Comuneros piuranos denunciados por empresa vinculada al Sodalicio llevan 9 meses esperando justicia
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) señala que los comuneros de Catacaos son criminalizados por proteger sus territorios. Ellos esperan que la Primera Sala Civil de Apelaciones resuelva a su favor e impida que los despojen de sus viviendas y tierras.
Por Malú Ramahí, corresponsal en Piura
Desde el 2014, la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana, mantiene una demanda contra 9 comuneros y comuneras de Catacaos en Piura y exigen su desalojo de las tierras donde viven. En primera instancia, el juzgado falló a favor de la empresa, pero la defensa de los comuneros decidió apelar en noviembre de 2021. Nueve meses después de la audiencia, la Primera Sala Civil de Apelaciones aún no fija una fecha para la lectura de sentencia.
Ellos esperan ser absueltos frente a una demanda que consideran injusta. Así lo dieron a conocer en una conferencia de prensa realizada en Piura este último jueves 4 de agosto.
Alejandro Martens, abogado del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), quien viene apoyando a la defensa legal de los comuneros, señala que 1 985.40 hectáreas que forman parte de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, y que actualmente se encuentran en disputa, fueron transferidas a empresas vinculadas al Sodalicio sin conocimiento de las y los comuneros.
“Hay 100 mil hectáreas que deberían estar en manos de los comuneros de Catacaos, pero ahora está en manos de terceros y que son parte de un tráfico de terrenos. Es decir, se apropian de forma irregular distintas hectáreas de terreno para obtener beneficio económico”, señaló Martens.
Los comuneros de Catacaos criminalizados por la ACSB son Wilmer Maza Sandoval, Santos Maza Juárez, Percy Maza Sandoval, Casimiro Maza Juárez, Percy Vílchez Chiroque, Paula Sandoval Sullón, Gregorio Inga Sánchez, María Maza Flores y Reynaldo Palacios Anastasio. Santos Elías Mendoza también estuvo demandado, pero falleció.
En caso no logren revertir la sentencia, no solo los 9 comuneros demandados serán desalojados, también alrededor de 200 familias se quedarían sin una vivienda y tierras.
Cabe señalar que la Asociación Civil San Juan Bautista fue sustituida por la empresa Agrícola Santa Regina. Luego, en el 2021, la Agrícola San José S.A.C. continuó con el proceso como demandante de los comuneros.
CRIMINALIZACIÓN QUE NO CESA
En la conferencia de prensa también estuvo presente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) para denunciar que desde el 2011, un total de 39 comuneros han sido denunciados por defender sus territorios, principalmente, de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana. Esta institución brinda asesoría legal a los comuneros desde el 2019.
Tal como lo explicó la secretaria de la Cnddhh, Jennie Dador, estas empresas privadas criminalizan a los comuneros a través de denuncias. De esta forma logran saturar el sistema de justicia y atacar la reputación de los comuneros, quienes tienen legítima posesión de sus tierras.
También indicó que 26 comuneros y comuneras han sido declarados por el Ministerio de Justicia como defensores de los derechos humanos. Todos ellos denunciados por proteger sus territorios.
“Lo que pretenden hacer es utilizar las figuras que están en el código penal, que son delitos. Te hacen una denuncia y te mantienen involucrado en un proceso penal durante cinco, seis, siete, ocho años. Es un ejercicio abusivo que hacen esos empresarios, coludidos con algunos miembros de la Policía, Fiscalía, y Poder Judicial”, manifestó Jennie Dador.
Entre las empresas denunciantes se encuentra la Asociación Civil San Juan Bautista, Inversiones San José SAC., Agrícola Santa Regina, y Agrícola San José, todas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, como lo reveló una investigación de Wayka.
Percy Maza Sandoval es el comunero que más acusaciones en su contra que suman 23. Recientemente, Percy y su tío, Félix Maza, fueron absueltos de una sentencia que los condenaba a 4 años de prisión suspendida, tras haber sido criminalizados por la empresa Santa Regina, vinculada al Sodalicio, por presunto hurto, daños y usurpación.
A pesar de haber quedado absuelto, Percy se ha visto afectado por las denuncias, sobre todo en su vida laboral. “No puedo conseguir trabajo porque las empresas piensan que soy un delincuente, que uso armas blancas, y eso es negativo para mí”, cuenta.
