La Contraloría de la República advirtió que seis clínicas y un laboratorio privado recibieron 935 insumos (conocidos como Medios de Transporte Viral, MTV) usados para procesar pruebas moleculares de Covid – 19 del Instituto Nacional de Salud (INS) de manera «no regulada». Las entregas se recibieron entre el 26 de marzo y el 15 de abril del 2020.
Según el Informe de Visita de Control N° 053-2020-OCI/0191-SVC, el INS carece de directivas para la atención de requerimientos, distribución y control de los MTV (insumos) que fueron entregados a las clínicas Angloamericana, Providencia, San Borja, San Gabriel, San Judas Tadeo, San Pablo y al laboratorio Unilab.
La clínica San Pablo es la más beneficiada con la recepción de 360 pruebas moleculares, cifra mayor en comparación de las demás. La Contraloría confirmó la entrega a estos establecimientos privados a través de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) que solicitó información por correo electrónico. Sin embargo, la clínica mencionada, junto a la Clínica Providencia y San Gabriel, no respondieron.
Con los documentos citados, la Contraloría concluyó que el INS entregó «de manera no regulada» las pruebas moleculares compradas por el Estado o que fueron donadas “afectando la transparencia del proceso de distribución de dichos bienes, generando el riesgo de utilización para fines distintos para los que fueron adquiridos”, según precisa la institución en La República.
Otro de los hechos detectados por la Contraloría fue que el INS recibió 363 mil 560 insumos para distribuir, pero 197 mil 950 unidades de estos todavía permanecían en los almacenes desde el 9 de junio.
«El informe es resultado de la evaluación y verificación física hecha por los auditores de la Contraloría a la documentación relacionada a la recepción, custodia y distribución de los Medios de Transporte Viral (MTV) adquiridos con recursos públicos para realizar pruebas moleculares de COVID-19, que realizó el INS a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur, desde el inicio de la pandemia, así como a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Callao y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas y privadas», detalla la Contraloría a través de un comunicado.