Congreso acelera su ofensiva para impedir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

La crisis institucional dentro del sistema de justicia peruano escaló nuevamente tras las recientes maniobras del Congreso para impedir que Delia Espinoza retorne a su cargo como fiscal de la Nación. A pesar de que un juez ordenó su reposición inmediata, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa sin cumplir la resolución judicial, extendiendo por semanas una situación que abogados y organismos internacionales califican como un “golpe institucional desde el Legislativo”.

El último episodio se dio el 25 de noviembre, cuando el Poder Judicial otorgó “por última vez” un plazo adicional de 48 horas para que la JNJ cumpla con reponerla. Sin embargo, la Junta volvió a dilatar la decisión, sosteniendo que la reposición “invade sus competencias”, postura con la que justificó la presentación de una demanda competencial contra el juez.

Una inhabilitación sin sustento

La denuncia contra Delia Espinoza tiene su origen en un reglamento interno que precisaba la conducción de investigaciones penales en casos de conflicto entre la Policía y el Ministerio Público. No obstante, ese reglamento fue emitido únicamente por el entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, sin participación de los demás fiscales supremos.

Pese a ello, la investigación disciplinaria incluyó a todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, la única sancionada fue la fiscal Espinoza.

En entrevista con La Mula, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, cuestionó la lógica detrás de la sanción:

“¿Cómo pueden, frente a una misma denuncia y por los mismos hechos, absolver a tres fiscales supremos —incluido quien firmó el reglamento— e inhabilitar solo a Delia Espinoza?”.

Pérez agregó que la decisión contradice toda coherencia jurídica: “Es como si hubiera cuatro personas en un auto, una conduciendo, y aun así condenas a quien va de pasajero”.

Espinoza enfrenta una inhabilitación de hasta 10 años, una sanción considerada abiertamente desproporcionada por especialistas.

La crisis también ha revelado una subordinación inédita del Ministerio Público (MP) frente al poder político, según advierten especialistas en justicia y derechos humanos. El exprocurador Antonio Maldonado fue categórico al describir esta mañana en Ideele la gravedad del momento institucional: “No hemos visto este nivel de sometimiento del MP al poder político como lo vemos hoy, un sometimiento servil, de gente que se arrodilla, dentro del MP, para servir a quienes están en el poder. No quienes ejercen dictaduras, sino algo más oprobioso, que es rendir culto a unos delincuentes en el poder, porque eso es lo que ocurre con varios miembros del Congreso que han incurrido en varios delitos”

Para Maldonado, este escenario confirma que la ofensiva legislativa y disciplinaria contra Delia Espinoza está diseñada para subordinar por completo al sistema fiscal, neutralizar investigaciones sensibles y consolidar un control político sin contrapesos.

Un patrón de captura institucional impulsado por el Congreso

Diversas organizaciones internacionales —CEJIL, DPLF, WOLA, OMCT y RFK Human Rights— alertaron que la decisión del Congreso forma parte de un patrón destinado a someter al Ministerio Público al control político.

En un pronunciamiento del 26 de noviembre, estas entidades denunciaron que la decisión contra Espinoza es “profundamente arbitraria”, y advirtieron que ocurre en un contexto donde el Congreso ha aprobado un paquete de leyes que “socavan la capacidad de la Fiscalía para enfrentar a las redes de criminalidad organizada” .

El pronunciamiento añade: “Desde 2023, el Congreso viene utilizando sus prerrogativas para capturar y paralizar al sistema de justicia, desmantelar la lucha contra la criminalidad organizada y perseguir a altos funcionarios que intentan cumplir su mandato constitucional”.

La declaración conjunta también cuestiona la actuación de la JNJ y afirma que suspendió preventivamente a Espinoza mediante un proceso lleno de irregularidades, ignorando una orden judicial que exige su reposición: ”La Junta no solo ha desobedecido la decisión judicial, sino que ha respondido denunciando penalmente al magistrado y demandando al Poder Judicial en una demanda competencial en la que aduce una invasión de sus competencias, en una escalada de confrontación institucional que tiene pocos precedentes en la región” señalan. Además, advierten que “la gravedad de esta situación exige una respuesta solidaria de la comunidad internacional”.

Como se recuerda los nuevos integrantes de la JNJ fueron elegidos en un proceso controvertido y dirigido por el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Este último también fue cuestionado, pues se le acusa de ser elegido tras una alianza política entre Fuerza Popular y Perú Libre.

El trasfondo: leyes “pro-crimen” y blindaje político

El pronunciamiento internacional destaca que este caso no es aislado: forma parte de un proceso legislativo que ha aprobado normas ampliamente calificadas como pro impunidad, entre ellas la Ley 32130, que debilitó la capacidad investigativa del Ministerio Público al trasladar competencias a la Policía, subordinada al Ejecutivo.

Asimismo, se recuerda que 54 congresistas tienen investigaciones previas y 63 registran indagaciones preliminares, lo que convierte el ataque a la Fiscalía en una estrategia para blindarse frente a procesos por corrupción y crimen organizado.

El caso Espinoza ya es observado como uno de los más graves ataques al Estado de derecho en la última década. Mientras la JNJ desacata órdenes judiciales, el Congreso impulsa su inhabilitación y organismos internacionales denuncian una captura sistemática de la institucionalidad, el Perú enfrenta un escenario de acelerado deterioro democrático, como advirtió DPLF: “Estamos ante un intento evidente de criminalizar y amedrentar a quienes cumplen funciones esenciales de control del poder”.

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