Redacción Wayka

El 23 de setiembre se realizó una mesa trabajo en el Congreso de la República donde se presentó el anteproyecto de ley para la paridad y alternancia en las elecciones para los gobiernos regionales y locales. 

Esta propuesta, trabajada en conjunto con representantes del Ministerio de la Mujer, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Defensoría del Pueblo, la ‘Campaña Somos la mitad, queremos paridad sin acoso’ y más organizaciones de la sociedad civil e impulsado por el despacho de la congresista Marisa Glave, tiene como objetivo que los criterios de paridad y alternancia también se apliquen en las elecciones para las alcaldías, gobiernos regionales, regidurías y consejerías regionales.

Hasta hace poco, no había una legislación que garantizara una participación real de las mujeres en la vida política del país. Solo existían leyes que establecían una cuota de género del 30%, pero las mujeres eran puestas al final de las listas partidarias.

En el marco de la reforma política, el Congreso aprobó modificar la Ley Orgánica de Elecciones e incluir los principios de paridad y alternancia de manera progresiva para las elecciones al parlamento.  Es decir, para las elecciones del 2026, las candidaturas deben tener un 45% de hombres o mujeres y ser presentados de manera intercalada. Para el 2031, las listas deberán ser 50 -50.

En el caso de los gobiernos regionales y municipales, aún está establecida la cuota del 30%, por lo que, el mencionado anteproyecto busca garantizar que las mujeres tengan representación real en los demás órganos gubernamentales. Llenando así, el vacío que dejó la Ley 30966, pues solo establece la paridad y alternancia en las candidaturas para el Congreso.

El proyecto incluye los enfoques de interculturalidad e interseccionalidad para revertir la subrepresentación política de los pueblos indígenas y la comunidad afrodescendiente. 

Además, plantea que la paridad y alternancia no se presente solo de manera vertical (las listas electorales), sino que también estén presentes de manera horizontal. Es decir, que las listas presentadas por una misma organización y/o alianza política, estén encabezadas en un 50% por mujeres.

Mujeres y política

Cuando la paridad y alternancia estaban aún en debate, la fujimorista Karina Beteta declaró que “no se les puede obligar a las mujeres a participar en la vida política”. Pero, ¿realmente estos principios obligan a las mujeres a participar en la vida política del país?.

La respuesta es no. Cerca de 2 millones de peruanos están afiliados a un partido político nacional o regional. De este número, el 47% son mujeres y en 12 de las 24 organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hay más mujeres que hombres. 

Hay evidencia suficiente de que las peruanas sí participan y están interesadas en la política, aunque no todas pueden continuar desarrollándose con libertad en ella. Son pocas las mujeres que acceden a cargos directivos dentro de sus partidos o que logran ocupar un cargo político en el Estado. 

Según el JNE, del total de mujeres inscritas en organizaciones políticas, solo el 26% de ellas son dirigentas. Actualmente, de los 130 congresistas, solo 36 son mujeres, ningún gobierno regional está a cargo de una y solo el 5% de de las alcaldías a nivel nacional está dirigida por una mujer.

La pregunta correcta sería: si existen mujeres políticas, ¿por qué tan pocas llegan a cargos de representación? 

Acoso político y violencia hacia la mujer

El acoso político es una de las principales barreras que enfrentan las mujeres que participan de actividades políticas o partidarias. La campaña ‘Somos la mitad, queremos paridad sin acoso – Perú’ explica que el acoso político es cualquier acción, conducta u omisión ejercida hacia las mujeres para impedir o truncar el ejercicio político y su derecho a la participación ciudadana. 

Puede manifestarse como violencia física, sexual, psicológica, económico, entre otras. Este tipo de prácticas es bastante común, dos de cada 5 mujeres autoridades de los gobiernos regionales o locales han vivido acoso político.

Para enfrentar el acoso político es que se hacen necesarios mecanismos que incluyan los principios de paridad y alternancia para garantizar que las mujeres ya no sean relegadas ni dejadas de lado en sus propios partidos políticos ni se les ataque cuando asumen un cargo de representación pública.