El candidato a la presidencia del Congreso es miembro de un grupo de Whatsapp en donde mineros promovieron la derogatoria de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607 que establecía acciones para luchar contra la minería ilegal. Anteriormente Salhuana ha sido cuestionado por sus vínculos con personajes asociados a la minería ilegal.
Por Jair Sarmiento
El pasado 13 de marzo de este año, el Pleno del Congreso aprobó derogar la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607 que establecía acciones para luchar contra la criminalidad asociada a la minería ilegal y que establecía una fecha límite (20 de marzo de 2024) para la formalización de los mineros.
En pocas palabras, esta medida aprobada por el Legislativo le dio un respiro a aquellos mineros ilegales que se disfrazan de mineros informales a través de su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que genera impunidad ya que los exime de procesos judiciales.
Entre los congresistas de la Amazonía que votaron a favor de proyecto de ley que favorece minería ilegal, estuvo Eduardo Salhuana Cavides, parlamentario de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) y candidato a la presidencia del Congreso, quien es conocido por presentar proyectos de ley que entorpecen la lucha contra la minería ilegal, fomentan la deforestación, atentan contra pueblos originarios y favorecen a quienes ejercen la minería ilegal.
Sin embargo, es necesario mencionar que desde año pasado, Salhuana promovió y respaldó la campaña que mineros informales y artesanales —agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal en Perú (Confemin)— ejecutaron para presionar al Congreso sobre la ley que favorecía a la minería ilegal. Así también lo confirma un chat de octubre del 2023 al cual pudo acceder Wayka.
En el chat que tiene el título de ‘MAPE’ y el logo del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala (IPF MAPE), Salhuana compartió el link de un reportaje de Hildebrandt En Sus Trece que critica la presencia de mineros ilegales en La Pampa (Madre de Dios), y seguidamente ordena a los miembros: “Esto debemos contrarrestar. La opinión pública es importante. Refutar en los medios”.
Quien responde a Salhuana es José Farfán Estrada, abogado de la Confemin y conviviente de la gerenta general del OEFA, Miriam Alegría Zevallos. “Pseudoambientalistas”, es el término con el que se refiere Estrada a quienes cuestionan la informalidad e ilegalidad que también existe detrás de la minería pequeña y artesanal.
En ese intercambio de mensajes también aparecen otros personajes como Marita Chappuis, ingeniera de minas, consultora que ha ofrecido sus servicios a grandes mineras como Southern Perú Cooper Corporation, Volcan y Antamina, y exDirectora General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
De igual modo, en el chat vuelven a surgir nombres que se identificó en un informe anterior de Wayka: Óscar Tinoco Moleros, un minero con la inscripción suspendida en el Reinfo y exafiliado al partido Perú Posible y Magno Ismael Palomino Garamendi, un comerciante que registra una denuncia por tenencia ilegal de armas y que estuvo afiliado entre el 2007 y 2017 a Perú Posible, partido político del expresidente preso Alejandro Toledo.
Uno de los miembros de este grupo que llama la atención es el asesor de gremios mineros Adolfo Valverde Calipuy, quien, según un informe del portal EpicentroTV, es mencionado en la disposición fiscal y la resolución judicial del caso “La Gran FA”, una presunta organización criminal dedicada a la minería ilegal y al sicariato en la provincia de Otuzco (La Libertad), según la Fiscalía.
Es necesario mencionar que entre el 2013 y 2014, y entre el 2017 y 2021, Salhuana Cavides fue asesor legal del gremio de mineros artesanales llamado Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin). Además, ocupó el cargo de gerente general del Gobierno Regional Madre de Dios entre el 2015 y 2016, durante la gestión de Luis Otsuka, exgobernador y exdirigente de la Fedemin que actualmente está investigado por delitos ambientales y lavado de activos.
Además, en un reportaje de marzo de este año del programa Punto Final reveló que el mencionado parlamentario y una de sus asesoras fueron abogados de Saxi Arapa, un minero informal que se habría beneficiado con la derogatoria del Decreto Legislativo 1607.
Lo rechazan
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) rechazó la posible elección de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso.
“La presidencia del Congreso debe ser asumida por una persona con conducta intachable e incuestionable (…) Es urgente que todas las bancadas políticas se comprometan firmemente a conservar nuestros recursos naturales y luchar contra la minería ilegal que nos afecta gravemente. El Estado debe actuar para proteger a las poblaciones víctimas de actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, criminalidad entre otras”, manifestó el OMI.
Por su parte, el investigador de CooperAcción, José de Echave, señaló a un medio local que si se elige a Salhuana, se estaría consolidando el nivel de influencia que poseen los sectores extractivos ilegales sobre el Congreso.
“Si uno revisa los registros de visitas, es uno de los congresistas que más ha recibido a mineros informales o abiertamente ilegales en los últimos años, y si uno revisa las normas que Salhuana ha impulsado, claramente su actividad congresal ha estado vinculada a este sector”, comentó De Echave.
