Por Álvaro Meneses
Desde hace nueve años, la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, defiende cerca de 10 mil hectáreas de sus tierras. Hoy, en medio de una crisis sanitaria por la pandemia, los comuneros denunciados por empresas vinculadas a intereses religiosos y que tomaron posesión de sus tierras, continúan con los procesos judiciales de manera virtual y con dificultades logísticas.
Esta mañana, el Cuarto Juzgado Unipersonal Penal de Piura, a cargo de la jueza Luz Espejo Calizaya, llevó a cabo la audiencia sobre la denuncia que la empresa Constructora Keheda S.A.C. presentó en contra de diez comuneros de Catacaos por el presunto delito de usurpación agravada. Esta constructora piurana fue una de las que vendió varias hectáreas de tierras a las compañías Constructora Miraflores Perú y Agrícola Santa Regína, ambas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
De acuerdo a la investigación de Wayka, una red de empresas vinculadas al Sodalicio adquirió parte de las 10 mil hectáreas de tierras que anteriormente le pertenecían a la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos y fueron independizadas con documentación falsa. Desde entonces, los campesinos han recibido ataques físicos de personas no identificadas y han sido denunciados penalmente por las empresas que se anuncian como propietarias de los terrenos en disputa.
Un registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos observó que el conflicto por estas tierras comunales ha dejado 2 campesinos fallecidos, 7 heridos y 39 denunciados por hasta 22 supuestos delitos. Pese a las dificultares logísticas y tecnológicas, diez comuneros denunciados por Keheda S.A.C. asistieron hoy a la audiencia virtual.
Los campesinos de Catacaos denunciados por esta empresa son diez miembros de la familia Yovera Yovera. Sus nombres son José Hilario (82), Eusebio (80), María (70), Felipe (66), Juan (62), Santos Ignacio (60), Santos Nazario (56), Leodoro (54), Eduardo (54) y Justo (52). Solo dos de los diez enjuiciados cuentan con un celular o computadora en casa. Finalmente, por las limitaciones de los comuneros demandados y la carga procesal de la sala, la jueza Luz Espejo suspendió la audiencia y la postergó para el 30 de junio próximo.
En Castilla también
Como revelamos en un informe de Wayka, un total de 45 personas, entre testigos, comuneros y periodistas, han sido enjuiciadas luego de investigar y denunciar al Sodalicio de Vida Cristiana por pederastia y presuntos vínculos con el tráfico de tierras en Piura. Uno de esos procesados es Pedro Zapata Monteza, el policía que desbarató a la banda criminal «La Gran Cruz» y encontró evidencias que involucraban a la Asociación Civil San Juan Bautista, conocida por sus vínculos con el Sodalicio, en un caso de presunto tráfico de tierras en la provincia de Castilla.
«Detrás de esta mafia criminal estaban los sodalicios, ellos financiaban a la organización criminal. Logramos obtener depósitos bancarios que eran de la San Juan Bautista, que le pertenece a los sacerdotes sodalicios. [Ellos] les entregaban esas importantes sumas de dinero a los de la Gran Cruz con la finalidad de que (…) con violencia, con armas, se apoderen de terrenos de personas», contó Pedro Zapata para ‘The Sodalitium Scandal’, el documental de Al Jazeera sobre un presunto caso de tráfico de tierras que implicaba al Sodalicio.
Por dichas afirmaciones, el policía en retiro fue querellado por el representante de la Asociación Civil San Juan Bautista, Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, quien además descartó estar vinculado al Sodalicio y sus miembros. Esta tarde, Pedro Zapata también tuvo que asistir virtualmente a la audiencia del juicio por una acusación de supuesta difamación.
