14 parlamentarios que representan a cinco departamentos amazónicos (Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios) votaron a favor, se abstuvieron o no asistieron al Pleno. Algunos poseen vínculos con casos de depredación ambiental.
Por Jair Sarmiento
14 congresistas que representan a cinco departamentos de la Amazonía peruana (Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios) votaron a favor, se abstuvieron o no asistieron al Pleno del Congreso ayer, 13 de marzo, cuando se aprobó el proyecto de ley que derogó la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, el cual establecía el 20 de marzo como fecha límite para la formalización de los mineros y que facultaba a la Policía a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos. En pocas palabras, una medida que le da aire a quienes se dedican a la minería ilegal.
Respecto al departamento de Loreto, están los congresistas Jorge Morante Figari (Fuerza Popular), Rosio Torres Salinas (Alianza Para el Progreso), Hitler Saavedra Casternoque (Somos Perú) y Juan Carlos Mori Celis (exAcción Popular). Los tres primeros votaron a favor y el último no estuvo presente en la votación.
El departamento de Amazonas está representado por Segundo Toribio Montalvo Cubas (Perú Libre) y Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular). El primero votó a favor y la segunda no estuvo en la votación.
En tanto, Lucinda Vásquez Vela (exPerú Libre – Bloque Magisterial ), Luis Arturo Alegría García (Fuerza Popular), Cheryl Trigozo Reátegui (Alianza para el Progreso) y Karol Ivett Paredes Fonseca (Acción Popular) son los parlamentarios que representan a la región de San Martín. La primera votó a favor, las dos siguientes votaron en abstención y el último no votó.
Eduardo Salhuana Cavides es el único representante por la región Madre de Dios. Votó a favor.
Vínculos con la depredación ambiental
Es necesario recordar que el portal Actualidad Ambiental realizó en 2021 una radiografía de cada uno de los congresistas representantes de la Amazonía, y halló una serie de vínculos con la deforestación y otras actividades por las que también están siendo investigados por la Fiscalía.
Algunos de ellos es el fujimorista Jorge Morante Figari, quien fue designado director ejecutivo del Organismo Público Infraestructura para la Productividad (Opipp) por Fernando Melendez Celis, entonces gobernador regional de Loreto. Este último fue congresista del 2020 al 2021 y tiene investigaciones, junto a su hermano, el excongresista y exministro Jorge Melendez Celis, por vínculos con casos de deforestación.
Morante Figari hace poco presentó un proyecto de ley que atentaba contra la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento (PIACI). Además, se negó a reconocerlos. La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios lo investiga por presunto abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible.
La congresista de Alianza Para el Progreso Rosio Torres Salinas es esposa de Fernando Meléndez Celis y está implicada en una investigación contra los Melendez Celis sobre el presunto delito de lavado de activos derivados del tráfico ilícito de drogas, a cargo de la fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Loreto, Rony del Águila Gonzales.
Hace poco, un noticiero reveló que Rosio Torres Salinas habría obligado a al menos cinco trabajadores de su despacho a depositar parte de sus salarios a su sobrino, quien es frecuente visitante del Parlamento.
Entre el 2013 y 2014, y entre el 2017 y 2021, Eduardo Salhuana Cavides fue asesor legal del gremio de mineros artesanales llamado Federación Minera de Madre de Dios. Además, ocupó el cargo de gerente general del Gobierno Regional Madre de Dios entre el 2015 y 2016 –durante la gestión del exgobernador Luis Otsuka, exdirigente de la mencionada Federación que actualmente está investigado por delitos ambientales y lavado de activos-.