Redacción Wayka

Mañana martes 21 de enero se tiene previsto -en horas de la tarde- continuar con la audiencia a los 10 dirigentes acusados, tras las protestas por la contaminación ambiental del río Yahuarmayo por la empresa minera Anabi, que ocurrieron en el 2011. La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco, presidida por la jueza Yépez Provincia, donde se continuará con la visualización de material audivisual que presentó el Ministerio Público en contra de los dirigentes acusados, y además se podría dar inicio a los alegatos finales de la defensa.

Los delitos que se le imputan a los 10 dirigentes sociales, nueve de ellos varones y una mujer van desde secuestro; robo agravado, daño agravado; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre otros. Sin embargo, según el abogado Ramiro Llatas de Derechos Humanos Sin Fronteras, declaró a Wayka que al parecer los dirigentes podrían ser sentenciados por los delitos de daño agravado y secuestro. Este último delito que tiene un mínimo de 20 y un máximo de 30 años.

El abogado también mencionó que la sala podría agilizar la sentencia y emitir su lectura antes de finalizar el mes de enero. Lo que sería grave, ya que la defensa legal de los dirigentes estaría en riesgo.

Por su parte, la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel, a pesar que no existe evidencia de la participación de los dirigentes en las protesas, como señala una publicación de Red Muqui; además el único «elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales o autoridades».

Conflicto social

En el 2011, las comunidades campesinas del distrito de Llusco en la provncia de Chumbivilcas denunciaron la contaminación de la empresa minera Anabi y se movilizaron para exigir al Gobierno que atienda sus reclamos. En el 2012, frente a las protestas, el Gobierno instaló una mesa de diálogo con acuerdos que nunca llegaron a concretarse.

Esto generó la indignación de los ciudadanos y ciudadanas de Chumbivilcas y las protestas volvieron a retomarse. En este contexto de conflicto, la empresa minera Anabi denunció que el 5 de febrero de 2012, ingresaron al campamento minero para incendiarlo. A raíz de las protestas, la empresa extractivista inició un proceso penal contra diversos líderes sociales de Chumbivilcas. Los defensores imputados son: Jaime Mantilla Chancuaña, Julian Alejo Ataucuri, , Victoria Quispesivana  Corrales, Luciano Atucuri Chavez, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cjulca Caceres, Esteban Alvis Cahuana, Wilber Garcia Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.