Niña de 12 años vivía junto a su padre, Idubis Trujillano Bustamante, quien es el principal sospechoso de la muerte y violación sexual. El fiscal a cargo desestimó realizar una necropsia al cuerpo de la niña, pero la presión de la familia materna logró que hicieran el examen. Exigen celeridad en las investigaciones. ¿Cómo una niña víctima de violencia es invisible para el Estado?
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Redacción Wayka en Lambayeque
UNA MUERTE IMPUNE
La repentina muerte de ‘Lucía’, una niña de 12 años en estado de gestación, en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, ha movilizado a su familia para buscar justicia. El padre de la menor, Idubis Trujillano Bustamante (36), un expolicía, es señalado como presunto homicida y por el delito de violación sexual.
Según el reporte policial, al que pudo acceder Wayka, a las 6 de la tarde del lunes 3 de enero, el cuerpo de la menor llegó sin vida al centro de salud de José Leonardo Ortiz. El médico de turno, Eduardo Senmache Ahumada, registró que el cuerpo de la menor no presentaba heridas ni signos de violencia y que llevaba fallecida entre 5 y 7 horas. Sin embargo, llamó la atención que ‘Lucía’ tenía entre 35 a 37 semanas de gestación y el feto no tenía signos vitales.
El padre, con quien la menor y sus otros dos hermanos vivían, declaró que encontró inconsciente a su hija dentro de su casa ubicada en el pueblo joven Milagro de Dios. Trujillano Bustamante contó en su atestado policial que salió a trabajar a las 7 de la mañana, dejando a sus hijos solos y encerrados en la casa con candado.
Al retornar, pasadas las 3 de la tarde, halló a su hija convulsionando en la cama. Trujillano Bustamante dijo que intentó ayudarla, pasando agua con sal en sus brazos, piernas y frente; pero, la niña siguió convulsionando. Salió a buscar un taxi para acudir a un hospital, pero no lo consiguió. En esos momentos salió su hija de 5 años para decirle que su hermana ya no respiraba. Volvió a su domicilio y comprobó que ‘Lucía’ ya no estaba con vida.
Trujillano Bustamante siguió narrando que, volvió a salir a pedir ayuda, y que tardó diez minutos en lograr que una mototaxi los traslade hasta la Posta de Villa Hermosa. Allí los enfermeros también constataron la muerte de la niña, pero solo recomendaron llevarla al Hospital Las Mercedes. El mototaxista que los trasladaba sugirió llevarla al centro de salud de José Leonardo Ortiz. En este centro de salud, la historia ya es conocida.
VÍCTIMA DE VIOLACIÓN
El papá de la menor también declaró que su hija no estaba enferma ni tomaba medicamento alguno. Según Trujillano Bustamante, nunca se percató del embarazo de de la menor, justificándose en el estereotipo de que “es crecida y gordita”, como se lee en el documento fiscal.
Trujillano Bustamante en su declaración menciona a otra persona más como supuesto agresor de la niña, pero se desconoce la identidad. Sin embargo, el padre de la menor no se ha presentado a la citación para la prueba de ADN y está no habido.
Yesenia Sánchez Soplín (31), madre de la niña, ha declarado que el padre de su hija recién le avisó de su muerte a las 11 de la noche del día lunes. También ha manifestado que Trujillano no le permitía ver a sus hijos. Ashly Sánchez Soplin, tía de la menor, ha constado esta versión a Wayka.
—Mi hermana viajó a Lima para trabajar, y en mutuo acuerdo con el señor Trujillano, deciden que los niños se queden con él. A los pocos días, Trujillano se los llevó a Huambos. Luego llegó la cuarentena, la pandemia, fue más complicado, con el pasar del tiempo el señor le empezó a negar las llamadas a mi hermana, la comunicación empezaba a ser mínima con mi sobrina—cuenta.
¿DEBIDO PROCEDIMIENTO?
En el centro de salud, dieron aviso a la Policía y ellos a su vez al Ministerio Público. Siendo las 9:30 de la noche, llegaron hasta el lugar, el médico legista Felipe Espinoza Vera, el Suboficial PNP José Ruíz Vásquez, y el Fiscal Mario López Navarro, de la Fiscalía del distrito de José Leonardo Ortiz.
Según el acta de levantamiento de cadáver, el diagnóstico que se hace del cuerpo de la menor es de carácter “presuntivo” y a partir de este el fiscal decide que “no es consecuencia del Ministerio Público de acuerdo a Ley 31212, por lo que, debe comunicarse a la autoridad sanitaria”, por lo que se dispone enterrar a la menor sin una necropsia.
