Un revelador reportaje sobre la Confiep que aportó junto con Odebrecht a la bolsa de 2 “palos verdes” para hacer campaña pro-Keiko apareció en una revista periodística el viernes pasado.

El reportaje muestra, en primer lugar, la extensión en que la Confiep y los capitostes de la gran empresa se metieron en esa campaña de los 2 millones de dólares: están prácticamente todos los grandes grupos económicos, con brazos en las finanzas, minería, pesca y energía. Anteriormente ya se había divulgado la participación del grupo Romero, grupo Gloria, grupo Brescia y Roque Benavides en este financiamiento ilegal de campañas electorales levemente disfrazado. Ahora sabemos que también estuvo Rodríguez Pastor de Intercorp, la Southern, Volcan, entre otras. No sólo estuvieron los dos presidentes de la Confiep -en ese momento en transición- Ricardo Briceño (grupo Glencore) y Humberto Speziani (grupo  Brescia), sino uno anterior, José Miguel Morales Dasso (grupo Benavides).

La forma como las trasnacionales extranjeras intervienen impunemente en la política interna violando nuestra soberanía nacional es también pasmosa. El grupo español Telefónica, los argentinos de Pluspetrol, la trasnacional de energía Endesa, los anglo-suizos de Glencore, los mexicanos de Southern, la British-American Tobacco. Resulta que en el Perú hay que remarcar lo que en el resto del mundo es obvio: los extranjeros no pueden intervenir en la política nacional, que es un asunto exclusivamente de los peruanos. En Estados Unidos por ejemplo, una investigación abierta se preocupa por la influencia de Rusia en la elección de Trump; acá, poderosos intereses extranjeros arman una millonaria bolsa para influenciar las elecciones y no pasa nada: ¡hay que poner un freno!

Muchos de estas trasnacionales son de muy mala reputación: Telefónica le debe a SUNAT dos mil millones de soles; Pluspetrol  junto a una deuda tributaria similar a la de Telefónica tiene la mayor cantidad de multas por daños ambientales, las que se rehúsa a pagar entablando interminables juicios; la Southern también destaca por la contaminación generada y por haber causado el conflicto por Tía María sobornando dirigentes; Glencore que es responsable de la terrible contaminación en Espinar (miren al respecto el ejemplar documental “La vida no vale un cobre”) ha sido también acusada por sobornos en el Congo; la tabacalera BAT ha sido acusada por sobornos en varios países africanos y multada en Inglaterra por favorecer el contrabando. Todos unos angelitos; en esas condiciones no es de extrañar que estén muy interesados en contar con un gobierno y un congreso que los favorezca, poniendo plata con ese objetivo.

Algunos personajes políticos y mediáticos también asoman en la lista si uno mira bien. Pablo Bustamante, furioso opinólogo neoliberal, promotor del portal Lampadia, estuvo en el armado de la millonaria “chancha” pro-Keiko. Está también la familia Olaechea Álvarez-Calderón, dueña de Tacama, cuya principal figura es el actual congresista Pedro Olaechea, elegido por la lista de PPK pero que ya se ha pasado abiertamente al fujimorismo.

La lista de aportantes en la campaña pro-Keiko reveladas por Hildebrandt en sus Trece contenía algunos secretos bien guardados y abre temas que aún falta explorar. Por ejemplo, pareciera que los aportes millonarios pro-Keiko los hicieron desde sus empresas, en cuyo caso un 30 por ciento lo recuperaron mediante una rebaja del impuesto a la renta que sería fraudulenta.

Más allá de las investigaciones pendientes, la imagen general es bastante nítida: la “crema y nata” de los grandes negocios está comprometida con manipulaciones electorales para defender sus intereses sin respeto alguno a la democracia o la soberanía nacional.

 

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