestas del Estado”, enfatizó el diputado Guillén.
El retroceso en la vía judicial
La urgencia del control político parlamentario se agudiza ante los cuestionamientos que pesan sobre el ámbito judicial. Recientemente, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín anuló la prisión preventiva que recaía sobre ocho militares investigados en la causa. Aunque la sala ordenó que un nuevo juez realice otra audiencia para evaluar el pedido fiscal, la medida encendió las alarmas entre familiares y organizaciones de derechos humanos.
Frente a ello, el parlamentario aclaró que el fallo «no constituye una sentencia absolutoria ni determina que los hechos investigados hayan desaparecido», asegurando además que la labor del Congreso no interferirá con las atribuciones del Ministerio Público ni del Poder Judicial.
Los hechos se enmarcan luego de que el Congreso anterior aprobará una ley que permite que los militares que hayan cometido delitos durante sus funciones, puedan ser juzgados por el fuero militar.
Respaldo bancario y avance legislativo
La Moción N° 00057-2026-2031-D cuenta con el respaldo del bancada de Juntos por el Perú y lleva la firma de 16 congresistas, entre los que destacan Marino Lavado, Jacqueline Tapullima, Julián Pérez, Remigio Condori, Graciela Chipana, Marlon Aguirre, Marco Flores, Amalia Palomino, Daniel Varas, Azucena Isla, Haydee Poma, Pilar Sulca, Luz Soto, Ernesto Zunini y Gabriel Gonzales.
El documento ingresado formalmente ya figura como tramitado con acuerdo de la Junta de Portavoces. Se espera que en los próximos días la Representación Nacional vote su aprobación para que la comisión inicie la toma de declaraciones, el peritaje técnico y la revisión de la cadena de mando que terminó cobrándose cinco vidas en Huancavelica.
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