Dentro de las demandas exigen atención médica para los comuneros afectados por la contaminación petrolera. Además solicitaron garantías para los defensores ambientales que son amenazados
Tras el vencimiento del plazo que se le dió al gobierno de Pedro Castillo para que reactive el diálogo con las comunidades indígenas de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), se inició la movilización anunciada y el bloqueo del Río Marañón.
La medida de fuerza responde al incumplimiento del Acta de Consulta Previa del Lote 192, firmada en agosto de 2021 por el gobierno actual. Dentro de los acuerdos se encuentra la aprobación de la Resolución Ministerial del Plan de Salud de las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Marañón, Tigre y Chambira, afectados por los derrames de petróleo.
La movilización, que se dio a la altura de la comunidad de San José de Saramuro en Loreto, inició la mañana del miércoles 5 de Octubre. Hasta el momento, los indígenas que apoyan la medida han recibido agresiones, y los líderes de las comunidades, los apus Teobaldo Flores y Alfonso López, han sido amenazados de muerte.
Según lo expresado por Adolfo Lopez, presidente de la ACODECOSPAT, para Wayka.pe, un grupo de personas, considerados “mestizos” habrían enviado fotos y videos desde el primer día de la movilización, en donde se mostraban encapuchados, con escopetas y machetes, y afirmaban no permitir ninguna toma de la Estación 1 de Petroperú, además de oponerse por completo a la protesta.
“Este grupo de personas, alimentado por malos entendidos y sus intereses propios han iniciado a amenazar al presidente de la Federación que soy yo, Alfonso López, y al presidente de la comunidad nativa San José de Saramuro, Teobaldo Flores, porque no entienden la importancia de la agenda que se tiene que nos beneficia a todos”, mencionó que López.
Cabe mencionar que conforme avanzaron los días desde la movilización, las amenazas se orientaron exclusivamente al apu Teobaldo Flores por medio de las redes sociales, donde aseguran que atentarán contra su vida apenas finalice el control territorial. El hostigamiento ha sido acompañado con disparos al aire en los alrededores de la comunidad.
Además de ello, denunciaron que algunos transportistas, pese al bloqueo, no se detuvieron en el puerto y avanzaron intempestivamente realizando disparos contra las pequeñas embarcaciones comunales que trataban de convencerlos de no continuar.
“Esto es una incitación. Nosotros hemos sido respetuosos con ellos (los transportistas) y les pedimos que se conviertan en aliados por lo menos unos días, porque ellos no son responsables, es el Estado por abandonar a sus pueblos. Sin embargo, anoche tomaron esa decisión y han roto todo eso. Ahora los hermanos están muy molestos, dispuestos a tomar acciones más drásticas”, mencionó López.
“Esperamos que entiendan que esta lucha es justa, un reclamo completamente justo por envenenar nuestros territorios con petróleo crudo derramado permanentemente, de envenenar el agua que tomamos, los peces que comemos, los terrenos donde sembramos, el aire que respiramos. Todo está contaminado, destruyen tu cultura, tus bosques. Nosotros no queremos plata, queremos soluciones. Yo personalmente les dije a los transportistas que esta lucha no es un negocio. Nosotros no queremos cobrarles por el pase, queremos que sean aliados para continuar con esta lucha”, acotó.
Por último, las organizaciones indígenas solicitaron vigilancia a la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos del Congreso de la República con el fin de proteger a los defensores de derechos y evitar cualquier afectación o pérdida irremediable.
La respuesta del Estado
Según lo conversado con Adolfo López, desde el ejecutivo se ha condicionado la apertura del diálogo al levantamiento de la medida.
“Para nosotros es una falta de respeto. Hemos conversado 12 años. Si con este Gobierno, en un año no nos hemos podido sentarnos ni una vez con el Ejecutivo que conoce nuestra agenda. Si tenemos como 70 acuerdos que debió de abordarlos el Gobierno, donde hay compromisos claros, y no lo ha podido abordar. Recién ahora nos dicen ‘depongan la medida si quieren conversar conmigo’. Para nosotros es una falta de respeto, una actitud muy abusiva”.
A la fecha, cabe recordar, se siguen reportando derrames de petróleo en la zona. Los últimos ocurrieron en la comunidad nativa de Cuninico y La Petrolera que, según López, fue hace 5 días. Por esto, de no ver acciones concretas del Estado, las comunidades estarían dispuestas a bloquear los ríos Ucayali y Tigre, además del Marañón.
