El Ministerio Público, una vez más, persigue a las víctimas de la represión militar y policial del régimen de Dina Boluarte. Esta vez se trata de comuneros de Huancabamba que fueron intervenidos por la PNP el 9 de febrero durante un operativo donde falleció Denilson Huaraca Vílchez por arma de fuego.
Por Jair Sarmiento
Los 39 campesinos y campesinas de Huancabamba que fueron intervenidos en una emboscada policial el 9 de febrero en el sector de Siete Vueltas en la provincia de Aymaraes (Apurímac), —junto a Denilson Huaraca Vílchez, joven de 22 años asesinado por un proyectil de arma de fuego—, serán denunciados por los presuntos delitos de disturbio y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
En la denuncia fiscal se incluye a tres de los ciudadanos heridos (dos de ellos de gravedad): Pablo Lazo Mariño, herido de bala en el hombro izquierdo; Víctor Rojas Alarcón, herido de bala en la espalda y Damián Félix Sivipaucar, herido de bala en la pierna izquierda.
Así lo señala la carpeta fiscal en donde se solicita la incautación del camión verde de placa C9V-836. Este es uno de los vehículos que, según testigos del operativo, fue baleado por agentes de la Policía, quienes llevaban armas de alto calibre, pasamontañas y camionetas con placas falsas, como narran los testigos y detenidos.
Hay que recordar que la intervención policial fue calificada por abogados y organizaciones de derechos humanos como un caso de homicidio calificado y de ‘ejecución extrajudicial’.
Sin embargo, la fiscal provincial de Aymaraes, Rosmery Callaymara Ayquipa decidió acusar a los 39 comuneros que se trasladaban en dicho vehículo, “con la finalidad de realizar acciones violentas en contra del gobierno de Dina Boluarte, consistente en bloqueo de carreteras, atentado contra instalaciones públicas así como enfrentamientos con las fuerzas del orden”, según se lee en el documento fiscal, basado también en el acta policial de la intervención.
“Las 39 personas están acusadas del delito de disturbio, cuando esas personas, sus vidas han sido puesta en peligro porque han disparado al camión, entonces, ese es el escenario judicial. Esperemos que la Fiscalía haga honor al artículo 159 de la Constitución, que dice que el Ministerio Público, es el titular de la acción penal, pero a la vez es el defensor de la legalidad, el protector de la persona, su fin no es perseguir brutalmente”, indicó el abogado voluntario del caso, Víctor Lizarzaburo.
El abogado defensor Juvenal Borda mencionó que aún está pendiente una reunión con los comuneros, donde evaluarán acciones legales frente a la denuncia de Fiscalía.
DESMIENTEN ACTA POLICIAL
Semanas atrás, Wayka reveló testimonios de las personas que fueron intervenidas y de uno de los testigos que se encontraba en un bus interprovincial, además de declaraciones de familiares y abogados, y videos e imágenes de ciudadanos, donde desmienten la versión planteada en el acta policial.
Además, la Policía afirma que en ambos camiones se llevaban “armas y dinamita”, pero en las pericias, donde también estuvieron presentes los abogados de las víctimas, nunca se hallaron tales materiales.
Cabe agregar que estos supuestos explosivos nunca fueron mostrados al público, como usualmente lo hace la PNP. Wayka solicitó dichas pruebas a la PNP, pero no obtuvo respuesta. Por último, hace poco el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento fiscal y confirmó la incautación del camión verde, sin encontrar registro de materiales como los que detalla la Policía.
