De 25 gobiernos regionales solo 5 tienen ordenanzas contra el acoso sexual en las calles

Mujeres y niñas son las principales afectadas por acoso sexual en calles y transporte público. Hace más de seis años que se aprobó la ley que sanciona este tipo de violencia, pero menos de la mitad de los gobiernos regionales y municipales continúan sin ordenanzas que la implementen.

Informe regional

Caminar sola sin miedo para las mujeres es -por ahora- una utopía. Algo así como una pesadilla cotidiana que sucede en las calles y el transporte público, donde mujeres y niñas son víctimas de acoso. A nivel nacional, entre enero y septiembre de este año, los Centro de Emergencia Mujer (CEM) registraron 261 casos de mujeres acosadas sexualmente en espacios públicos. De esta cifra, 129 fueron niñas y adolescentes; 126 mujeres adultas y 6 adultas mayores. 

Mientras que en el ranking nacional, cinco regiones lideran la lista de casos reportados en el mismo periodo: Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, San Martín y Loreto, en orden de mayor a menor. 

Pese a las cifras, solo 5 gobiernos regionales tienen ordenanzas en materia de acoso sexual en espacios públicos o también llamado «acoso callejero». Estas son Amazonas, Huancavelica, La Libertad, Puno y Tacna; regiones que el MIMP ha logrado identificar con ordenanzas para la prevención y sanción de este delito. También, al menos 74 ordenanzas fueron aprobadas por municipalidades provinciales de las 196 que existen el Perú.

Entonces, ¿por qué son necesarias las ordenanzas en los territorios del país? En Wayka preparamos un especial con historias sobre cómo el acoso sucede a vista y paciencia de las autoridades regionales. Además de opiniones con especialistas sobre el reducido número de ordenanzas.

AREQUIPA, LA SEGUNDA REGIÓN CON MÁS CASOS

Alto Selva Alegre es uno de los 29 distritos de Arequipa. Allí vive Diana (22), una madre de familia que acompaña diariamente a su hijo al preescolar. Ella tuvo que ir hasta la Policía para denunciar a dos hombres de un taller de mecánica, ubicado de camino al colegio. Cada mañana, al pasar por el taller, ambos le gritaban frases machistas y de índole sexual. 

Diana intentó ignorarlos todo el tiempo, hasta que un día, uno de ellos le interrumpió el paso. Ella y su pequeño hijo, quien lloraba asustado, tuvieron que escapar y fueron a buscar ayuda a la comisaría. Tras la denuncia, el acosador -quien además era el dueño del taller- negó los hechos. “La señorita solo quería que les pida disculpas y que se comprometan a no acosarla”, cuenta uno de los agentes policiales. 

Diana no llegó a continuar con la denuncia y su acosador tampoco recibió sanción ni pena.

Arequipa es la segunda región que figura en el ranking con 21 casos reportados al CEM entre enero y septiembre de 2022. Sin embargo, el gobierno regional no cuenta con una ordenanza que sancione o prevenga el acoso en las calles. En cambio, tres municipios provinciales tiene ordenanzas y nueve de los 29 distritos de la provincia de Arequipa también lograron implementarla.

Según los reportes de las Fiscalías especializadas de Arequipa, las fiscalías provinciales penales de Camaná, Paucarpata, Islay, Hunter, El Pedregal, La Unión y de Castilla, entre el 2021 y lo que va de 2022, se registraron 39 denuncias. En su mayoría, 17 están con archivo preliminar. Estas denuncias de acoso presentan circunstancias agravantes; es decir, la víctima es una persona adulta mayor, gestante o con discapacidad.

“Si las denuncias llegaran a sancionarse como se debería, la lista sería hasta interminable. No hay espacio alguno donde una mujer pueda decir que no le ha ocurrido nada. (…) no basta solo la denuncia también debe llegar a la sanción, porque en algunos casos se archivan”, manifiesta Fiorela Matos, representante de la organización U – Manos Arequipa.

CALLES INSEGURAS EN PIURA

Máriom (21), una joven piurana, fue víctima de acoso y de tocamientos indebidos en plena vía pública, cuando salió de su casa para manejar bicicleta por la ciudad. Era febrero de 2021.

La estudiante universitaria transitaba por la única ciclovía de Piura, cuando un sujeto identificado como Duberly Mejía Chulle tocó sus partes íntimas. Con la cámara de su celular, Máriom logró grabar a su agresor, quien huyó rápidamente en su motocicleta. Luego, ella decidió subir el video en redes sociales, donde recibió solidaridad e indignación.

