Estudio: criminalización del aborto afecta principalmente a gestantes en situación de pobreza

Investigación confirma que criminalización del aborto en Perú recae principalmente sobre mujeres jóvenes, pobres y con baja escolaridad, particularmente en regiones con alta población indígena, revelando una clara desigualdad en la aplicación de la justicia.

En el Perú, cada año unas mil personas con capacidad de gestar son sometidas a procesos penales debido a abortos o emergencias obstétricas. La mayoría vive en condiciones de pobreza, solo el 77% completó la educación básica y suelen tener entre 18 y 30 años (el 78%).

Según el estudio realizado por Proyecta Igualdad – una asociación feminista que trabaja en Perú para superar la desigualdad de género con un enfoque multidisciplinario –, las regiones con mayor índice de criminalización son Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, zonas de alta población quechua, lo que evidencia un patrón racializado.

Brenda Álvarez presentando la investigación. Créditos: Proyecta Igualdad.

«La criminalización puede afectar a todas las personas, pero no de forma igual. La persecución del aborto es totalmente desigual», afirmó Ximena Casas, representante regional de la investigación y directora del proyecto regional Podría ser yo: Por una salud sin miedos, el cual analiza la criminalización del aborto y eventos obstétricos en seis países de América Latina y el Caribe, entre ellos Perú, y su impacto en los derechos humanos.

Brenda Álvarez, abogada especializada en igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos, analizó junto con su equipo 100 sentencias por autoaborto, 15 expedientes, 17 entrevistas y estadísticas dentro del período entre 2012 y 2022, y encontró que el sistema de salud y el de justicia actúan con mecanismos de castigo en los casos de aborto, sin considerar si fue voluntario o no.

“En el contexto actual de retroceso de los derechos de la mujer, esta investigación sirve como evidencia científica del impacto de la criminalización. El enfoque multidisciplinario permite una mirada más amplia”, señaló Álvarez.

Según las estadísticas del estudio, 9 962 mujeres fueron investigadas por delitos vinculados al aborto voluntario durante el periodo de estudio (2012-2022): 9 845 por autoaborto y 96 por aborto en casos de violación sexual o eugenésico (interrupción del embarazo cuando se prevé que el feto nacerá con malformaciones o enfermedades).

El sistema judicial peruano criminaliza el aborto mediante la imputación del delito de autoaborto, que aunque contempla una pena máxima de dos años, es decir, sin prisión efectiva, en la práctica funciona como una sanción moral.

«En nuestros hallazgos hemos identificado cuatro patrones de violación de derechos humanos según el marco internacional: el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la confidencialidad, el derecho a la salud (específicamente en casos de violencia obstétrica) y las vulneraciones al debido proceso», explicó Casas.

Los centros de salud, primeros en criminalizar

En un contexto donde solo es legal el aborto terapéutico – y en el que incluso este derecho busca ser restringido por el Congreso mediante proyectos de ley antiderechos –, las mujeres enfrentan situaciones de criminalización, principalmente en los establecimientos de salud.

De acuerdo a la investigación presentada, el 84% de los procesos por aborto se inician en los establecimientos de salud. En el 71% de los casos, el personal sanitario es quien reporta el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP) o a la Fiscalía, ya sea que se trate de un aborto espontáneo o inducido. Es decir, son los propios servidores de los establecimientos de salud quienes activan la criminalización, violando el derecho al secreto profesional.

«La prueba reina sigue siendo la denuncia del profesional de la salud, (lo) que viola el secreto profesional, (es)una prueba ilegal; (esto), junto con la declaración de la mujer, tomada mientras está en sala de emergencias, en una situación de total vulnerabilidad», afirmó Ximena Casas.

La investigación documentó casos lamentables de criminalización como el de Ina, una mujer analfabeta con discapacidad auditiva condenada por autoaborto. Su hijo de 15 años fue interrogado sin garantías legales y su testimonio fue usado como prueba. Ina fue detenida por la policía inmediatamente después de salir de una consulta ginecológica. Otro caso documentado de flagrante violación de privación de la libertad, es el de Catherine, gestante que fue detenida durante cuatro días en hospital e inducida a autoincriminarse.

De acuerdo con Julia Romero, abogada constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el artículo 30 de la Ley General de Salud obliga al personal sanitario a denunciar indicios de aborto, pero no especifíca si solo cuando es inducido o también cuando eso. Sin embargo, Romero argumenta que esta práctica infringiría el artículo 2°, inciso 18, de la Constitución, que garantiza el derecho a «guardar el secreto profesional» por parte de los servidores de la salud para con la paciente.

«A pesar de que existe una norma que protege la privacidad en materia de salud, el personal sanitario suele aplicar el artículo 30», señaló.

Criminalización judicial

Varias organizaciones que trabajan para promover y defender los derechos sexuales y reproductivos – entre ellas UNFPA, Podría Ser Yo y Proyecta Igualdad – denunciaron durante la presentación de la investigación en Lima, que estos casos evidencian la tendencia punitiva del sistema de justicia contra las gestantes, incluso contra menores de edad.

En Arequipa, una menor de 16 años fue sentenciada y obligada a maternar, pero no es un hecho aislado: la investigación registró 21 adolescentes sancionadas por aborto voluntario. Incluso el aborto terapéutico -legal desde 1924 y reglamentado desde 2014- ha sido objeto de criminalización, con 96 casos documentados durante el período del estudio.

«En el momento más vulnerable de la mujer, cuando acude a servicios de salud, se enfrenta a acusaciones por parte de médicos, policías o fiscales. Lo que subyace es un mensaje claro: si no cumples con el estereotipo de madre, el sistema te penaliza», afirmó Hugo Gonzales, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú.

Julio Rodríguez, especialista en justicia penal y profesor de Derecho en la PUCP, analizó el trasfondo de estas sentencias: «El derecho penal actúa con mayor severidad contra quienes desafían los roles de género tradicionales. Estas condenas reflejan una visión moralizadora más que un enfoque de justicia».

Ximena Casas, señaló que los hallazgos muestran que los factores comunes en los casos de criminalización incluyen: falta de acceso a educación, pobreza, empleo informal y que suele tratarse de amas de casa, destacando además la frecuente omisión de la variable étnica en los procesos judiciales.

«Los resultados de este estudio y las recomendaciones de la OMS corroboran lo que hemos documentado en Salud Sin Miedos: las mujeres y niñas sí son criminalizadas, ya sea por emergencias obstétricas, abortos espontáneos o por decidir interrumpir su embarazo, incluso en casos permitidos por la ley», afirmó Casas.

Por su parte, Brenda Álvarez destacó que actualmente brindan acompañamiento en un caso de criminalización por aborto que involucra a una menor en Apurímac. Además, ante los altos índices de criminalización en la región, anunció que presentarán los hallazgos de la investigación en Apurímac y Ayacucho.

¡Tu apoyo es esencial para que Wayka continúe haciendo periodismo crítico contra la corrupción política y la desinformación de la prensa tradicional!

Nuestra independencia solo es posible porque no recibimos publicidad de empresas, ni financiamiento de políticos ni de ningún gobierno. En cambio, los seguidores como tú son el motor que sostiene nuestro trabajo.

Con tu aporte, defendemos los derechos humanos y la democracia para los peruanos de a pie; enfrentamos a políticos corruptos, empresas abusivas, la violencia contra las mujeres, la depredación ambiental y el racismo.