Todavía está pendiente que el Poder Judicial determine a qué jurisdicción le compete seguir el proceso penal contra Juan Antonio Enriquez, secuestrador y violador confeso de una menor de 3 años en Lambayeque.
Por Malú Ramahí
El caso de la niña de 3 años víctima de agresión sexual en Lambayeque ha puesto en la mira el trabajo del sistema de justicia. Tito Esteves Torres, uno de los cuatro abogados a cargo de la defensa legal de la menor, indicó a Wayka que, tras la solicitud de acusación contra Juan Antonio Enriquez, se espera que el Poder Judicial decida a qué jurisdicción pasará el caso.
Según el abogado, el avance del proceso penal dependerá del Poder Judicial. Este debe definir si deriva el caso a la Fiscalía de Chiclayo o a la Segunda Fiscalía Provincial del distrito de José Leonardo Ortiz. “Si la competencia determina que es en Chiclayo, inmediatamente van a fijar la fecha de control de acusación y ya pasamos a la segunda etapa. Esto puede terminar máximo en un par de meses, si es que admiten el requerimiento acusatorio, pero primero que se determine la competencia, si es en Chiclayo o en Leonardo Ortiz”, señala.
Cabe recordar que la Fiscalía de Chiclayo formuló el requerimiento acusatorio contra Juan Antonio Enriquez García por los delitos de secuestro y violación sexual contra la menor de tres años. En su acusación solicita la pena máxima de cadena perpetua.
Esteves Ortiz también contó a Wayka que han desistido del pedido para que el acusado regrese a un penal de la región. El abogado sostiene que en esta etapa del proceso penal no será necesaria la presencialidad, ya que las próximas audiencias serán virtuales.
Por su parte, otro de los abogados, que conforma la defensa legal de la menor, Juan Carlos Díaz Calderón, aseguró a Wayka que consideran oportuno que el acusado cumpla su sentencia en un penal de alta seguridad. «La familia y nosotros (los abogados) estamos en total acuerdo de que este delincuente cumpla su condena de cadena perpetua en un penal de máxima seguridad y duro como es el centro penitenciario de Challapalca», afirma.
REVICTIMIZACIÓN
La semana pasada Juan Carlos Díaz se mostró, públicamente, en contra de que se obligue a la niña a declarar a través de la cámara Gesell, ya que ello significa revictimizarla.
Díaz Calderón indicó que, junto a los demás abogados a cargo, acordaron oponerse a esa diligencia, ya que la víctima es una menor de tres años y no podría aportar datos significativos de cómo sucedieron los hechos.
«Ya existen otros elementos de prueba que supliría la necesidad de que la menor declare. Lo que queremos es evitar la revictimización de la menor y que vuelva a recordar hechos que le causaron gran dolor en ese momento”, manifiesta.
Tras el pedido, la Fiscalía de Chiclayo decidió no realizar este procedimiento. Sin embargo, la Fiscalía de José Leonardo Ortiz, donde se realizó esta solicitud, según el abogado Esteves, aún no se ha pronunciado.
Por otro lado, desde que se inició la búsqueda de la menor, tras su desaparición, diversos medios de comunicación dieron a conocer los datos personales de la niña. Además, se filtraron videos e imágenes de su rescate sin proteger su identidad.
Debido a está razón, el colectivo de Ni Una Menos de Lambayeque emitió un comunicado, exigiendo que se retire de los medios cualquier material sensible que revictimice a la menor.
“En este caso estamos hablando de una menor de edad, donde está penado divulgar su identidad. Su nombre fue divulgado en un principio porque estaba siendo buscada por el secuestro, pero después de eso se siguió difundiendo en diferentes medios su identidad, su nombre completo, fotos, videos. Para qué circular el rostro de la menor,cuando en realidad deberíamos recordar el rostro del presunto violador”, expresa Danixa Monzón, vocera en Lambayeque.
El padre de la niña también pidió ante un medio local que eliminen cualquier fotografía o vídeo donde aparezca su hija, haciendo referencia a los videos filtrados de la DIVINCRI y a las fotografías de la menor.
JUSTICIA OPORTUNA
La madre de la niña dijo a Wayka que está preocupada por el proceso judicial. “Dicen que es esquizofrénico, yo no lo creo. Quiero justicia, que le den la cadena perpetua, que no lo dejen libre. Justicia por todos los niños violados. Les pido por favor, les ruego que no los dejen libres”, pide al teléfono la madre de ‘D’.
Ella ahora está abocada en la recuperación de su mejor hija. La noche del 13 de abril, ‘D’ fue intervenida quirúrgicamente como consecuencia de los daños físicos que sufrió tras la agresión sexual. La menor fue atendida en el hospital Almanzor Aguinaga y fue dada de alta el domingo 24 de abril.
No existe ningún indicio o prueba que acredite a Enriquez García como paciente de esquizofrenia, señala el abogado Díaz Calderón. «Por parte de la defensa del acusado no se ha presentado ningún medio de prueba que acredite ello, ni siquiera por él mismo», confirma.
Incluso, en el documento fiscal que solicita la prisión preventiva, figura la declaración del imputado, donde se le pregunta si consumió licor antes de perpetrar el crimen. Enriquez García respondió que sí había ingerido cerveza horas antes del secuestro.
Para Díaz Calderón, esta declaración del acusado no es argumento para la reducción de la pena a su favor.
«Para que haya un descuento de la pena tiene que haber un grado de alcoholemia bastante elevado, que perturbe la percepción de la realidad del sujeto. En este caso no aplica porque conforme los videos, las imágenes evidencian que efectivamente él no se encontraba en un estado de ebriedad que le hubiera imposibilitado captar la realidad», indica.
Cabe precisar que la Fiscalía de Chiclayo, para la solicitud de acusación, tomó en cuenta los diferentes medios probatorios como el testimonio del agresor, los videos del hecho criminal, resultados del médico legista, actas de incautación y el registro del celular del imputado donde se han encontrado vídeos con contenido sexual.
Sobre el contenido del teléfono móvil, la Policía tiene varias hipótesis sobre los videos hallados. “Se manejaba la hipótesis de que estos videos sean intercambiados por psicópatas sexuales, o alguna red criminal relacionada a este tipo de delitos”, menciona Díaz Calderón. Estos indicios son materia de investigación por parte de la PNP y sigue en curso.
Por lo pronto, la familia espera que la justicia sea oportuna. Y que el caso de la niña no se sume a la lista de denuncias sin sentencia por violencia sexual a menores, que existen en el Poder Judicial, como lo señala un estudio del MIMP y Unicef. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida sin violencias.
