Diversas movidas realizadas por la nueva fiscal de la Nación hacen temer una ‘captura’ del Ministerio Público por parte de poderes fácticos.

El 26 de julio se dio a conocer que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, removió de su cargo a la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Enma Benavides por presunto delito de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal, al ser acusada de supuestamente cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.

Días antes, se conoció de la remoción del fiscal Pablo Sánchez, quien investigaba el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Ambos fiscales fueron removidos bajo la justificación de un informe de productividad que no aplica a fiscales que ven casos especiales y que, además, tendrían irregularidades. 

La fiscal Revilla renunció al Ministerio Público a las pocas horas de su remoción. A esta renuncia se sumó la del fiscal Víctor Cubas, quien se desempañaba como secretario técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal, además de ser un fiscal recordado por la investigación del caso La Cantuta. La razón de su renuncia responde a la desarticulación del equipo fiscal que investigaba el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Cambios cuestionados

Es importante mencionar que ninguna de las remociones ha seguido el debido proceso, según lo que indica la sentencia del caso Casa Nina Vs. Perú emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso marca un precedente en remociones fiscales inconstitucionales y señala en su párrafo número 83 las razones por las que un fiscal provisional puede ser removido. Estas pueden ser por la culminación del plazo del nombramiento o designación, o por faltas disciplinarias graves o comprobada incompetencia. 

Sentencia caso Casa Nina vs Perú

En caso de que el argumento de la remoción sea, como lo sugiere la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, comprobada incompetencia, el proceso debe considerar la notificación al fiscal evaluado, el recibimiento de la apelación de dicho fiscal y  una decisión final en el que se argumente por qué se descarta la apelación del fiscal evaluado. Todo esto está estipulado en El Debido Proceso Legal de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Este proceso no se cumplió en las remociones mencionadas y el informe de productividad al que hace referencia Benavides, no es público. 

Al respecto, la abogada Cruz Silva mencionó para Wayka que las remociones no fortalecen la institucionalidad porque los fiscales retirados son reconocidos por sus pares como personas honestas y probas.

“No se entiende cómo se retira del cargo a personas que tienen entre 14 a 42 años de trayectoria en el Ministerio Público, y no cualquier trayectoria, sino trayectoria al haber trabajado en casos muy complejos de crimen organizado, narcotráfico, tráfico de influencias”, acotó.

Además, la abogada suma al cuestionamiento el hecho de que los profesionales que reemplazarán a dichos fiscales o no son de la especialidad o no tienen la trayectoria. 

Para Silva, es un agravante que los casos que investigaban los fiscales removidos hablen de supuestos crímenes cometidos por operadores de justicia (jueces, juezas y fiscales). 

En el caso específico de la fiscal Bersabeth Revilla, Cruz Silva opina que estos cambios “hablan de una fiscal de la Nación que está violando la imparcialidad en el proceso de justicia al separar a quien está investigando a su hermana”. 

Es importante recordar que Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, es acusada de recibir sobornos junto a algunos otros jueces de la Sala Penal Nacional por parte de Roberto Gómez Herrera, capo del narcotráfico, y ha sido señalada por un colaborador eficaz del caso. 

Consecuencias para la fiscal de la Nación

Los fiscales removidos son fiscales provisionales, sin embargo eso no sería un justificante para la inestabilidad y la remoción en contra del debido proceso. Esto se confirmó con la sentencia por el precedente que se marcó por el caso Casa Nina. “Cualquier persona que se sienta agraviada por hechos similares puede presentar un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que su sentencia no está siendo cumplida por la fiscal de la Nación”, menciona Silva. 

Lo que seguiría sería que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, retome los nombramientos de los fiscales, y en caso insista con un proceso de remoción por la causal de incompetencia, abra un proceso disciplinario contra los profesionales que considere o abra un proceso de evaluación de desempeño, pero siguiendo el debido proceso. Sin embargo, Silva considera que de igual forma una de las consecuencias que deberá enfrentar Benavides, es la investigación por la Junta Nacional de Justicia por ir en contra de los estándares de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que significa ir contra la ley. 

“Ella ha violado expresamente la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Casa Nina” mencionó Silva. Este hecho puede llevar a que se abra un proceso de denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por incumplir con los deberes constitucionales que demanda el cargo, y que, además, se pida su destitución por la gravedad del hecho. 

Para Silva, la gravedad de esta situación deviene por el daño irreparable a la fiscalía y porque, con sus decisiones, la fiscal de la Nación está promoviendo “un escenario de impunidad”.