Una de las iniciativas plantea la pena de muerte para el presidente y altos funcionarios que cometan delitos de corrupción durante estado de emergencia. Especialistas consultados por Wayka señalan que se trata de propuestas inviables y de graves consecuencias.
Redacción Wayka
Este lunes, dos congresistas del partido Unión por el Perú (UPP) presentaron tres proyectos que proponen modificar la Constitución para aplicar la pena de muerte. En el caso de la parlamentaria María Bartolo, se trata de pena de muerte para violadores de menores de edad y para feminicidas.
En tanto, Jim Mamani propone que se aplique la pena de muerte para el Presidente, los congresistas, ministros, viceministros y gobernadores regionales que atenten contra el patrimonio del Estado durante un estado de emergencia.
Dos de las iniciativas legales de UPP incluyen también un artículo donde plantean la «denuncia» de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Es decir, el retiro de este tratado internacional.
Durante la campaña electoral, el congresista de UPP, Virgilio Acuña, ya había propuesto la pena de muerte para funcionarios corruptos. En febrero, el reo y exmilitar Antauro Humala reafirmó que los proyectos de ley de UPP tendrían «inspiración etnocacerista».
Actualmente, la Constitución Política del Perú solo considera la pena de muerte en casos de traición a la patria o terrorismo. Pero ningún delito contemplado en el Código Penal plantea la pena de muerte como sanción, lo que la hace inaplicable.
¿Es viable?
Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el actual Congreso no tiene un tiempo de vigencia que permita abordar esta problemática. Después de todo, el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos solo se podría hacerse efectivo un año después de que el Perú manifestara su decisión de salir.
«Políticamente la pena de muerte es utilizada con fines sobre todo electorales y demagógicos. Estos proyectos son reiterativos respecto a otras iniciativas que se han venido plasmando en los últimos años. Son medidas populistas, pero que en la práctica no tienen resultado objetivo«, manifestó Lamas Puccio a Wayka. En todo caso, comenta el abogado, sería un proceso muy largo que tendría que asumir el próximo Congreso.
Por otro lado, la abogada Renata Bregaglio, especialista en derechos humanos, aclara que aún si el Perú dejara de ser parte del Pacto de San José, los casos que ya están en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) seguirían su proceso.
«El Estado peruano podría seguir siendo condenado por esos casos. Lo que sí va a ocurrir es que ya no se podrían presentar nuevas demandas ante la Corte» explicó Bregaglio.
Consecuencias
De acuerdo a la abogada Renata Bregaglio, «las consecuencias de esa decisión (retirarse de la Convención) son bastante graves, porque estaríamos dejando de ser parte del principal tratado de derechos humanos de la Región».
«La comunidad internacional se mueve hacia la abolición de la pena de muerte por dos razones: no hay evidencia de que las personas dejen de delinquir por haber pena de muerte y porque el derecho penal contemporáneo tiene como principal función la rehabilitación y resocialización. No hay espacio para eso en la condena de pena de muerte», señala Bregaglio.
Por su parte, Lamas Puccio indicó que «cualquier persona que se sienta afectada por una decisión de esta naturaleza, va a recurrir también a la Comisión Interamericana».
