Un plazo máximo de tres meses ha otorgado al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno peruano para que responda por la demanda que interpuso ante el sistema interamericano la defensora de agua y los bienes naturales, Máxima Acuña.

En noviembre de 2017, la campesina cajamarquina que ha debido hacer frente a la minera Yanacocha (proyecto Conga) por el predio en el que vive con su familia, presentó ante el organismo internacional de derechos humanos, una petición en contra del Estado peruano por incumplir con su deber de tutelar sus derechos fundamentales, al sentirse violentada por la empresa y el propio Estado peruano en diversas oportunidades desde el año 2011.

Ese mismo año, el Ministerio Público rechazó la demanda de Acuña por violencia de género, tras señalar que el conflicto con la minera en la que ha denunciado reiteradas veces hostigamiento, ocasionó el deterioro de su salud física y psicológica. Una vez que la fiscalía rechazó su denuncia, abrió la puerta para que Acuña pueda acudir al sistema interamericano, y así lo hizo con el apoyo de las organizaciones Grufides y Demus, pues se consideró que se agotó la vía nacional para atender su caso.

“Frente a una respuesta estatal ineficiente frente a la violencia de género, la defensora Máxima ha hecho uso de su derecho a recurrir a instancias internacionales para ver garantizado su derecho de acceso a la justicia y que sus agresores sean sancionados. en este caso la empresa. El Estado debe mejorar su aplicación de la ley 30364 frente a la violencia de género en conflictos ecoterritoriales”, señala Jessenia Casani, representante de Demus.

Informes elaborados por las organizaciones antes mencionadas señalan, a partir de la entrevista realizada de 54 defensoras que han sufrido ataques por su labor de defensa de cuerpos y territorios, que la violencia de género es usada como mecanismo de ataque contra ellas, siendo el 50% de ellas víctimas de alguna modalidad de violencia sexual expresada muchas veces como insultos de connotación sexual y misóginos. El 88% de ataques tuvieron como escenarios las movilizaciones y las calles. Como principales agresores figura el personal policial en el 81.48% de casos.