Organizaciones feministas y redes de acompañamiento de Arequipa insisten en la necesidad de legalizar el aborto y trabajan para desmentir mitos generados por los sectores conservadores del país.

Por Zintia Fernández, corresponsal en Arequipa

El  8 de setiembre, Adela, una mujer de 38 años ingresó de emergencia al Hospital de EsSalud Edmundo Escomel de Arequipa luego de sufrir una hemorragia por un presunto procedimiento de aborto inseguro en un consultorio clandestino. El personal médico informó a la Policía sobre la situación de Adela. La unidad de Homicidios de la Policía espera la recuperación de la mujer para seguir con las diligencias para la investigación del presunto delito.  “Solo seguimos los procedimientos según la ley”, comenta un agente policial.

Así como Adela, 58  mujeres figuran como denunciadas en los registros policiales de Arequipa por el delito contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de autoaborto. Según pudo confirmar una fuente policial a Wayka, la  mayoría de las mujeres son denunciadas después de un operativo policial o luego de  asistir a un centro médico para detener alguna complicación por procedimiento incompleto.

De acuerdo con los casos registrados por la PNP, entre el 2016 y 2023, la PNP recibió un total de 293 denuncias por el delito de aborto. De esta cifra, el 39% pertenece a la modalidad de autoaborto, es decir, mujeres que presuntamente decidieron finalizar su embarazo por su propia cuenta.

En lo que va del año, 7 mujeres han sido denunciadas por autoaborto. En relación a los años anteriores, la cifra se ha mantenido excepto en el 2016, 2020 y 2021, donde el número llegó hasta 9 denuncias por año.

Otras cifras 

Las denuncias en el mismo periodo de tiempo también muestran 90 casos registrados por aborto consentido que involucra a personal de salud o quienes se hacen pasar como especialista. Esta es la modalidad con más denuncias por aborto. En 56 ocasiones fueron sin el consentimiento de la mujer gestante. También 27 denuncias de aborto preterintensional, 11 por  eugenesico, 10 con muerte súbita y, finalmente, por aborto terapéutico en 5, pese a que es legal en el país. 

Redes para desmentir mitos

Wayka pudo acceder al testimonio de “Mónica”, activista por los derechos de las mujeres, quien en los últimos años ha podido brindar información sobre el aborto y acompañar a mujeres que decidieron interrumpir su embarazo. Mónica hace sobre todo énfasis en desmentir los mitos en torno a este procedimiento.

“Recibíamos cuatro consultas al mes por información para decidir, dudas sobre qué sucede después del procedimiento, miedos”, comenta Mónica”, ella también decidió formar parte de estas redes de apoyo en Arequipa. “Nosotras acompañamos en la decisión  que pueda realizar la mujer sobre su cuerpo. Sean las circunstancias que sean ellas deben elegir”, remarca.

La activista también señala que los argumentos religiosos en contra del aborto han estigamtizado aún más a las mujeres, y ha ocasionado que los círculos de diálogo se cierren por temor a hablar del tema. «La sociedad de Arequipa se refugia en la religión para opinar sobre el cuerpo de la mujer, o todavía considera que es tabú hablar del aborto. Ese también es un temor de ellas, un temor a la estigmatización, de culparlas por la decisión que han tenido frente a un contexto que incluso no sabemos y tampoco deberíamos», menciona.

Esto se vio evidenciado en el caso de Adela. Pese a que su  salud se encontraba en riesgo, su nombre era mencionado en comentarios relacionados a Dios, al castigo divino e incluso acusaciones de infidelidad abundaban en las publicaciones de las redes sociales. También exigían “dura sanción” para la madre de familia. 

Exigen el derecho a decidir

El distrito fiscal de Arequipa recibió denuncias de 828 casos de abortos en la región entre el 2008 al 2022. Del total, 171 continúan en investigación preliminar, formalización o apelación. El resto fue archivado. Las investigaciones incluyen delitos de autoaborto, aborto consentido y no consentido, lesiones, violación sexual, contra la salud pública, ejercicio ilegal de profesión y muerte.

Wayka conversó con Zoraida Sonco Paredes, responsable del Área Legal de FORDES de Arequipa, quien indicó que los delitos realizados contra las mujeres, es decir autoaborto y aborto con consentimiento, no superan los cuatro años de sanción.

“Son penas que ni siquiera exceden el tiempo de la investigación. (…) El sistema lo que busca es castigar el hecho de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo de alguna forma”, observa Sonco Paredes.

Añade que si una mujer acude a un establecimiento médico después de un aborto no debería ser perseguida por los operadores de justicia. “Está el derecho de no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, bajo ese entendimiento no tendría que haber esa persecución contra las mujeres”, señala.

Marchan para la legalización

Para este año, los colectivos arequipeños que reclamaron la despenalización del aborto y realizaron intervenciones en las dos principales plazas de Arequipa con la consigna Niñas No Madres y Por La Autonomia de Nuestros Cuerpos, el pasado 28 de septiembre. “Nos autoconvocamos para demandar al gobierno genocida y exigir la defensa de todas las niñeces  y adolescencias que vieron vulnerado sus derechos a mantener una salud sexual libre de violencia», precisó Indira Molina del Colectivo Mikamaru.

Agrega que para este año aboradarán los mitos acerca de la despenalización del aborto que influyen en la negativa de ciudadanía para mostrarse en contra. «Previa a esta intervención, en colaboración con otros colectivos, hemos realizado talleres donde identificamos los dichos más, digamos, comunes como ‘prohibir el aborto salva vida’, ‘salvan bebés’, ‘puedo opinar sobre el aborto’ cuando esto último no es verdad. Esto le corresponde solo a la mujer», detalló. En la movilización del 28S también exigieron que el Estado cumpla su rol frente al aborto terapeutico con las menores, victimas de violación sexual con el lema Niña No Madres.  

Dato: Entre el 2015 y 2023, el distrito judicial de Arequipa emitió 57 sentencias por delitos de aborto.