Fue la propia fujimorista Cecilia Chacón quien en su cuenta de Twitter informó que ella y el parlamentario aprista Mauricio Mulder enviaron a la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un pronunciamiento en el que rechazan que el Ministerio Público y el Poder Judicial “criminalizan la política”.

“Secretaria Ejecutiva de la CIDH recibió hoy el pronunciamiento en el que parlamentarios y exparlamentarios peruanos expresan su preocupación frente a las amenazas antidemocráticas de sectores de la judicatura que buscan criminalizar el accionar de los parlamentarios”, señala Chacón.

En el documento que adjuntan y que ha sido enviado a la secretaria ejecutiva señalan que “la lucha frontal contra la corrupción en los países de la región no se puede convertir en un óbice para la persecución política, el abuso de las funciones estatales, el irrespeto a la autonomía de las funciones del Estado porque podrían generar inseguridad e indefensión jurídica para los ciudadanos y funcionarios públicos”.

Además, se quejan de “una campaña contra el Congreso y contra la representación parlamentaria”.

Todo esto en medio de la búsqueda de asilo a Uruguay de Alan García y la prisión preventiva de Keiko Fujimori, ambos investigados por presunto lavado de activos.

Vale recordar que este es un cambio de discurso del aprofujimorismo, ya que siempre han atacado a la CIDH y otros organismos internacionales que se han pronunciado de casos de violaciones a los derechos humanos en el país. E incluso en contra del indulto a Alberto Fujimori.

Así mismo, en el recordado chat ‘La Botica’, la propia Keiko Fujimori instruía a sus congresistas de “salirse de la CIDH es importantísimo”.

Uno de los casos que citan como ejemplo de lo que consideran “criminalización de la política”, es curiosamente el de Edwin Donayre, a quien el congreso aún no levanta la inmunidad parlamentaria para que cumpla su condena de 5 años y 6 meses de prisión por el caso Gasolinazo.