Lambayeque figura entre las regiones con menores cifras de feminicidio, pese a esto varios de los casos registrados aún no tienen condena. Los presuntos feminicidas están libres y las familias de las víctimas aguardan justicia.
Redacción Lambayeque
Desde el 2019, 11 mujeres lambayecanas han sido asesinadas por sus parejas y otras 22 denunciaron tentativa de feminicidio; así lo reporta en sus informes el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Solo en el 2020, se reportaron 5 casos de mujeres asesinadas por sus parejas, cuatro de ellas dentro de sus hogares. Mientras que en el 2021 la cifra descendió a 2 feminicidios y en lo que va del 2022 se tiene registro de un caso.
Pero, ¿cuántas de estas denuncias por feminicidio han alcanzado sentencias? El Poder Judicial, a través de la Comisión de Justicia de Género, reportó que en el 2019, en Lambayeque, solo se dictaron 3 sentencias por casos de feminicidios.
A partir del 2020, el panorama de acceso a la justicia para las víctimas por este delito es incierto. De acuerdo a la información de la comisión del PJ, solo existen dos ingresos de expedientes por feminicidio hasta mayo de ese mismo año. Y durante los tres primeros meses de la pandemia por el COVID-19 figura un ingreso en la región.
Las consecuencias de la pandemia también han repercutido en el sistema de justicia, ya que el número de sentencias por este delito es menor. Tanto a nivel nacional como en la región. Así tenemos que la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, reportó en mayo de 2021, que solo dos casos de las más de 130 denuncias por el delito de feminicidio en el 2020 tienen una sentencia en el país.
Sandy Evangelista, activista y fundadora de la colectiva ‘Familias unidas por Justicia’, un espacio que brinda acompañamiento y soporte a familiares de víctimas de feminicidio expresa su preocupación sobre cómo se perciben los casos de feminicidio en la región.
“Lamentablemente los casos de feminicidio en Chiclayo son los que generan mayor impunidad. Las variables comunes en los casos, por ejemplo, es que los presuntos feminicidas están libres, quienes, a pesar de que existen medios probatorios, insisten en ser inocentes. Los casos terminan siendo similares, cuando también evaluamos el rol que cumplen los operadores de justicia, en particular La Fiscalía, lo que es muy cuestionable” explica Sandy.
Para Alison Macedo, abogada especialista en violencia contra la mujer, cada proceso judicial tiene características particulares, sin embargo el Estado es responsable de garantizar que las familias, como víctimas indirectas, accedan a la justicia.
“La celeridad de los casos depende si existe flagrancia, si el feminicida se ha fugado, la virtualidad también ha contribuido a que los procesos sean más lentos, sin embargo esto no es justificación, porque el Estado debe garantizar el soporte legal adecuado de las víctimas, el enfoque que las instituciones deben estar centralizadas en la víctima, no se puede hacer oídos sordos a una realidad que nos golpea cada día más”, señala Macedo.
Wayka también conversó con Xiomara López, socióloga chiclayana y feminista. Las reflexiones de López se centran en reconocer que “la violencia de género creció en tiempos del COVID-19 y ha sido como una pandemia en la sombra. Las cifras demuestran que ni siquiera el hogar es un lugar seguro para las mujeres, y no solo es el caso de Lambayeque, sino en todo el Perú. La situación se agrava con la evidente impunidad, en este contexto, el Estado no solo tiene la responsabilidad de investigar y sancionar el feminicidio, sino también debe trabajar en la prevención de manera exhaustiva”, sostiene.
Uno de los casos más mediáticos de Lambayeque es la historia de Mariella Baca Briones, cuya familia y defensa han apelado la medida de comparecencia a favor del presunto feminicida. La madre de Mariella continúa en la búsqueda de justicia para que aceleren las investigaciones contra Rodrigo Pacheco, denunciado por el delito de feminicidio.
Otras víctimas y sus familias también aguardan justicia. Los casos de Magaly y Abigail, dos mujeres chiclayanas, retratan la impunidad en la que sus procesos judiciales se mantienen.
UNA MUERTE IMPUNE
Magaly Effio Bernal o ‘Maggi ’, como cariñosamente la llamaban, era una mujer chiclayana de 35 años de edad. Murió el 12 febrero de 2020, aparentemente a causa de envenenamiento por un insecticida que lesionó sus órganos internos. Los testigos, entre médicos y enfermos, que la recibieron en el hospital, declararon que Maggi llegó diciendo que habría consumido veneno para ratas.
La familia y los amigos de Maggi sospechan que su entonces pareja Hernán Reyes Farroñán la habría asesinado. Ambos llevaban conviviendo dos meses en la urbanización Santa Victoria de Chiclayo.