Tras hacerse viral, el video llegó hasta el personal del Área de Investigación de Trata de Personas de la Divincri, quienes contactaron a Máriom para que denuncie formalmente al agresor por el delito contra la Libertad sexual y Tocamientos Indebidos. Un episodio de acoso que está vinculado a otras violencias.

Luego de ingresada la denuncia, Mejía Chulle fue intervenido por los agentes policiales y el caso se trasladó a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar para dar inicio a la investigación. Sin embargo, pese a que el hecho sucedió a fines de febrero del año pasado, Máriom fue citada recién 6 meses después para la evaluación psicológica.

—Yo fui a medicina legal, pero no había citas hasta diciembre y yo en diciembre tenía que viajar— comenta. Para no retrasar más el proceso, ella decidió solicitar una citación virtual de esta prueba, pero su pedido nunca procedió.

Más de un año después, Máriom pudo asistir a su cita, pero los viajes que tenía planeados le impidieron estar presente en las programaciones. Desde entonces, la joven no tiene noticias de su caso ni ha vuelto a manejar bicicleta.

Falta de personal técnico y legal

En lo que va del año, a nivel de la Macro Región Policial de Piura, ingresaron 58 denuncias por acoso sexual en espacios públicos. Esta cifra es la mayor de los últimos 4 años y la región es la tercera, después de Arequipa, con más casos reportados, según el MIMP. Aún así, el GORE Piura no cuenta con una ordenanza regional contra el acoso sexual callejero. 

José Requena, encargado del Consejo Regional de Igualdad de Género del GORE, indicó a Wayka que hace tres años realizaron la propuesta de la ordenanza, pero debido a la pandemia, recién a mediados de este año reiniciaron su elaboración.

Según el funcionario, su área carece de personal técnico y legal para definir, por ejemplo, la categorización de las multas, la cual es exigida por la oficina de Subgerencia de Normas. Requena también precisó que poseen una ordenanza contra el hostigamiento sexual, pero ya tiene cerca de 12 años y necesita ser actualizada.

Asimismo, manifestó que a nivel de provincias, aún hay municipios que no cuentan con una ordenanza de prevención contra el acoso sexual, y las que sí poseen no le dan la importancia a su ejecución. «No hay una acción fuerte por parte de las municipalidades. Algunos hasta nos han dicho que para ellos ahorita no es prioridad este tema», sostiene Requena. 

Cabe señalar que las 8 provincias de Piura cuentan con una ordenanza, sin embargo, los casos siguen aumentando en la región, sin dar señal alguna de la efectividad o implementación de la normativa.

Para la abogada piurana y activista por los derechos humanos, Pashmma Vargas Machuca Benetello, en la región también existe un problema de presupuesto que no se resuelve por la falta de interés de las autoridades. “Hay un montón de ordenanzas que tenemos y no funcionan porque falta presupuesto. Las autoridades sí cumplen con el tema legal para que la ordenanza sea publicada, pero con eso termina”. 

LA VIOLENCIA QUE MENOS SE DENUNCIA

—Era viernes santo y yo había terminado de ensayar danzas. No había carros porque era día feriado y me dirigía caminando a casa. En ese momento me di cuenta que un caballero me seguía. Al cruzar la pista me agarró de la mano y me quería meter a una casa. Los carros pasaban, me veían y no decían nada. Me escapé—, relata ‘Lucía’, una adolescente (17) de la provincia de Quispicanchi en Cusco.

Por casualidad, el hermano mayor de ‘Lucía’ se encontraba cerca al lugar y al coincidir con él, ella le contó lo que había sucedido. Rápidamente llamaron al serenazgo y a la policía, y luego se dirigieron al lugar donde ella había sido acosada. Allí estaba su acosador, sentado en la puerta de su casa, junto a otros amigos.

—Lo llevaron a la comisaría, me tomaron mi declaración y después salió un efectivo de la policía y me dice que no va proceder mi denuncia, porque mi agresor era identificado como un loco. Si quieres perder tu tiempo, haz la denuncia— cuenta ‘Lucía’. 

