Nuevo informe de Amnistía Internacional fue presentado en medio de ataques de grupos violentos que niegan las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la protesta contra Dina Boluarte. Informe sostiene que el uso de la fuerza letal solo se registró fuera de Lima y que por el modo de ejecución habría sido una política de Estado.
| Por Kevin Huamani O.
Amnistía Internacional presentó en una conferencia de prensa su nuevo informe «Racismo Letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú» donde resalta cinco hallazgos vinculados a las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante las manifestaciones sociales contra Dina Boluarte. El documento presentado el jueves 25 de mayo apunta a la identificación de responsabilidades civiles y militares de más alto nivel sobre lo ocurrido a inicios de diciembre del 2022 y el primer trimestre del 2023.
En ese contexto, un grupo fascista intentó boicotear la presentación. Alrededor de 20 personas lanzaron gritos y agresiones verbales a los familiares de las víctimas de la represión que se encontraban en el evento. Los infiltrados, portaban carteles que pretendían desconocer los más de 60 asesinatos que aún esperan por justicia.
- “La Policía atacó a manifestantes en condiciones que no justificaban el uso de la fuerza letal”
El informe concluye que del total de asesinatos, 20 se ejecutaron de forma deliberada e intencional. Agrega que las víctimas estaban desarmadas, sin defensa y a cientos de metros de las manifestaciones.
Asimismo, reafirma el uso de rifles de largo alcance contra manifestantes y que las balas impactaron cabeza, pecho y estómago; hechos que se denunciaron en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e investigaciones periodísticas internacionales y de medios digitales nacionales.
Por otro lado, el informe sostiene que por dos o tres meses se ha observado un mismo patrón en el uso de la fuerza letal contra la población. Además, incluye también a las armas no letales como el gas lacrimógeno y perdigones de metal.
Cabe resaltar que según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el párrafo 178, se indica que las armas no letales pueden llegar a ser letales cuando se usan de forma indiscriminada y si se dirigen a partes sensibles del cuerpo como la cabeza.
- El uso de la fuerza letal constituiría una política de Estado
“Lejos de ser hechos aislados, el uso de la fuerza letal ha sido una respuesta deliberada, organizada y coordinada”, sostiene el informe. Amnistía Internacional consideró que hay responsabilidad de autoridades civiles o militares, hasta del más alto nivel, ya sea por dar la orden de disparar a manifestantes o por no evitar los disparos. - Ejecuciones son una consecuencia del racismo sistémico
“El personal militar utilizó la fuerza letal solo fuera de Lima”, es decir en regiones con mayor presencia de comunidades indígenas y campesinas, a diferencia de lo registrado en Lima, donde principalmente se usaron gas lacrimógeno y perdigones. Según el informe la represión y los asesinatos son parte del racismo sistémico presente en el país. - El régimen de Dina Boluarte estigmatizó a manifestantes
El Poder Ejecutivo estigmatizó a los manifestantes y nunca exigió asignación de responsabilidades en la Policía o el Ejército, al contrario, los congratuló. El informe puntualizó en que Dina Boluarte difundió acusaciones sin pruebas contra las personas que se manifestaban contra su régimen. - Justicia lenta
Amnistía Internacional reveló que el personal halló pruebas en los suelos donde ocurrieron las ejecuciones, incluso días después de haber ocurrido. En ese sentido, señalan que la búsqueda de justicia está interrumpida.
Por otro lado, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, y hermano del médico asesinado en Juliaca cuando auxiliaba a un herido, denunció que las carpetas de investigación las trasladaron a Lima. “No nos atacan con armas pero sí legalmente, buscan la manera de destruirnos”, declaró Samillán. Agregó que este cambio ha generado preocupación pues no tienen los medios para movilizarse hacia la capital.
Por su parte, Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, hizo hincapié en que las muertes califican como violencia estructural y sistémica. Recordó también que las muertes no se produjeron por balas perdidas sino por una acción deliberada, por lo menos en los 20 casos que documentaron por la ubicación de las heridas, las circunstancias y el tipo de armas usadas. Además, Callamard acotó que el hecho de no tomar acciones para cambiar el modus operandi de la Policía y los militares en las manifestaciones y que este se haya reiterativo, sería síntoma de que este accionar fue una política de Estado y que, en consecuencia, acarrea una responsabilidad al más alto nivel.
Finalmente, Marina Navarro, de Amnistía Perú, precisó que la justicia peruana tiene un plazo de 8 meses para las investigaciones pertinentes. Aseguró que en caso de que en territorio nacional no se consiga justicia para las víctimas y establecer las responsabilidades, el caso será reasentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
