Por Alvaro Meneses
Fotos: Juan Zapata
La mañana del miércoles 13 de marzo, la Sala Penal Nacional inició el juicio oral contra 14 militares, por el presunto delito de violación sexual a 9 campesinas de las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica), durante los años del conflicto armado interno; luego, de que el juicio se suspendiera en setiembre de 2018 por abstención de los jueces.
La sesión de hoy dirigida por el juez Edhin Campos Barrenzuela, conformada también por los magistrados René Martínez y Jhonny Contreras, estableció las condiciones en las que llevará a cabo el juicio entre las 9 campesinas de Huancavelica y los 14 militares acusados de violación sexual.
Uno de los acuerdos que dispuso la Sala fue solicitar dos intérpretes especializados en el quechua de Huancavelica, además de pedir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinde acompañamiento psicológico para las 9 mujeres agraviadas que acusan a los militares de abusar sexualmente de ellas.
Los abogados de los militares se opusieron al pedido de asistencia psicológica, por el supuesto riesgo a que “hagan señas durante las sesiones”, y puedan alterar las declaraciones de las víctimas.
La defensa legal de los acusados también rechazó la necesidad de traductores originarios de Huancavelica, debido a que podrían tener vínculos con las denunciantes del caso Manta y Vilca.

Lo pendiente
El punto que se definirá la próxima sesión programada para el miércoles 27 de este mes, consiste en si el juicio será público o privado. Por un lado, los abogados de los militares zanjaron en el pedido de un juicio privado por temor a la “presión mediática”.
Del otro lado hubo posiciones encontradas. La abogada de DEMUS, Cynthia Silva, y el letrado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, quienes asumen la defensa de las víctimas, pidieron ante la Sala que las audiencias sean públicas.
Sin embargo, luego de expresarse a favor del juicio público, la fiscal María Eugenia Carrasco cambió de opinión y pidió que el juicio sea privado. “Para no revictimizar a las agraviadas”, explicó Carrasco ante los jueces.
Ante esto, los abogados del IDL y DEMUS precisaron que las mismas víctimas habían renunciado su derecho a la privacidad. “Ahora quieren que todos sepan quiénes son los que han abusado y han cometido los delitos”, declaró a Wayka el abogado del IDL, Juan José Quispe.
“A mí me sorprende mucho que la Fiscalía no haya participado con nosotros porque en el fondo saben que los derechos de las víctimas también pueden ser escuchados en un juicio oral”, añadió refiriéndose a la postura contraria de la fiscal Carrasco.