Fuentes del Poder Judicial advierten que el exjuez supremo, César Hinostroza, investigado por ser el presunto líder de la red criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ha armado una estrategia legal que le permitiría anular las principales pruebas en su contra.

El exmagistrado reapareció ayer durante una audiencia pública virtual en España, país al que huyó al abrirse la investigación por lavado de activos. En la audiencia, Hinostroza pidió que se ordene a la Fiscalía precisar cuál es el delito fuente de la investigación y cuáles son los bienes qué habrían sido objeto de lavado.

De la misma forma, solicitó acceso a las actas de las intercepciones telefónicas que le hicieron y las transcripciones de los casi mil audios que son materia de investigación. Al estar implicado en el proceso, Hinostroza tiene derecho a acceder a los recursos que analiza la Fiscalía; sin embargo, desde que iniciaron las indagaciones en julio de 2018, no ha tenido acceso a esta información.

Ello debido a la cantidad de audios que la fiscal Rocío Sánchez debe escuchar y reescuchar. Los casi mil audios, así como la complejidad del caso, han dilatado las indagaciones e Hinostroza está aprovechando eso para cuestionar el debido proceso e invalidar los audios, argumentando que afecta su derecho a la defensa, sostienen fuentes del Poder Judicial en una nota publicada en Diario La República.

Hasta el momento, el despacho del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón ha entregado la transcripción de 50 audios a la defensa de Hinostroza, pero el exmagistrado reclama el acceso inmediato a todos los materiales.

Además, Hinostroza sostiene que en ninguno de los audios interceptados se le escucha pidiendo dádivas o donativos, olvidándose que en una de esas grabaciones él mismo pide un celular a cambio de resolver un caso a favor de un proceso por contrabando.

La Sala Superior de la Corte Penal Nacional deberá resolver el tiempo de entrega de las pruebas en su contra para que Hinostroza arme su defensa. Mientras más tiempo pase, la estrategia legal para invalidar los audios favorece al exjuez supremo.