Maggi estuvo internada en el Hospital Las Mercedes, pero cuando su situación se agravó, fue trasladada al Hospital Regional de Lambayeque, donde su cuerpo ya no resistió. Durante esos días su madre pudo conversar con ella y por eso sus familiares descartan que el móvil de su muerte sea el suicidio.
Por otro lado, según las investigaciones, se ha confirmado que Magaly y Hernán estuvieron en una conocida discoteca chiclayana, la noche anterior a los hechos, lo que hace sospechar a la familia que Hernán la habría dopado desde ese momento.
La madre de Magaly detalló a Wayka que perdieron contacto con Hernán Reyes. Desde que él la dejó en el hospital, no volvió a contestar llamadas, ni estuvo presente en el sepelio. Según narra, Reyes le dijo que encontró a Magaly con las reacciones del veneno, además denunció que los videos del edificio en donde vivían han desaparecido.
“Reyes está haciendo su vida como si nada hubiera pasado, se ha vuelto a casar, increíblemente dijo que no iba a hablar en nombre de la memoria de mi hija. Él está siendo investigado, pero llegó la pandemia y el proceso se alargó. Ya han pasado más de dos años, y no sabemos qué pasó realmente. Los médicos se sorprendieron porque los daños a su cuerpo no eran provocados por un veneno común”, relata Carmen Bernal.
Desde entonces, en más de una oportunidad, los familiares han realizado protestas en el frontis de la sede central de la Fiscalía de Lambayeque para exigir que se investigue el caso. Dos años después el presunto feminicida sigue en libertad, y la Fiscalía ha reprogramado en varias oportunidades los citatorios a testigos. Recién en enero de 2022 se realizaron las diligencias.
Magaly dejó una niña que ahora tiene 13 años. Ella estudiaba ingeniería industrial en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y había egresado de Estadística en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
A LA ESPERA DE JUSTICIA
Otro caso es el de Abigail Herández (20 años), quien según la necropsia falleció por asfixia mecánica. Aunque el hecho ocurrió el 3 de septiembre de 2021 en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho; en Chiclayo, su familia y amigos se organizan para exigir justicia.
La joven, natural de Olmos, era madre de dos niñas de 3 y 5 años, y viajó a Lima para conseguir mercadería e iniciar un negocio de venta de ropa. Abigail fue hallada sin vida en la parte posterior de una camioneta Toyota de color negro de placa BMQ-096 ubicada en la Mz. M-3 de la urbanización Mariscal Cáceres. Las diligencias posteriores determinaron que tenía lesiones en el rostro y habría sido movida de la escena de la muerte, es decir, no habría fallecido en la camioneta.
Según una transmisión en vivo de Facebook, Abigail estuvo acompañada la noche anterior por la abogada Cecilia Rosa Moya Maguiña (46), su secretaria Denise Micaela Ñahui Cuadros (20), y Marco Mendoza Yañez (54). Este último conducía la camioneta, y quien después se identificó como pareja de Abigail. Ese día era cumpleaños de Moya Maguiña y fueron a una discoteca de Barranco.
Mendoza detalló a la Policía, que después de salir de la discoteca se dirigieron a su domicilio en San Juan de Lurigancho. Pero como Abigail se había quedado dormida en el vehículo, no quisieron despertarla. Al promediar las siete de la mañana encontraron el cuerpo sin vida de Abigail. Tanto Marco Mendoza, Micaela Ñahui y Cecilia Moya fueron intervenidos y permanecieron detenidos 48 horas.
Elizabeth Hernández Monteza, madre de la víctima, relató que recibió la llamada del fiscal desde el celular de su hija. Fue en ese momento que le comunicaron su deceso. Conforme inicia el proceso, Elizabeth Hernández, se entera que el celular de su hija quedó en manos de la PNP, sin embargo, el móvil desapareció.
“Queremos saber las verdaderas circunstancias en que falleció mi hija, que se investigue a fondo, por qué desaparecen su celular, que se acelere la investigación, han pasado seis meses, parece que la justicia en nuestro país se olvida de las personas que fallecen”, nos comenta preocupada la madre de Abigail.
Al respecto, el abogado de la familia, designado por el Ministerio de la Mujer, ha iniciado un proceso contra quien resulte responsable por el delito de encubrimiento real y obstrucción de la justicia, para saber qué pasó realmente con el celular.
Pese que Lambayeque no lidera las cifras de violencia feminicida, los casos registrados son una alarma para las mujeres y la sociedad civil. Además, si tenemos en cuenta las otras formas de violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres lambayecanas, hace necesario que los operadores de justicia trabajen por garantizar que las víctimas y sus familias accedan a la justicia de manera oportuna.
