Comuneros de Huancuire afectados por Las Bambas viajan 30 horas a Lima y regresan sin compromisos del Gobierno
Comuneros de Huancuire, un pueblo campesino a más de 4 mil m.s.n.m. de Apurímac, denuncian que el Estado vulnera sus derechos al aprobar la extensión de proyecto minero de cobre Las Bambas en sus tierras sin siquiera consultarles.
Andrea Morales y Claudia Risco
Tuvieron que dejar sus casas, familias, chacras y animales para emprender un viaje de 30 horas y llegar a Lima con la esperanza de ser, al fin, escuchados. Cinco representantes de la comunidad campesina de Huancuire, un pueblo a más de 4 mil m.s.n.m. de Apurímac, han tenido que venir hasta aquí para exigirle al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se respeten sus derechos y realice la consulta previa antes de autorizar la extensión del proyecto minero Las Bambas.
“El Estado nunca nos ha hecho caso, nunca nos ha tomado en cuenta. Ahora hemos venido gastando nuestros propios recursos, hemos hecho muchas cosas para poder llegar a Lima”, dice Lourdes Huilca, una de las representantes de Huancuire.
Comuneros de Huancuire en Plaza San Martín. Créditos: Andrea Morales
Pese a un compromiso firmado el 12 agosto de 2021 por parte del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, para iniciar un proceso legítimo y consensuado de consulta previa a la comunidad de Huancuire, el MINEM otorgó a inicios de marzo de este año la Autorización de Inicio de Actividades (AIA) de la explotación de Chalcobamba, el segundo tajo abierto que es parte de la extensión de la mina de cobre operada por la compañía china MMG.
“Esto es completamente ilegal para nosotros. Somos una comunidad indigena que ancestralmente venimos usando nuestras tierras. Lo que queremos es que el gobierno central y sus ministros cancelen la aprobación del proyecto. Que lo deroguen, eso es lo que pedimos actualmente. Nosotros no vamos a permitir este atropello, esta violación a nuestros derechos fundamentales”, denuncia Gregorio Ochoa, delegado de la comunidad campesina.
La comunidad campesina de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac, es un pueblo agricultor, principalmente de papa y chuño, que ocupa ancestralmente las tierras donde se desarrollaría la explotación de Chalcobamba.
La preocupación de las 200 familias que la conforman es, según el Estudio de Impacto Ambiental realizado, la pérdida de pastos que afecta a sus animales y la posible desaparición de la laguna Charcascocha, cabecera de cuenca de la que se sirve todo el distrito de Coyllurqui.
La comunidad campesina de Huancuire- Crédito Alex Anglas
CONTAMINACIÓN Y MUERTE
“Nosotros tenemos que pedirle permiso a la mina para usar el agua, pero si no la utilizamos, ¿de dónde vamos a vivir? En la cuenca tenemos lagunas, lamentablemente esas lagunas van a desaparecer”, manifiesta preocupado el vicepresidente de Huancuire, Isidro Pusaclla.
El Estudio del Impacto Ambiental de este proyecto minero señala que la laguna Charcascocha va a desaparecer. Las aguas de esta laguna sirven tanto para las actividades agrícolas y ganaderas como para el consumo directo de la comunidad campesina de Huancuire. Pero ahora esta fuente de vida corre peligro, y ni siquiera les han consultado.
“Vamos a ser contaminados ambientalmente, los animales van a morir. Ya pasó todo eso, ya nos han contaminado una vez más las mineras las Bambas. Las aguas han salido sucias, han muerto nuestros peces, nuestros animales”, añade Lourdes.
«Sin consulta previa, Chalcobamba no va», se lee en un cartel que pinta una comunera. Crédito: Andrea Morales
Las Bambas es una mina de cobre manejada por la empresa china MMG y funciona en Apurímac desde 2004. En estos 14 años, cinco personas han fallecido durante enfrentamientos con la Policía. Las causas principales de las protestas contra la mina han sido principalmente la contaminación y los incumplimientos sociales de parte de la minera MMG.
Al respecto, un informe de Red Muqui sostiene que la comunidad campesina de Huancuire ha sido la más afectada en temas de contaminación de recurso hídrico, flora y fauna. Dentro de esta contaminación, se calcula que son un total de 500 familias las que han sido afectadas por la contaminación de los manantiales y puquiales como consecuencia del trabajo que realiza la minera.
