Vuelve el ataque contra dirigentes y autoridades de Arequipa que el año pasado se opusieron al proyecto minero Tía María. Por insistencia del Ministerio del Interior (Mininter), la Fiscalía no solo reclama penas carcelarias de entre 10 y 30 años, sino que además pide que estos líderes políticos paguen al Estado el millonario gasto que supuso reprimir su protesta.
En julio del año pasado estalló un paro indefinido en la provincia arequipeña de Islay, luego de que el Ministerio de Energía y Minas diera luz verde a la empresa Southern Copper para que retomara la construcción del proyecto Tía María. Posteriormente, la Fiscalía acusó a dirigentes del paro de ser una presunta organización criminal dedicada a extorsionar a la minera canadiense.
Ahora, la fiscal María Cabana, decide dar la razón a la Procuraduría del Mininter y acusa a los dirigentes de asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios en agravio del Estado.
Ella ha pedido 30 años de prisión para el dirigente Pepe Julio Gutiérrez, mientras que para los otros denunciados entre 10 y 20 años de cárcel. Pero además, ha pedido S/ 10.2 millones de reparación civil al Estado por los viáticos, transporte e implementos de los policías que fueron enviados de Lima a Islay a reprimir las protestas y por reparación de vías afectadas en los enfrentamientos.
Además de Gutiérrez, la denuncia fiscal incluye al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo; los alcaldes Richard Ale Cruz y Julio Cornejo Reynoso; y los exalcaldes José Ramos Carrera y Jaime De la Cruz Gallegos, y otros dirigentes como Miguel Meza Igme, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín Juárez Bernedo, Víctor Zeballos Ortiz, Juan Colquehuanca y Justo Paredes Torres.