En diálogo con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reiteró las garantías para promover la libertad de prensa y la importancia del ejercicio periodístico.
Durante la primera semana de octubre se realizó una conversación abierta entre periodistas y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Juez Ricardo Pérez Manrique, con el propósito de conocer las diferentes dificultades que enfrentan los periodistas en la región, y, específicamente, en el Perú. Durante la conversación se expusieron problemáticas relacionadas con el desplazamiento de periodistas, la censura y el exilio.
Al respecto, desde la Corte IDH se han emitido sentencias que son de carácter obligatorio para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, y que protegen la libertad de expresión e información. Esto con el fin de mitigar la recurrente persecución a periodistas que existe en la América Latina
La más reciente es la sentencia del caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica, en el que se declaró al Estado costarricense como “responsable internacionalmente por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, como resultado de la imposición de una condena civil por la publicación de una nota de prensa el 17 de diciembre de 2005”.
En este caso, la Corte concluyó que la legislación costarricense se contrapone a la “dimensión social de la libertad de expresión” y menciona que “la legislación penal, en este contexto, no puede servir como mecanismo disuasorio dirigido a los medios de comunicación por lo que constituye el ejercicio legítimo de sus funciones: la divulgación de información de interés público”.
Criminalización periodística en Perú
Son múltiples los casos de periodistas a los que se les ha iniciado un proceso judicial por difundir información de interés público que contradice intereses personales de miembros de los grandes poderes económicos y/o políticos del país.
Durante la conversación abierta, en la que participaron también representantes de la Asociación Nacional de Periodistas, y varios colegas de diferentes medios locales y regionales, se expusieron los casos de algunos colegas víctimas de la criminalización periodística.
En primer lugar, el periodista Carlos Yofré López, del medio independiente Radio Antena 9 y del portal de noticias de Facebook Barranca Noticias, fue querellado por la jueza Juana Caballero, y por el ex presidente de la Corte Superior de Huaura, Victor Reyes, por el delito de difamación.
Según información publicada por el Comité de Protección de Periodistas, en la querella interpuesta por Caballero solicitó que se dicte tres años de pena privativa de libertad al periodista y una reparación civil de 100.000 soles. Por otro lado, debido a la querella presentada por Víctor Reyes, López fue condenado por el delito de difamación el 5 de agosto de 2021. El periodista fue sentenciado a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 50.000 soles. Además, Lopez denunció ser víctima de acoso judicial.
Otra colega que ha sido sentenciada por el supuesto delito de difamación agravada, es Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle de Huamanga, Ayacucho. La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a la periodista a dos años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de 15.000 soles por concepto de reparación civil. La querella fue interpuesta por Isaac Ernesto Molina Chávez, expresidente del Gobierno Regional de Ayacucho.
Por último, periodistas de este mismo portal han visto vulnerado su derecho a la libertad de prensa. Luciana Távara, actual directora de Wayka y Graciela Tiburcio, periodista y redactora, fueron querelladas y denunciadas por Víctor Hugo Quijada Tacuri, excandidato al Congreso por el Partido Nacionalista Peruano tras un reportaje en el que se expuso la acusación de cinco mujeres que habrían sido acosadas por él.
En este caso, las periodistas enfrentan acoso judicial al día de hoy. Pese a que varias de las denuncias interpuestas por Quijada fueron desestimadas y archivadas, el excandidato ha insistido colocando las mismas denuncias en diferentes instancias judiciales.
La última denuncia, recibida en junio del presente año, incluye todos los delitos por los que las periodistas fueron denunciadas anteriormente. Con este último proceso suman seis las denuncias presentadas por el excandidato al Congreso.
