A pesar de los diversos intentos de reforma de la justicia, los peruanos y peruanas aún vemos que el sistema de carrera judicial y fiscal permite que diversas personas, de las que no se sabe los grandes méritos para estar en sus cargos, hayan llegado a altos puestos e incluso se mantengan ahí.
Hay muchos casos. Por ejemplo, el del juez supremo Ángel Romero Díaz sobre el que alguna vez la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) pidió su destitución; el del fiscal Carlos Ramos por los hechos de “La Centralita” que llegó a ser fiscal supremo y luego (felizmente) destituido por más de una inconducta funcional; Pedro Chávarry, quien además de todo lo conocido aún está impune incluso por claramente mentir en la función pública (mentira comprobada ante el Colegio de Abogados de Lima); y otros. Tomás Gálvez, el fiscal supremo que ahora ha denunciado constitucionalmente al fiscal supremo Pablo Sánchez, está en esa lista.
El caso de Gálvez es particular, pues hay hechos claros desde la evaluación de los deberes de la carrera fiscal, de que debió salir del sistema de justicia hace mucho tiempo. Y esto no es poca cosa: ante claras inconductas funcionales, el fiscal supremo no hizo mas que fortalecerse en su posición; lo que significa que los controles fallaron, y que las personas que estuvieron en su momento en esas instancias contraloras tienen responsabilidad de que hoy, el fiscal esté tentando la conocida estrategia de volver a su investigador en investigado para obstaculizar la rendición de cuentas por el caso “Cuellos Blancos”. Si no fuera por los plazos de ley en los que las inconductas funcionales se procesan y sancionan en un marco de tiempo, Gálvez no sería supremo.
Entonces, ¿Todo está perdido? No. Por un lado, tenemos la memoria anticorrupción que se encarga de recordarnos a quien tenemos en frente, y a quiénes favoreció con sus actos. Sobre esto, recuerdo aquí un par de pasajes: Gálvez fue el fiscal que, estando en pleno proceso de postulación al cargo de supremo hace ya varios años, buscó reunirse y llegó a reunirse con el entonces consejero del CNM Anaya, fuera de la sede del Consejo. Eso está obviamente prohibido. Conclusión: Anaya fue removido del cargo al violar sus deberes como consejero, pero Gálvez, quien como postulante también tenía deberes que cuidar, se mantuvo en su cargo de fiscal. Otro episodio: fue denunciado cuando se desempeñaba como Director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público, pero sobre esa denuncia (por actos en Cajamarca) tampoco se sabe cómo es que fue librado, y sobre todo por qué. Su actuación misógina frente a dos periodistas que le entrevistaron, también es digna de ser investigada al violar flagrantemente la conducta que todo magistrado debe tener.
Sabemos que el Congreso ha sido más un obstáculo para la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia, que un real espacio fiscalizador de sus altas autoridades como los fiscales supremos. Por eso es esencial el papel que hoy la SubComisión de Acusaciones Constitucionales con su presidente, Luis Roel Alva a la cabeza, vaya a hacer: o seguir esa historia, o cambiarle de giro. Por otro lado, otro espacio que en sí tiene más goles de oro que anotar en esta lucha, además de la hoy amenazada Fiscalía (concretamente, las fiscales que investigan entre otros a Gálvez, a quienes debemos de resguardar y acompañar), es la Junta Nacional de la Justicia. ¿Por qué ha demorado tanto en reaccionar ante una agenda urgente que involucra a los Cuellos Blancos? Lo cierto es que se necesita que comience a dar esos pasos decisivos.
Y eso, más aún, cuando las facultades especiales que tienen para deshacer los actos nulos del ex CNM, involucran a varios de los jueces y fiscales supremos que hoy por hoy, vienen siendo investigados o representan un riesgo para la lucha contra la corrupción de la propia justicia. ¿Cómo así? Una muestra es la siguiente: en la elección de magistrados supremos del 2015, luego de muchos intentos, el ex CNM con Guido Aguila a la cabeza nombró a César Hinostroza y Tomás Gálvez, y luego, por candidatos en reserva, a Víctor Raúl Rodríguez (quien de acuerdo a IDL-R avisó a los Cuellos Blanco que estaban siendo investigados), a Ángel Romero y también a Luis Arce Córdova, quien se reintegra a la Junta de Fiscales Supremos el 12 de julio y con tantos cuestionamientos como los mencionados. Aguila era amigo de muchos… ¿debió inhibirse al votar por alguno de estos supremos?, ¿el puntaje que se les dio, era razonable con lo que presentaron y de acuerdo a méritos mejores respecto de los otros participantes?, ¿cumplieron todos los requisitos para postular al cargo? Todo esto fue señalado en el 2015, y ahora es una de varias puertas abiertas para que la JNJ indague, y así, junto con otros, Tomás Gálvez sea el siguiente magistrado supremo en, con justicia, irse.