“No vamos a permitirlo fácilmente, porque lamentablemente somos olvidados por el Estado que apoya a la minera. Invoco a todas las autoridades que vayan a la comunidad y vean la realidad, en qué situación vivimos”, exhorta impotente Isidro.
La comunidad campesina de Huancuire- Crédito Alex Anglas
AÑOS SIENDO IGNORADOS
A fines del 2019, Las Bambas presentó una solicitud para autorizar el inicio de actividades del tajo Chalcobamba, que es el segundo tajo del proyecto. En ese momento, la comunidad campesina solicitó el inicio de la consulta previa. El Estado les envió un primer plan de consulta, pero esta era virtual. Ante las quejas, mandaron luego un segundo plan con plazos excesivamente cortos, como dar solo dos días para la deliberación interna de la comunidad.
Ante las críticas de la comunidad, el 12 de agosto del año pasado se firmó un acta donde el MINEM reconoció las falencias de los dos planes de consulta enviados. Entonces, para subsanar el error, la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MINEM se comprometió a remitir un nuevo plan de consulta.
“El problema está en que hasta la fecha no se ha remitido un nuevo plan de consulta. Pese a eso igual se ha ido adelante con la autorización de inicio de actividades del tajo Chalcobamba. No podemos aceptar un plan de consulta que no cumpla los estándares internacionales, sería ponernos la soga al cuello ”, explica Alex Anglas, representante legal de la comunidad.
Alex Anglas, defensor legal de la comunidad campesina. Créditos: Andrea Morales
“Lo normal debería ser la consulta antes de la concesión, antes de la exploración, antes de la explotación. Sin embargo, aquí quieren hacer la consulta previa cuando la mina ya está instalada. No hay consistencia por parte del Estado peruano, son unas leyes tramposas”, añade Gregorio Ochoa, integrante de la comunidad campesina.
La ley de Consulta Previa fue aprobada en nuestro país en 2011, entre muchos de sus defectos, se encuentra que no es vinculante, por lo tanto es el Estado quien toma la decisión final. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido una causal en que la Consulta Previa sí es vinculante para la toma de decisión estatal y, que es obligación del Estado no solo consultar, sino obtener el consentimiento del pueblo indígena u originario afectado.
“En minería, la consulta se hace al final y eso termina siendo perjudicial porque mucha gente dice ‘oye por qué hay consulta cuando todo está aprobado’. Entonces, eso es un problema del diseño de la consulta, otro problema también es la implementación. La consulta la hacen de manera rápida y sin traductores, sin personas que puedan ir a las comunidades. Y por último, los compromisos terminan en un acta que nadie ve. Además, no implica que se va a respetar porque no es vinculante la consulta”, apunta el catedrático de la Universidad del Pacífico, Roger Merino.
HASTA AGOTAR TODOS LOS MEDIOS
La delegación de representantes de Huacuire se encuentra en Lima desde el lunes 28 de marzo y aseveran que van agotar todas las instancias. Por lo pronto, han tenido una reunión con el mismo ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, quien luego de escucharlos por unos minutos afirmó que ‘el problema se iba a solucionar’ y sin más preámbulos ni disculpas, se salió de la reunión.
Entonces, se quedaron a cargo funcionarios de la OGGS, quienes no ofrecieron una salida dialogante, -según los comuneros-, pues lejos de proponer soluciones y cumplir con los compromisos firmados en agosto del año pasado, les dijeron que si querían, realicen un litigio, el cual que podría tomar hasta diez años. Mientras la minera inicia sus actividades para abrir el tajo Chalcobamba en sus territorios.
“La comunidad va a ir a todos los ministerios y al Congreso. Si no nos quieren hacer caso, haremos una protesta porque lamentablemente este es un derecho de las comunidades indígenas: primero tenía que hacerse una consulta previa”, manifiesta Isidro.
¿Por qué el Estado espera que estalle otro conflicto? Para el especialista Roger Merino es “porque no considera realmente los intereses de las comunidades, no están dentro de sus prioridades, no se encuentran en su radar político, sólo recién cuando estos pueblos se movilizan o toman la carretera”.
Pese a las constantes negativas que reciben, los comuneros no pierden el sentido del humor. Bromean entre ellos mientras escriben sus demandas en cartulina. La que se repite es «Consulta Previa Ya». ¿Cuántas veces más van a tener que escribirlo hasta ser atendidos?