Al siguiente día, 4 de enero, Idubis Trujillano Bustamante ya se encontraba velando a su hija. Familiares maternos de la menor llegaron hasta el domicilio para exigirle a Trujillano esclarezca las causas de la muerte de la niña. Ellos aseguran que el padre les impidió el ingreso y les amenazó con llevarla a enterrar a Huambos, distrito de la provincia cajamarquina en Chota.
Los familiares maternos decidieron ir hasta la sede del Ministerio Público para reclamar al fiscal López Navarro porque no ordenó que el cuerpo sea sometido a una necropsia. Los abogados de la madre, Darwin Santa Cruz Valle y Wilson Cajusol Santisteban, canalizaron este reclamo ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público (OCI), interponiendo una queja contra el fiscal López Navarro por supuesta inconducta funcional. El jefe del Órgano de Control Institucional, fiscal superior Jorge Arteaga Verá, ordenó al fiscal Mario López Navarro realice una nueva diligencia.
“El Fiscal se justifica en la Ley No 31212, que modifica los numerales 1 y 2 del Artículo 196 del Código Procesal Penal respecto a las diligencias de levantamiento de cadáver, el cual refiere, que, debido a la pandemia, aquellos cuerpos que no presenten signos de violencia, no se les debe practicar una necropsia. Sin embargo, es inaudito que no considere la gestación de la menor, que murió en un lugar privado, que su papá era la única persona adulta con la que tenía contacto, además que habría muerto aproximadamente a la una de la tarde y no pasada las 6 de la tarde que llega a la posta. Con estos elementos, le solicitamos al Fiscal la reconsideración, y al no hacernos caso, tuvimos que recurrir hasta la Oficina de Control Interno de la Fiscalía”, explica a Wayka el abogado Santa Cruz.
Fue recién el 5 de enero, que el Fiscal López Navarro organizó un operativo con apoyo de la Policía para retirar el cuerpo de la menor de la vivienda, donde estaba siendo velado, y sea trasladado a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley. Además, se tomaron muestras del feto para determinar la paternidad a través de una prueba de ADN.
“Con 8 meses, un embarazo es notorio; asimismo el médico del centro de salud confirma el embarazo. Si bien es cierto hay una normativa en el contexto de pandemia. Entonces, el fiscal debió ordenar hacer la necropsia desde el primer momento, porque son dos delitos. Si no consideró un asesinato, debió considerar la violación de la niña, porque a su edad, según nuestra ley no tiene libertad sexual. El fiscal ha cometido una gran omisión”, señala Diana Fernández, abogada integrante de la de Red de Mujeres Interamericanas, consultada por Wayka.
El informe preliminar de la necropsia señala que la niña murió por un edema cerebral y congestión multivisceral. Determinar las causas reales de su muerte está en investigación y los resultados pueden tardar hasta tres meses.
PIDEN CELERIDAD EN INVESTIGACIÓN
El 6 de enero, el fiscal Mario López Navarro, decidió ordenar una investigación imputando a Idubis Trujillano Bustamante, por los delitos de homicidio simple y violación sexual de menor de edad.
En los siguientes días el fiscal también citó a algunos familiares de la menor para que den sus declaraciones. Además de recabar información en el centro de salud. Entre las diligencias figura la del 20 de enero, fecha en que el Ministerio Público citó al expolicía Idubis Trujillano Bustamante para acudir al Instituto de Medicina Legal y Forense y se realice una prueba de ADN; sin embargo, el denunciado nunca llegó. Tampoco tiene una orden de detención.
“Que el papá de la menor no se haya presentado aumenta las sospechas, tampoco ha presentado ninguna justificación. Tenemos entendido que el fiscal solicitará una reprogramación, pero desde ya estamos presentando un escrito para que el fiscal solicite una detención preventiva”, menciona el abogado de la familia, Santa Cruz.
Se cumple un mes de la muerte de la menor y su familia materna ha decidido no dar más declaraciones, por lo pronto, la madre ha recuperado la custodia de sus dos hijos menores.
CUESTIONADO FISCAL
El fiscal Mario López fue mediático en el 2019 tras solicitar siete años de cárcel contra un suboficial de la PNP por herir con su arma de fuego a un delincuente tras ser asaltado. En ese entonces fue duramente criticado por los jefes policiales. Otro caso sucedió en el 2011, cuando el fiscal aprobó que peritos le midan el pene a un hombre acusado de violación sexual contra una menor de 11 años. La solicitud la hizo el abogado del acusado para demostrar que no cometió delito. El presidente de la junta de fiscales de ese período, Alejandro Lamadrid, dispuso que López Navarro sea separado de esa investigación.
*’Lucía’ es un nombre ficticio que se usó en la nota para proteger la identidad de la menor.
