Familiares de los miembros detenidos del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa) exigen justicia y rechazan las acusaciones de terrorismo por parte de la fiscal Ketty Garibay Mascco. Los abogados de los dirigentes detenidos señalan que no hay sustentos o argumentos por parte del Ministerio Público y denunciaron la violación de derechos humanos en el proceso.


Por Jair Sarmiento
«Eres una sanguinaria terrorista, ya vas a saber de qué está hecho la Dircote, vas a morirte presa», le dijeron policías y militares a los miembros del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa) cuando fueron detenidos, según cuenta su defensa legal. Están acusados de terrorismo por la Fiscalía y son estigmatizados por la gran prensa tradicional y políticos de derecha extrema.

Al respecto, los abogados de los dirigentes presentarán una denuncia contra la estigmatización y persecución de los medios de comunicación. También hablaron sobre el irregular proceso que se ha llevado desde un inicio respecto a este caso.

«Ya estamos por presentar en los próximos días la denuncia por difamación, y no solo por la exposición en medios de prensa, también por la persecución y estigmatización de las familias. Esto lo han hecho Perú21, Panorama y Willax, por ejemplo», señaló la abogada penalista y de derechos humanos, Indira Rodríguez.

Hay que recalcar que desde hace días se vienen presentando reportajes o informes en donde se les califica como “camaradas” o “terroristas” sin que todavía exista una sentencia.

Hay que recordar que este sector de la prensa le imputó el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca a la presidenta del Fredepa, Rocío Leandro Melgar, cuando es de conocimiento público que fue el Grupo Colina de la dictadura de Alberto Fujimori, el responsable del atentado contra el dirigente sindical.



Imputaciones de la Fiscalía

El pedido de una Asamblea Constituyente, un evento académico internacional sobre el conflicto armado interno, y ser integrantes del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), son también «argumentos» que sostiene la Fiscalía para señalar a los siete luchadores sociales (Rocío Leandro, Piero Giles, Alex Gómez, Alejandro Manay, Estéfany Alanya y Fernando Quinto) de Ayacucho como “parte de una fracción terrorista de Sendero Luminoso”.

Sin embargo, en conferencia de prensa, esto fue rechazado tanto por los familiares y abogados, como la propia sociedad civil ya que se denuncia una persecución contra organizaciones que se manifiestan en contra del régimen militar y autoritario de Dina Boluarte.

Los abogados Indira Rodríguez y Doller Huamán señalaron que el proceso de este caso ha sido irregular desde la detención ya que se rompió la cadena de custodia, es decir, los detenidos no estuvieron presentes en la incautación de los «indicios o pruebas», por lo que no hay garantías para un correcto proceso penal.

Asimismo, indicaron que se está criminalizando una demanda legítima y popular como una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. «El 70% está de acuerdo con una constituyente, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)», señaló Huamán, quien también es defensa legal de Rocío Leandro, presidenta del Fredepa.

El letrado comentó que «han intentado descabezar a este gremio de Ayacucho”. “El brazo legal (Fiscalía) de la presidenta del Gobierno (Dina Boluarte), no solo va por el Fredepa, sino también por el Frente de Defensa de Puno y Apurímac; la persecución es contra todos los que se oponen a este Gobierno», agrega.

Los familiares señalaron que las detenciones fueron “secuestros” y que no descansarán hasta conseguir justicia y libertad para los dirigentes. Los abogados señalaron que la Fiscalía busca culparlos de la masacre de Ayacucho, cometida hace poco por la represión militar y policial enviada por Boluarte.

Este miércoles 15 de febrero a las 3 p. m. se realizará la lectura de la resolución de prisión preventiva, por lo que se conocerá la decisión del juez sobre este caso. Familiares y abogados invocaron a organizaciones civiles a estar pendientes y atentos.