En estos días que se viene desarrollando la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25), en el Perú ocurrió un nuevo derrame de petróleo que desangra una vez más la Amazonía. Es evidente no solo en el Perú que existe una crisis ambiental, sino que estamos ante una problemática climática sin precedentes. A pesar de ello, en la COP25 los acuerdos en bien de los ecosistemas están entrampados y la voluntad política de nuestro gobierno en temas ambientales internos es deficiente.

Durante la COP25, el Ministerio del Ambiente (MINAM) sostuvo reuniones con la comitiva peruana. En dichas reuniones, el MINAM mantuvo posiciones que podríamos criticar tanto a nivel interno como a nivel internacional. De esta forma, a nivel nacional no tuvo pronunciamientos contundentes contra fenómenos actuales como los derrames en la Amazonía o el proyecto de la Hidrovía amazónica. Esto es curioso cuando días atrás el propio Ejecutivo, mediante Decreto de Urgencia 018-2019, declaró de necesidad pública e interés nacional el proyecto Hidrovía, el cual está demostrado que es claramente perjudicial para las comunidades de la zona y el medioambiente.

Otro punto que se tendría que revisar fue su postura con respecto a las contribuciones nacionalmente determinadas (en adelante NDC, por sus siglas en inglés). Las NDC son las contribuciones de los Estados firmantes del Acuerdo de París para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, en adelante GEI. El Perú presentó un compromiso de reducir el 30% de sus GEI para el año 2030. Lamentablemente, en el 2018, un informe del Grupo de Trabajo de NDCs del Gobierno peruano señaló que solo había podido identificar medidas de mitigación suficientes para reducir 23.3% de los GEI y no el 30% ofrecido.

En las dos reuniones sostenidas durante la COP25, cuando se le consultó al MINAM sobre esta brecha de implementación, sus representantes, incluyendo la ministra Fabiola Muñoz, respondieron que el Perú ya había cumplido con sus NDCs, pues se había superado la meta del 20%. Esto debido a que la obligación del 30% del Estado peruano es 20% no condicionado, con fondos que ya posee y 10% condicionado con fondos que tiene que buscar nivel internacional. Pero equivoca el camino el MINAM ya que el porcentaje cuestionado es sobre las capacidades que tiene para reducir los gases de efecto invernadero, no al dinero que podrán captar para implementar las medidas de mitigación. Esto cuando el propio MINAM lo ha admitido en una reciente carta dirigida al MOCICC.

MINAM señaló que está trabajando de la mano con las empresas privadas para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. Desde sociedad civil se reclama una mayor equidad en las opiniones y toma decisiones. Porque se debe poner por delante a las poblaciones vulnerables al fenómeno climático y las comunidades.

Esperábamos un posicionamiento más contundente en el tema de sus compromisos de reducción de emisiones de carbono o NDC sobre el año 2020, año clave que tocará presentar nuevas NDC ante Naciones Unidas. Perú debe tener una postura clara de exigir las nuevas NDC para el primer trimestre del 2020 y enmarcar una estrategia con países aliados, de lo contrario se perdería la urgencia de cumplir con estos compromisos que, según la ciencia, deben quintuplicarse para lograr los objetivos del Acuerdo de París.

Por otro lado, no hay voluntad real desde otros sectores del Estado de aportar en hacerle frente a la problemática ambiental. No se muestra voluntad de crear el Área de Protección Marina “Del Mar de Grau”, que desde el 2013 no logra concretarse, se criminaliza la protesta y se quiere imponer en el Valle del Tambo un proyecto minero en detrimento de la alimentación y producción de más de 25 mil familias. El desequilibrio nacional es el modus operandi del Estado peruano cuando piensa en sus compromisos ambientales y climáticos.

La última movilización del 6 de diciembre en Madrid convocó a más de 25 mil personas. Es insostenible que sigamos con este ritmo de consumo, extracción de minerales y petróleo. El movimiento ambiental protesta y exige a los gobiernos ambición climática, compromisos reales y justicia climática ambiental.