Redacción Wayka
La Comisión Especial de selección de candidatos o candidatas aptas para conformar el Tribunal Constitucional (TC) aprobó el proyecto de Resolución Legislativa 254, que busca modificar el reglamento que determina el proceso de elección de los magistrados del TC, el pasado miércoles 15 de septiembre. Dos días después, el Pleno del Congreso inició el debate del proyecto a medianoche, pero suspendió la sesión hasta el próximo lunes 27 de septiembre.
¿De qué trata esta modificación?
El proyecto de Resolución Legislativa 254 pretende modificar los puntajes de evaluación que deben rendir los y las postulantes para ser parte del Tribunal Constitucional.
El reglamento actual considera que los y las candidatas aptas deben pasar por dos etapas. La primera es la evaluación curricular, donde la calificación máxima es de 75 puntos; y la segunda, la entrevista personal, de la que se puede obtener un máximo de 25 puntos. Sin embargo, con el nuevo reglamento propuesto, la asignación de los puntajes cambiaría significativamente.
Con la nueva propuesta legislativa, el puntaje máximo asignado a la entrevista personal se duplicaría, pasando de 25 a 50 puntos; mientras que, el puntaje máximo para la evaluación curricular se reduciría de 75 puntos a 50. Así, ambas etapas de la selección de magistrados y magistradas para el TC tendrían el mismo valor.
Pero este cambio, que implica otorgar mayor puntaje a la etapa de entrevista personal, podría tener efectos negativos. En las entrevistas personales realizadas en junio pasado durante el periodo del Congreso anterior (2020-2021), las preguntas que se realizaron a los y las postulantes estuvieron basadas en cuestiones ideológicas y morales.
Así, el cambio en la asignación de los puntajes para la selección de las y los magistrados del TC podría esconder la intención de proteger intereses particulares, pues su elección estaría basada en el corte ideológico de la o el candidato.
Miembros de la Comisión TC cuestionados
Seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional tienen más de un año de haberse vencido sus mandatos, pero hasta ahora no se determina a las y los magistrados que los reemplazarán. La Comisión TC, liderada por el congresista de Perú Libre, José Balcázar, es la encargada de seleccionar los reemplazos, pero está altamente cuestionada, pues tres de los nueve parlamentarios que conforman la Comisión enfrentan investigaciones en la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción o sedición.
Uno de los cuestionados es Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, quien fue denunciado ante el Ministerio Público por el presunto delito de sedición. Veintiún años antes de que postule a las Elecciones Generales 2021 como congresista y vicepresidente de Renovación Popular, el excomandante general de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya Manrique, firmó el “Acta de Sujeción” que impulsó el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos con el objetivo de garantizar impunidad a los jefes militares del régimen de Alberto Fujimori ante los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos.
Otro de los cuestionados es Wilmar Elera García de la bancada Somos Perú-Partido Morado, quien enfrenta hasta cuatro denuncias por el presunto delito de corrupción. Actualmente, una de las denuncias contra el congresista por Piura ya está en la etapa de juicio oral. La denuncia por la que Elera está siendo procesado es por el presunto delito de colusión agravada, en agravio de la municipalidad distrital de Pacaipampa, por irregularidades cometidas en la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de dicha localidad.
Finalmente, Eduardo Salhuana Cavides, congresista de Alianza para el Progreso tiene tres denuncias por el presunto delito de malversación de fondos. El mismo parlamentario afirmó que los tres casos tienen origen en “denuncias políticas” cuando fue gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios.
