Congresista plantea amnistía para Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos
El proyecto de ley del congresista Jorge Montoya plantea una amnistía para funcionarios públicos, militares y policías investigados por violaciones de derechos humanos. Esta iniciativa pretende dar una amnistía de carácter humanitaria para adultos mayores de 80 años, condenados por violaciones de derechos humanos (DDHH), con sentencia firme y en trámite de ejecución.
El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya planteó el proyecto de ley 7549/2023 – CR que busca otorgar amnistía a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú (PNP) y funcionarios públicos —investigados, denunciados o procesados sin sentencia firme— por violaciones a los derechos humanos durante 1980 y 2000.
Esta iniciativa del almirante retirado también pretende dar una amnistía de carácter humanitaria para adultos mayores de 80 años, condenados por violaciones de derechos humanos (DDHH), con sentencia firme y en trámite de ejecución.
Cabe recordar que este es un proyecto que comparten casi los mismos objetivos del proyecto presentado por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto para amnistiar para militares y que limita vigencia de delitos de lesa humanidad.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, señaló a través de sus redes sociales que estas iniciativas solo tienen como fin la impunidad.
«Las amnistías para violadores de DDHH (procesados o condenados) están prohibidas, por el derecho interno e internacional. Las amnistías violan las obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar a quienes han perpetrados graves crímenes contra los DDHH», mencionó el abogado.
Según Rivera, el proyecto es una copia de la ley 26479 promulgada por Fujimori en 1995. La Corte la declaró inválida.
El abogado de IDL agregó que la sentencia de la Corte IDH del caso Barrios Altos Vs Perú estableció que son inadmisibles las amnistías y otras excluyentes de responsabilidad de estos crímenes. Además, existe amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial del Perú que las prohíbe.
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