Congreso declara junio como "Mes de la Vida y la Familia" y organizaciones alertan avance de agenda contra derechos LGBTIQ+

Por: Silvia Bardales

Una ley aprobada en el mes del Orgullo

El Congreso de la República aprobó recientemente el Proyecto de Ley N.° 13156 que declara junio como el «Mes de la Vida y la Familia», una iniciativa promovida por sectores ultraconservadores que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ debido a que coincide con el Mes del Orgullo, conmemoración internacional de la lucha por los derechos de las diversidades sexuales y de género. Para Promsex la norma forma parte de una ofensiva legislativa que busca restringir derechos, invisibilizar la diversidad familiar y debilitar políticas de igualdad y educación sexual integral.

La ley fue impulsada por congresistas de bancadas conservadoras y plantea que durante junio se promuevan actividades orientadas a fortalecer la familia y la vida. Sin embargo, organizaciones especializadas advierten que el debate no radica en la importancia de estos valores, sino en qué tipo de familias reconoce el Estado peruano.

«El debate no tendría que centrarse en si la vida o la familia son importantes, porque ambas están protegidas por la Constitución y por los derechos humanos. La verdadera discusión es si el Estado reconoce que existen diversas formas de familia y si las políticas públicas se construyen en base a inclusión, igualdad y no discriminación», señaló Isbelia Ruiz Perdomo, coordinadora legal de Promsex, para Wayka.

Diversidad familiar frente a una visión excluyente

Según Ruiz, la preocupación principal no es la protección de la familia, sino la intención política detrás de la iniciativa.

«La pregunta es qué tipo de vida y qué tipo de familia se busca proteger. Las familias son diversas y eso debería ser una discusión ya superada», afirmó.

La especialista recordó que el Estado peruano está obligado a respetar estándares internacionales de derechos humanos y ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, como el caso de Azul Rojas Marín.

Asimismo, sostuvo que existe una intención de invisibilizar a las personas LGBTIQ+ en el espacio público.

«Lo que estas personas quieren es borrar la existencia y anular cualquier posibilidad de visibilidad de las personas lesbianas, gays, trans e intersexuales en el Perú», indicó.

Una ofensiva legislativa más amplia

Para Promsex, la aprobación de esta ley «no es una agenda exclusiva del Perú. Es una agenda global que busca frenar avances en derechos humanos y desconocer una realidad evidente: las personas LGBTIQ+ existen y seguirán existiendo», explicó Ruiz.

La abogada señaló que durante el actual periodo congresal se han impulsado alrededor de 60 proyectos de ley contrarios a los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+, muchos de ellos promovidos por congresistas de Renovación Popular.

Entre estas iniciativas mencionó proyectos que buscan restringir derechos de las personas trans, eliminar referencias al enfoque de género y limitar el alcance de la educación sexual integral en las escuelas.

Educación sexual integral bajo amenaza

La especialista advirtió que varias de estas propuestas están conectadas entre sí y responden a una misma estrategia política.

«Todas estas normas están ligadas. No es casualidad que mientras una iniciativa busca fortalecer una visión única de familia, otra pretenda eliminar la educación sexual integral. Es un ataque directo a la igualdad que se ha construido durante años», sostuvo.

Según explicó, la educación sexual integral constituye una herramienta fundamental para prevenir la violencia, reducir el embarazo adolescente y garantizar el reconocimiento de derechos desde edades tempranas.

«La única forma de construir una sociedad que no discrimine ni violente es mediante la educación con enfoque de derechos humanos, enfoque de género y educación sexual integral», afirmó.

Norma fue aprobada pese al MIMP

Ruiz también cuestionó que la iniciativa haya sido aprobada pese a observaciones técnicas formuladas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

«El propio informe técnico señaló que no existe evidencia de que una ley declarativa vaya a resolver problemas como la baja natalidad o los cambios demográficos», indicó.

Además, recordó que tanto la jurisprudencia internacional como la Constitución peruana reconocen que no existe un único modelo familiar.

«Los estándares internacionales no reconocen una sola forma de familia. La obligación del Estado es proteger a todas las familias, no solo a aquellas que responden a una visión específica», señaló.

«No vamos a dejar de existir»

Frente a la aprobación de la ley, Promsex aseguró que las organizaciones y activistas continuarán reivindicando junio como un mes de memoria y lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+.

«Las personas LGBTIQ+ no vamos a dejar de existir, no vamos a dejar de marchar ni de resignificar el mes de junio. Es un mes que nos permite recordar la lucha de quienes fueron perseguidos, discriminados y asesinados simplemente por ser quienes eran», concluyó Ruiz.

La aprobación de esta norma ocurre en un contexto de creciente debate sobre derechos humanos, igualdad y diversidad en el país, mientras organizaciones sociales advierten que el reconocimiento de todas las familias y el respeto a la diversidad continúan siendo desafíos pendientes para la democracia peruana.

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