Alertan uso abusivo de denuncias por difamación agravada contra periodistas

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación del
derecho a la libertad de expresión en el Perú y consideró que su plena vigencia está en peligro.

La institución señala en un comunicado que en los últimos años, diversos periodistas vienen sufriendo la criminalización de su labor periodística ante la cual los operadores de justicia no están garantizando un debido proceso, lo que constituye un grave riesgo para el periodismo y la democracia.

En los últimos años, hemos identificado el uso abusivo de la “difamación agravada”, argumentando
una supuesta afectación del derecho al “honor”, y otras figuras penales, contra el periodismo de
investigación, a través de largos procesos judiciales y condenas injustas, señalan.

Además indican que se observa el desconocimiento de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos
humanos, como la doctrina del “reporte fiel”, que significa que el periodista que se limita a difundir
información de otras fuentes plenamente identificadas, no puede ser responsable por dichos
contenidos, siempre que no agregue nada que distorsione la información difundida por la fuente; o
el rechazo a las sanciones económicas exorbitantes que operan como una mordaza, entre otros.

La CNNDDHH también alerta del proyecto de ley del congresista Luna Gálvez que propone sancionar con cárcel efectiva la “difamación agravada” (oficio 036-2021-2022).

El periodista Christopher Acosta ha sido condenado a 2 años de pena privativa suspendida y al pago de 400 mil soles por la publicación ‘Plata como cancha’k haciendo referencia al origen de la fortuna del excandidato a la presidencia César Acuña.

Pero hay otros casos, como los periodistas Daniel Yovera, Pedro Salinas y Paola Ugaz denunciados por personajes vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana y por el obispo de Piura, José Eguren. Los periodistas realizaron investigaciones periodísticas sobre los abusos sexuales y negocios del Sodalicio.

Ante lo sucedido, recordamos a los órganos de justicia del país que su labor es un servicio público a
la ciudadanía y deben garantizar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información,
respetando la jurisprudencia en materia de derechos humanos y evitando el uso político del sistema
de justicia para criminalizar el periodismo de investigación.

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