Redacción Wayka
Frente a los magistrados del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, el fiscal Daniel Jara Espinoza solicitó que el juicio contra 34 miembros de la Marina de Guerra acusados de la presunta matanza de 133 reos rendidos del penal El Frontón se considere como un crimen de lesa humanidad.
El motivo por el que se acusa a 34 marinos de los delitos de homicidio calificado en las modalidades de asesinato con ferocidad y explosión se remonta al 18 de junio de 1986: los reclusos de los penales El Frontón, San Juan de Lurigancho y el de Mujeres Santa Bárbara, desataron un motín, en el marco de la conferencia mundial de la Internacional Socialista que se llevaba a cabo en Lima con la presencia del entonces presidente Alan García Pérez.
En ese contexto, Alan García convocó a Consejo de Ministros y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Según el acta de esa sesión, García encargó al Ejército recuperar el penal de Lurigancho; a la Fuerza Aérea el de Santa Bárbara, y a la Marina El Frontón.
Algunos militares de alto rango incluso señalaron a Alan García como autor mediato de las ejecuciones ocurridas no solo en El Frontón, sino también en los penales de Lurigancho y Santa Bárbara. En 2003, por ejemplo, el subjefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Agurto, confesó a la Fiscalía que se habilitó una línea telefónica exclusivamente para que el Ejecutivo pueda monitorear el operativo desde Palacio de Gobierno.
Siendo más preciso con los recuerdos, el exjefe de la ll Región Militar, Ismael Araujo, declaró para el informe de 1988 que elaboró el Congreso sobre la matanza en los penales, que Alan García le decía al entonces comandante general del Ejército, Guillermo Monzón: “¿A qué hora actúan? ¿A qué hora empieza la cosa? ¡Qué esperan que no comienza la cosa!”.
Ahora, la sala conformada por los magistrados Edhin Campos Barranzuela, Hans Contreras Cuzcano y Otto Verapinto Márquez, deberá decidir si los delitos por los que se les acusa a la treintena de marinos califican como crímenes de lesa humanidad.