Esta situación también le tocó vivir a Rosmery, una joven cusqueña. Cuando era estudiante universitaria, se encontró por la calle con un grupo de varones que empezaron a decirle comentarios de índole sexual. Pese a las burlas de sus acosadores, ella pudo confrontarlos. Cuando ocurría el hecho, un patrullero de la PNP pasaba por el lugar, así que ella decidió llamarlos.

—Yo [les] planteo denunciarlos porque ya existía la ley de acoso callejero. La policía se acerca y me dice: ‘yo te recomiendo que no hagas la denuncia porque es un trámite muy engorroso, tú eres estudiante y no vas a lograr cubrir los gastos, solo que te pidan disculpas’—  narra indignada. 

Los efectivos policiales solo atinaron a llamarle la atención a sus acosadores y se fueron. Nunca pudo formalizar una denuncia.

Cusco es otra de las regiones, que aunque no figura entre los primeros lugares del ranking del MIMP sobre reportes de acoso, sí continúan las denuncias de adolescentes y mujeres afectadas por esta violencia. El GORE Cusco tampoco cuenta con ordenanza regional, pero a nivel de municipios provinciales solo 6 lograron tienen implementada esta normativa.

JUSTICIA QUE TARDA

Carolina (25) es politóloga y docente chiclayana. En mayo de 2019, salió de su casa para dirigirse a su centro de estudios. Caminaba rumbo al paradero, cuando se le acercó desde su auto, Widelmo Muñoz Tantajulca para preguntarle por una supuesta dirección que tenía anotada en un fólder. Carolina se acerca a la ventana para leer mejor y a los segundos Muñoz retira el fólder, dejando descubiertos sus genitales y masturbándose delante de ella. 

—En ese momento lo primero que se me ocurrió fue anotar la placa y se la envié a un amigo abogado. Mi agresor se dio cuenta que anoté la placa y afortunadamente se dio a la fuga. Aún recuerdo el miedo que sentí, pensé que bajaría del auto y me obligaría a subir— relata Carolina. 

Carolina pudo sentar la denuncia en la comisaría, pero el efectivo policial que atendió su caso justificó al agresor porque “posiblemente estaba borracho” y desmereció su testimonio.  A pesar de la revictimización, ella siguió adelante con la denuncia hasta dar con su paradero. Luego, la joven chiclayana haría público su caso en Facebook, recibiendo mensajes de respaldo, pero también relatos de mujeres que denunciaban acoso por parte de Muñoz.

—Algunas chicas que no conocía me escribieron por interno, y otras dos amigas confirmaron que fueron víctimas del mismo agresor, pero tuvieron miedo de denunciar. Enterarme que mi agresor había hecho lo mismo con otras mujeres en distintas partes de Chiclayo, me causó más dolor e indignación, pero también fue un motor para continuar con el proceso— cuenta.

Ella pudo formalizar su denuncia y la fiscalía provincial penal corporativa de Chiclayo abrió una  investigación preliminar. Carolina estaba convencida de continuar con el proceso. Y pese a que la investigación se cursó de manera virtual debido a la pandemia, el 1 de septiembre de 2021, el Poder Judicial sentenció a Muñoz a dos años de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de prueba de un año, por el delito de actos contra el pudor.

Ha pasado más de un año y la Fiscalía solicitó que la sentencia pase de ser suspendida a efectiva, ya que Muñoz no cumplió con apersonarse a firmar y en las siguientes semanas se estaría realizando una nueva audiencia.

El Gobierno Regional de Lambayeque no cuenta con una ordenanza contra el acoso callejero. En cambio, la Municipalidad Provincial de Chiclayo tiene una ordenanza que prohíbe el acoso sexual en las calles que fue aprobada el 28 marzo de 2018. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Lambayeque lo hizo el 16 de noviembre de 2020 con la Ordenanza Municipal Nº 021 / 2020, que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos. De igual manera, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe publicó su ordenanza el 10 de septiembre de 2018.

Otros municipios con ordenanzas sobre materia de acoso son los distritos de Olmos, Pomalca, Ciudad Eten y Pueblo Nuevo con sanciones que van desde el 20 % de la UIT cuando el hecho se realiza en el espacio público y hasta 1 UIT cuando implica tocamientos.

A pesar que los municipios de la región, sobre todo los provinciales, apostaron por implementar ordenanzas contra este tipo de violencia, la Macro Región Policial de Lambayeque reportó 106 denuncias de acoso sexual en espacios públicos en lo que va del año, según el registro SIDPOL (Sistema de Denuncias Policiales).

