Idubis Trujillano Bustamante, condenado por violación sexual en el 2022, huyó del Hospital Regional de Lambayeque donde se encontraba internado por una hemorragia gastrointestinal. El expolicía logró fugarse pese a estar bajo vigilancia de dos agentes del INPE. Un mes después, continúa prófugo. 

En la  madrugada del miércoles 28 de agosto, el expolicía chiclayano Idubis Trujillano Bustamante (38), sentenciado a cadena perpetua por abusar sexualmente y embarazar a su hija de 12 años, fugó durante la madrugada del Hospital Regional de Lambayeque. La menor falleció luego sufrir complicaciones de salud en extrañas circunstancias.

Las primeras informaciones indican que el escape del expolicía  se habría dado cerca de las 3:00 a. m., pese a que se encontraba bajo la custodia de dos agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario del Perú – INPE, identificados como Iván Alexander Silva Rojas y Frank Ortiz Sandoval. Ambos fueron relevados de sus puestos mientras duraba la investigación. Trujillano Bustamante se encontraba  hospitalizado desde el 9 de agosto por una hemorragia gastrointestinal y un cuadro de anemia. Casi 20 días después, desapareció.  

Wayka se comunicó con Darwin Santacruz, abogado de la familia, que logró la cadena perpetua contra Trujillano, y señaló que, pese a la gravedad de la situación, no podían hacer nada como defensa legal. 

“En este caso el agraviado es el Estado, y el imputado es Trujillano, por fugarse. La investigación es secreta, es reservada, nosotros como defensa no somos parte en ese proceso. ¿Qué otra pena le puedes poner si ya tiene cadena perpetua? Nosotros no podemos presentarnos ante el proceso, ni como parte agraviada, ni como tercero civilmente responsable, legalmente no podemos hacer nada”, aclaró para Wayka, Santacruz. 

Sheila Sánchez, tía de la menor fallecida, declaró que como familia están evitando tener presencia mediática.Consideran que la cadena perpetua ya era un alivio y logro para ellos, sin embargo, pidió que   “las autoridades hagan su trabajo, que investiguen, que se identifique si hay más responsables, porque creer que Trujillano haya salido solo (del hospital) es algo inaudito”.

TRABAJADORES DEL INPE INVOLUCRADOS

El 4 de septiembre, el Poder Judicial ordenó la prisión preventiva por un plazo de siete meses para los suspendidos agentes del INPE, Iván Alexander Silva Rojas y Franz Robert Ortiz Sandoval. Durante la audiencia, familiares y compañeros de trabajo de los investigados realizaron un plantón pidiendo su libertad. En horas de la noche, del mismo día, fueron trasladados al establecimiento penitenciario ubicado en el distrito chiclayano de Picsi. 

“Tengo conocimiento, que existen elementos graves de convicción para calificar el delito de favorecimiento de fuga contra los agentes del INPE. Según la lectura de los hechos, Trujillano no tenía las cadenas puestas, se encontraba sentado fuera de la sala de emergencia. Se habría fugado en la madrugada, por eso la Fiscalía, ante tantas contradicciones solicita la prisión preventiva”, detalla el abogado Darwin Santacruz. 

Santacruz recalcó también que el delito contra la administración de la justicia – favorecimiento de fuga en un contexto donde son agentes penitenciarios en función a cargo de la custodia de un interno, conllevaría una pena contra  los implicados  de entre 4 hasta  8 años de cárcel efectiva. 

PROGRAMA DE RECOMPENSAS

El Estado, a través del Ministerio del Interior, cuenta con un programa de recompensas queincluye una lista de personas buscadas por la justicia peruana, por medio del cual se brinda información de manera anónima a cambio de una recompensa económica. Sin embargo, un mes después de la fuga de Trujillano, el prófugo aún no se encuentra en esta lista de infractores y/o delincuentes más buscados. 

El abogado Santacruz afirma que no existe ningún requisito para que el expolicía prófugo sea incluido, sin embargo, es un proceso administrativo que puede tardar,  y que debería ser  prioritario incluirlo. “El MININTER es el responsable de actualizar el programa de recompensas.Trujillano es un prófugo de alta calidad, por lo cual considero que en el corto plazo deben incluirlo. Tengo conocimiento que el CEM y el Ministerio Público han solicitado se incluya a Trujillano en el programa de recompensas”, mencionó.

SOBRE EL CASO

Fue el lunes 3 de enero de 2022, al promediar las 6 de la tarde, que el cuerpo de la menor llegó sin vida al centro de salud. Su padre, el policía Idubis Trujillano, fue quien la trasladó en una mototaxi. El personal médico de la posta registró que el cuerpo de la niña no presentaba heridas ni signos de violencia y llevaba fallecida entre 5 y 7 horas, es decir desde el mediodía. El feto tampoco tenía signos vitales. 

Trujillano, quien vivía con la menor y sus otros dos hijos de 8 y 5 años, no avisó a sus familiares sobre el embarazo y la muerte de su hija. Decidió velarla en la vivienda que alquilaban. Familiares maternos de la menor llegaron hasta el lugar para exigir que los hechos sean investigados y la violencia contra la niña no quede impune. 

El resultado preliminar de la necropsia determinó que la menor falleció a causa de un edema cerebral y congestión multivisceral. El informe final recién fue emitido la quincena de abril del mismo año. Los resultados arrojaron que la menor tenía desgarros vaginales antiguos, lo que confirmó la violación. 

Posteriormente, el resultado de la homologación de ADN, realizado con muestras de sangre del feto y restos óseos de la menor, arrojó una coincidencia 99.9%, es decir, Trujillano fue quien violó y embarazó a su hija fallecida.

Estos resultados fueron fundamentales para que el Juzgado Colegiado decidiera por unanimidad la cadena perpetua contra Trujillano.