Preparan ordenanza

En Lambayeque, en el 2015 se creó el Consejo Regional por la Igualdad de Género con el respaldo de la Ley N.º 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y el Decreto Supremo N.º 027-2007-PCM, que establecen Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento, entre las cuales figuran la creación de instancias donde participen representantes del Estado y Sociedad Civil. 

Magdalena Santa María, vicepresidenta del Consejo Regional por la Igualdad de Género de la Región Lambayeque afirma que, como instancia están haciendo “los esfuerzos por hacer cumplir la Ley N.º 30314, ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos” y que desde agosto de este año trabajan en el proyecto de ordenanza regional. 

LAS ORDENANZAS AUSENTES EN LOS TERRITORIOS

Han pasado casi 8 años desde que se aprobó la Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos – Ley N.° 30314. Y pese a la distancia de tiempo, solo 5 de un total de 25 gobiernos regionales tienen aprobada una ordenanza referida al acoso en las calles.

De acuerdo a esta ley, los GORE, municipalidades provinciales y gobiernos locales a nivel nacional están obligados de adoptar medidas para combatir el acoso sexual en espacios púbicos a través de ordenanzas. Son estas instancias de administración pública, quienes establecen procedimientos para la denuncia y sanción; así como medidas de prevención y atención para este tipo de violencia.

La abogada en Derechos Humanos y Género, Yenay Farfán, comenta que las ordenanzas permiten concretar lo que establece una ley. “En teoría estas ordenanzas deberían plantear rutas de acción en caso ocurran estos tipos de  violencia. Detener al sospechoso para poder llamar a la policía, proteger a la víctima, patrullajes. Se supone que las ordenanzas deberían permitir que el personal esté capacitado”, señala. 

El Defensor del Pueblo de Arequipa, Ángel María Manrique, sostiene que las ordenanzas vendrían a ser normas complementarias. “Las municipalidades dentro de sus competencias expiden normas complementarias para sancionar a las personas. Por eso es importante que se reglamenten estas normas para tener un mayor carácter sancionador”, aclara.

Por su parte, Kim Saldarriaga, especialista de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del Ministerio de la Mujer, explica por qué es necesario que los GORE y demás gobiernos locales implementen la ley a través de ordenanzas.

“Es importante la aprobación de la ordenanza debido a que necesitamos contar con el respaldo de nuestras autoridades, porque tenemos derecho a un tránsito libre de toda violencia y preservar el espacio público de sana convivencia. Y las municipalidades en el ámbito de su territorio deben desarrollar acciones relacionadas al bienestar de las personas que transitan en la vía pública. En este caso lo pueden hacer a través de su ordenanza”, afirma Saldarriaga.

La especialista también agrega que las ordenanzas establecen qué órganos son competentes para implementar las medidas de prevención y sanción contra el acoso en las calles. “En las municipalidades, en su mayoría, son asumidas por las gerencias de desarrollo social o quien haga las veces esta función”, precisa.

A la par de la ley también se tiene la tipificación en el Código Penal peruano del delito de acoso y acoso sexual, aprobado por Decreto Legislativo 1410 en el 2018. De esta manera se incorpora como delito con una pena que puede llegar a alcanzar los 8 años de cárcel en sus formas agravadas.

Enfoque de género

Yenay Farfán sostiene que las autoridades regionales no son conscientes de la dimensión que tiene la problemática del acoso callejero y la trascendencia hacia otros tipos de violencia que se derivan o lo que implican los parámetros de convivencia. Al ser indiferentes al acoso sexual, no ven como necesario la aprobación de ordenanzas ni sus enfoques para acabar con el ambiente hostil hacia las mujeres en las calles. 

En esa misma línea, Marisol Gonzáles, abogada e investigadora en Derechos Humanos, hace énfasis en la importancia de diseñar ordenanzas que puedan adaptarse a las necesidades de cada región.

“El diseño de las ordenanzas debe estar atravesado de diferentes enfoques, un enfoque de derechos humanos es muy importante, pensar en igualdad, en la no discriminación, y quiénes son las principales víctimas del problemas que en este caso son mujeres. Pensar en un enfoque intercultural para también considerar cómo son las dinámicas sociales en determinadas poblaciones”, indica.

Equipo de #WaykaRegional

Reporteros: Malú Ramahí, Zintia Fernández, Martín López y Wilson Chilo

Editora: Roxana Loarte